La confirmación suscitó emoción entre el grupo de familiares y defensores de derechos humanos que asistieron a la audiencia en el tribunal romano y que llevaban décadas batallando por obtener justicia.
«Ha sido emocionante, muy emocionante», reconoció en Roma el uruguayo Zelmar Michelini, quien lleva el mismo nombre que su padre, un importante líder político de su país que fue secuestrado y asesinado en Buenos Aires en plena dictadura. A petición de la Fiscalía, la Corte Suprema de Casación, máxima instancia judicial de Italia, revalidó una sentencia de julio de 2019 del Tribunal de Apelación de Roma, en segundo grado, contra 24 represores, aunque la lista de imputados disminuyó tras la muerte de varios de ellos.
Los magistrados de la máxima instancia judicial en Italia pronunciaron la sentencia de los condenados, todos ellos expolicías o agentes de inteligencia o funcionarios de Chile, Uruguay, Bolivia y Perú, al término de dos jornadas de deliberaciones. «Cometieron crímenes atroces. Han sido juzgados con los principios de la jurisdicción italiana, europea, y se han tutelado los derechos de los italianos que residen en el exterior e inclusive los de ellos», declaró emocionado Andrea Speranzoni, abogado que representa a las víctimas uruguayas.
A excepción del ítalo-uruguayo Jorge Tróccoli, excapitán de navío y poseedor de pasaporte italiano, quien asistió a la primera audiencia del juicio celebrada en febrero del 2015 y quien reside aún libremente en Italia, todos fueron condenados en ausencia. «A Tróccoli le espera la ejecución de la detención», explicó el abogado, citado por la agencia de noticias AFP.
En la lista de condenados aparece el exministro de Relaciones Exteriores de Uruguay Juan Carlos Blanco Estradé y debieron ser excluidos los represores bolivianos a la espera de los certificados de muerte de varios de ellos así como de un peruano. Las investigaciones sobre la atroz estrategia aplicada por los regímenes militares del Cono Sur y apoyada por Estados Unidos, conocida como Plan Cóndor, fueron iniciadas hace 20 años a raíz de las denuncias presentadas en Italia por los familiares de italianos asesinados o desaparecidos.
La sentencia llegó al término de ocho años y numerosas audiencias, durante las cuales comparecieron testimonios, expertos, familiares y compañeros de detención de las víctimas. El fiscal italiano Giancarlo Capaldo abrió la histórica investigación contra un grupo de 34 exoficiales y civiles, agentes de la policía y de los servicios secretos de Chile, Uruguay, Bolivia y Perú, pero durante el largo recorrido varios de ellos ya murieron.
Debido a una serie de impedimentos burocráticos, la Justicia decidió juzgar por separado a 50 argentinos así como a varios paraguayos y brasileños por los mismos delitos. A comienzos de julio, la Justicia italiana ordenó la detención de tres de los militares chilenos colaboradores del régimen militar chileno de Augusto Pinochet, condenados también en ese proceso. Pero, debido a que declinaron presentar un recurso ante el tribunal supremo, la sentencia se volvió definitiva. Se trata del coronel Rafael Francisco Ahumada Valderrama, del suboficial Orlando Vásquez Moreno y del sargento Manuel Vásquez Chahuan, actualmente jubilados, culpables del asesinato y desaparición en 1973 de los ciudadanos italianos Juan Jose Montiglio y Omar Venturelli.
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