El gobierno del presidente Jair Bolsonaro anunció este jueves una «limpieza» de simpatizantes de izquierda entre los cargos de confianza de los ministerios, para poder aplicar sin trabas internas su programa ultraconservador en lo social y liberal en el terreno económico.

«Es la única manera de poder gobernar con nuestras ideas, nuestros conceptos y hacer lo que la sociedad brasileña decidió por mayoría: terminar con las ideas socialistas y comunistas que durante 30 años nos llevaron al caos en que vivimos», afirmó Onyx Lorenzoni, ministro jefe de la Casa Civil, a periodistas tras la primera reunión del gabinete ministerial en Brasilia.

El periodo de 30 años al que se refirió Lorenzoni abarca a todos los gobiernos elegidos por voto directo después de la dictadura militar (1964-1985).

En la Casa Civil, ministerio que articula las tareas del gobierno, ya fueron exonerados 300 empleados que tenían cargos de confianza, es decir, cuyo nombramiento depende de la administración de turno y no de un concurso público.

Según Lorenzoni, algunos de los cesados podrán ser nuevamente contratados siguiendo criterios técnicos y una posterior «evaluación» sobre su alineación ideológica, y lo mismo podrá ocurrir en los otros ministerios.

«No tiene ningún sentido que mantengamos en un gobierno con un perfil como el nuestro a personas que defienden otra lógica, otro sistema político, otra organización de la sociedad», argumentó.

«Estamos teniendo el coraje de hacer lo que tal vez le haya faltado al gobierno saliente: ir limpiando la casa ya desde el comienzo», señaló.

En el periodo de 30 años al que se refirió Lorenzoni hubo ocho años de gobiernos de centro, con Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), y de izquierda, con dos mandatarios del partido de los Trabajadores (PT): Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff, destituida en 2016 por el Congreso.

El miércoles, Lorenzoni habló de «despetizar» el Estado.

Bolsonaro, un admirador de la dictadura militar (1964-85) electo en octubre con el 55% de los votos, asumió el martes la presidencia, con un programa de ruptura en todos los campos.

«Por tratarse de un gobierno nuevo -un cambio de una magnitud que solo vimos en 2003 cuando asumió Lula- los electores lo cargan de expectativas y él tiene que tomar medidas de gran impacto, como está haciendo», evalúa el politólogo André César, de la consultora Hold.

Medidas como la anunciada por Lorenzoni son como «música para los oídos de sus electores», añade César.

En su primer día como presidente, Bolsonaro emitió una ordenanza que colocó la demarcación de tierras indígenas y el manejo forestal en manos del ministerio de Agricultura y a las ONG bajo supervisión de una secretaría de Presidencia.

Retiró a miembros de la comunidad LGBT de las políticas destinadas a la promoción de derechos humanos.

Eliminó además una secretaría de Diversidad dentro del ministerio de Educación, sustituyéndola por otra de «alfabetización».

De ese modo, se pretende «formar ciudadanos preparados para el mercado de trabajo. El foco opuesto a los gobiernos anteriores, que deliberadamente invertían en la formación de mentes esclavas de las ideas de dominación socialista», tuiteó Bolsonaro el miércoles.

Fuera de la agenda social, analistas coinciden en que la prioridad del gobierno será la recuperación definitiva de la economía, tras dos años de recesión y dos de débil crecimiento.

El ministro de Economía, Paulo Guedes, anunció que se empeñará en reducir los gastos públicos y en «acelerar las privatizaciones» e insistió en la urgencia de una reforma del sistema de jubilaciones.  

Su discurso provocó el entusiasmo de los mercados y la Bolsa subió 3,56%, alcanzando un récord histórico de 91.012 puntos.

El índice Ibovespa cedía este jueves 0,85%, aunque el real se seguía reforzando frente al dólar, que se negociaba a 3,7511, frente a 3,80 al cierre de los mercados de la víspera.

Pero esa «luna de miel» sólo continuará si las reformas avanzan, coinciden analistas.

«Esa valorización, esa tendencia sólo se mantendrá si el gobierno consigue aprobar las reformas: de las jubilaciones, tributaria, disminución de los gastos públicos en general. Y para eso precisa la aprobación del Congreso», considera Victor Candido, economista de la consultora Guide.

Según César, para aprobar la impopular reforma jubilatoria el gobierno debe aprovechar su capital político en el Congreso que asumirá el 1 de febrero, que se perfila como el más conservador de los últimos tiempos.

«Es la lección de Maquiavelo: haces el mal de una vez y las bondades de a poco. La reforma de las jubilaciones será mal vista por los afectados, pero el gobierno debe hacerla mientras cuente con capital político», destacó César.