Colombia y Honduras abren la temporada política de «ciclones» tropicales

Los 1.700 kilómetros que separan a Bogotá de Tegucigalpa pueden considerarse una línea que atraviesa puertos y canales bioceánicos estratégicos, biodiversidad, rutas de migrantes y áreas de gran influencia por parte del narcotráfico. Es una de las zonas calientes del planeta. Ricas en minerales, petróleo, biósfera, agua, agroalimentos y peces, y en posición estratégica, despiertan interés en potencias extranjeras. Y Gustavo Petro y Xiomara Castro encabezan gobiernos disruptivos en América Latina, experiencias progresistas que son excepcionales en Latinoamérica y el Caribe.

Colombia tiene al primer presidente de izquierda en toda su historia, que desde el asesinato del líder liberal popular Jorge Eliécer Gaitán, ocurrido en 1948, había transcurrido sin cambios mediante un pacto entre dos partidos de la derecha. Fue tan sólido ese pacto para preservar los intereses oligárquicos que, pese a la acción guerrillera de las FARC, el M19, el ELN y otros grupos armados revolucionarios, ni necesitó de dictaduras militares para retener el poder —único caso en toda la región junto con el similar de Venezuela, que tampoco requirió correr a los militares de sus cuarteles al gobierno. En este caso, porque socialcristianos y socialdemócratas se repartían la torta petrolera con la elite empresarial y la clase media alta, blanca y de ojos claros que sueña con Miami e invisibiliza en sus telenovelas a la mayoría del pueblo más oscuro. Venezuela vivió, así, incluso con mucha más placidez que en la agitada y vecina Colombia, hasta que en eso llegó Chávez.

Honduras, por su parte, padeció unas décadas finales del siglo XX atravesadas por feroces dictaduras militares —en verdad, gran parte de toda su historia fue así—, de las más sanguinarias del continente, y fue usada por Estados Unidos como plataforma para la contrarrevolución nicaragüense y el tráfico de drogas y de armas. Regresado el poder civil en 1981, bien que tutelado por militares, “La Embajada” y el Opus Dei, la única excepción a gobiernos oligárquicos fue el de Mel Zelaya, derrocado en 2009 por intentar, pese a su origen en el Partido Liberal tradicional, cambiar la historia. (Me permito un comentario al respecto: en aquella coyuntura, entrevisté en Tegucigalpa para el diario Clarín al breve títere del golpismo Roberto Micheletti y me reconoció que “sacamos a Zelaya porque se fue a la izquierda, puso a comunistas”, cuando el argumento oficial había sido un supuesto intento forzado de reelección vía reforma constitucional. Antes, en conferencia de prensa, el canciller de turno nos preguntó a los periodistas que cubríamos esos acontecimientos si habíamos ido a misa).

Luego de una dictadura civil transitoria, y con Zelaya proscripto, los partidos tradicionales volvieron al Palacio José Cecilio del Valle hasta el último gobierno de Juan Orlando Hernández, actualmente preso en una cárcel de Estados Unidos por narcotraficante. Purga una condena de 45 años luego de haber sido útil para otros fines al imperio mientras duraron sus años felices, en una menos entretenida remake de la película que protagonizó el panameño Manuel Noriega. Xiomara Castro, esposa de Zelaya, ganó la Presidencia en 2022 y desde entonces trata igualmente de cambiar la agenda y la historia hondureña. Como en Colombia, también Honduras, por primera vez, tiene a alguien en el mando que se proclama socialista.

Hay paralelos en ambos escenarios, en el contexto de una disputa que vive una Latinoamérica de nuevo fragmentada y donde líderes como Lula Da Silva, Dilma Rousseff, Evo Morales, Cristina Fernández de Kirchner o Rafael Correa, entre otros, han sufrido durante estos años golpes, procesos destituyentes, proscripciones, exilios, cárcel o intentos de magnicidio.

La tierra que narró Gabo

Volvamos al país de los cien años de soledad. En este septiembre, poco antes de viajar a Nueva York para volver a lucirse en Naciones Unidas como uno de los mejores oradores del continente, ciertamente su retórica respaldada por los hechos que procura en Colombia y la región Petro denunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE), y en particular los asientos que allí ocupan los partidos opositores Liberal y el uribista Centro Democrático, busca tumbarlo argumentando irregularidades y excesos a los límites permitidos en la recolección de fondos para la campaña electoral que lo llevó al Palacio de Nariño en 2022 (mismo año que ganara Castro en Honduras). Petro dijo que “cada paso dado contra el Presidente en el Consejo Electoral construye un golpe de Estado”, porque razona que, estando en funciones y con inmunidad, en tal caso las investigaciones sobre financiación de su campaña corresponderían a la comisión legislativa respectiva.

En sus dos años de gobierno, para el cual armó una alianza amplia en el gabinete y en el Congreso, donde no tiene mayorías, para avanzar en sus reformas, que luego se fue achicando a su núcleo partidario, logró que algunas se aprobaran y que otras avanzaran a medias, en tanto en el peor caso quedaron cajoneadas. Consiguió bastante de una reforma previsional y de otra educativa (en educación pública y, sobre todo, superior) que son históricas. Obtuvo poco de lo que había prometido en materia de salud y en materia fiscal para que tributara más el puñado de grandes fortunas familiares que controlan la tan rica y peor distribuida economía colombiana (la reforma completa fue muy resistida en el Parlamento y por sector propios aliados que luego abandonaron la coalición). Y muy lentamente se van incorporando cambios en la matriz energética hacia el modelo verde y sustentable que propicia Petro como uno de sus mandatos irrenunciables. Asimismo, tuvo logros en acuerdos de paz con grupos armados, lo cual incluye cierta reforma agraria, si bien todavía hay zonas de Colombia, en especial fronterizas, donde disidencias, paramilitares y narcos aún hacen su juego, y sobre lo cual hay negociaciones en marcha, en un marco que Diana López Cardona, filósofa, doctora en Educación y funcionaria del Instituto Geográfico Agustín Codazzi con sede en Bogotá, pinta de “tensa calma”.

Luego de décadas de neoliberalismo, dos años es nada para avanzar y consolidar cambios profundos. Conversando con López Cardona, ella dijo que “la restitución de derechos que intenta Petro molesta, enoja a la derecha, y lo que vino sucediendo es la misma batalla cultural que se libra en América Latina con intentos de lawfare y golpe blando”, en este caso vía habilitación del CNE para investigar el caso de la financiación de la campaña electoral “como si fueran jueces” a través del Consejo de Estado, como se llama en Colombia al Tribunal Superior y cuerpo consultivo del Gobierno nacional, formado en general por jueces derechistas.

López Cardona recordó algo interesante. “Cuando Petro fue alcalde de la capital hace diez años, se lo destituyó por querer crear una empresa pública para la recolección de basura”, lo cual iba a sacar del negocio a un grupo privado. Cuando finalmente la Justicia le dio la razón a Petro, “se lo exoneró de pagar la condena, la cual incluía una cuantiosa multa, pero ya era tarde: él ya estaba a afuera de la función pública… Ahora como presidente sufre embates parecidos”. Según la funcionaria, además del intento destituyente se busca instalar con el apoyo de los grupos mediáticos concentrados, que siempre han sido parte de esa elite de pocas familias que controla el país, que “Petro es ‘casta’, que son ‘todos iguales’ en términos de corrupción, etc. Como también pasa en otros países; y si no encuentran nada, como es el caso, inventan estas cosas”. Es lo que Petro (sobre quien además se han denunciado intentos de asesinato) calificó como “golpe de estado” en marcha.

Desde que la alianza con la que derrotó a la derecha se fue angostando, por abandono de fuerzas que se habían sumado en el parlamento o en su gabinete o porque Petro mismo las echó al detectar que retrasaban las reformas más de lo que las aceleraban, el poder del Presidente recae exclusivamente en la calle. Las movilizaciones populares son el único resguardo con que cuenta para sostenerse en el poder e intentar, en el resto de su mandato, avanzar con una agenda transformadora. López Cardona agrega ahí otro cambio importante: un sector de la Escuela de Oficiales permitía, antes de Petro, solo el ingreso de hijos de familias ricas. Eso ha cambiado y “ahora se ha igualado a todo el pueblo que quiera estudiar y formarse ahí. Confiamos en que esos cambios en el Ejército tengan sus frutos, pero, de nuevo, todo es a mediano plazo”. ¿Las intenciones de cambio podrán aguantar hasta entonces?

La tierra del Cacique Lempira

En el caso de Honduras, la denuncia de Xiomara Castro sobre un «golpe de Estado» en curso atañe a la polémica abierta por su decisión de cancelar el tratado de extradición con Estados Unidos, que permitió enviar a ese país a medio centenar de narcotraficantes, entre ellos el exvicepresidente Hernández y familiares suyos.

«Ratifico que la paz y la seguridad interior de la República están en riesgo por un nuevo golpe de Estado que el pueblo debe detener», dijo la mandataria hace unos días por cadena nacional. Y acusó a “las mismas fuerzas oscuras que actuaron en 2009” en el derrocamiento de su esposo. “El plan para destruir mi gobierno socialista, democrático, y el próximo proceso electoral ya está en marcha”, señaló.

Para la derecha, la medida busca proteger a dos familiares de Castro y Zelaya, a quienes se los ve en un video que circuló junto a traficantes de droga, que data de once años atrás. Funcionarios de distinto rango, ambos debieron renunciar ahora a pedido de la presidenta. El narco se ha expandido notoriamente en el pequeño país centroamericano. También en las filas de la derecha, no solo en el clan Hernández sino, por ejemplo, hasta el entorno del expresidente Porfirio Lobo, sucesor de Micheletti y acusado de haber recibido dinero del cartel «Los Cachiros» para su campaña.

El argumento de Castro de dar por acabado el tratado de extradición bilateral con EE.UU. es que le permitirá evitar que Washington lo use solo contra militares que le son leales, para facilitar un intento de golpe. Según ella, el convenio era “selectivo” según conviniera a la ecuación de los intereses del país del Norte y los delincuentes locales. En su reemplazo, hace un año y medio el gobierno lanzó su Plan de Solución contra el Crimen, que incluye acuerdos de extradición, pero sin que “se instrumentalice selectivamente», dijo el Gobierno, para afectar las elecciones que se celebrarán en noviembre del 2025.

La arena global

Más allá de sus dinámicas internas, Colombia y Honduras son parte de un juego global donde Latinoamérica es territorio en disputa. Castro, de hecho, acusó de «injerencia» a la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, por criticar una reunión que funcionarios y militares de su gobierno mantuvieron con pares de Venezuela acusados de narcos por Washington. Una de las primeras medidas que tomó la jefa del Estado hondureña cuando asumió hace dos años fue romper relaciones con Taiwán y establecer vínculos diplomáticos con la República Popular China, el país “maligno” según la Casa Blanca. Castro viajó a Beijing para establecer acuerdos con el presidente Xi Jinping, recibió más recientemente en Tegucigalpa a la vicecanciller Hua Chunying y avanzan las tratativas para un Tratado de Libre Comercio y otros convenios, que van desde la reducción arancelaria para exportar camarón hondureño a China hasta inversiones del país asiático en escuelas de Honduras o en el puerto Cortés, uno de los mayores de Centroamérica sobre el Atlántico (Honduras también tiene salida al Pacífico).

Petro, por su parte, significa también un cambio geopolítico en tanto todos los gobiernos colombianos anteriores mantuvieron lazos extremadamente estrechos con Estados Unidos, en especial en la cuestión militar. Todavía hay siete bases militares norteamericanas en el territorio, que Petro aspira jueguen menos a la represión y el control social y más en contención del fuego en Amazonas y en el control verdadero del narco, que EE.UU. siempre ejerce fronteras afueras desatendiendo el verdadero flagelo que es su afiebrado consumo interno de marihuana, cocaína, fentanilo y otras drogas. Igual que Xiomara, el colombiano también viajó a Beijing el año pasado y firmó con Xi una docena de acuerdos binacionales que abarcan intercambios en tecnología, ciencia, agricultura y educación. Es una obviedad dejar constancia de que los lazos con China, de Honduras ni de Colombia ni de nadie por aquí, no son del agrado del Tío Sam. La atención en esa zona norte de Sudamérica y en el Caribe, como ya ha analizado Javier Vadell en Tektónikos, va cobrando cada vez más relevancia, tan luego con la cuestión venezolana en el medio de todo, y no pareciera que la ofensiva de sectores conservadores contra Petro y Castro esté del todo desvinculada de ese reacomodamiento.

Artículo original de Tektónikos