Este domingo Colombia define su futuro en un balotaje presidencial al que llegan cabeza a cabeza el economista Gustavo Petro y el empresario Rodolfo Hernández.
Las últimas encuestas auguraron un “empate técnico” entre Gustavo Petro y el controversial empresario Rodolfo Hernández, en lo que fue un cierre de campaña totalmente atípico. Sin actos públicos ni debates presidenciales (Hernández se negó a participar pese a un fallo judicial que lo obligaba), con Petro y Francia Márquez focalizados en actividades pequeñas de vínculo directo con la gente y su rival dando entrevistas en Miami.
En la antesala de las elecciones también salieron a jugar fuerte dos resortes importantes en los que se asienta el régimen colombiano: el poder judicial y el latifundio mediático. Al menos 57 jóvenes fueron detenidos en la última semana en procesos vinculados a la revuelta social del año pasado, instalando la matriz de que “se estaría” orquestando un nuevo estallido en caso de que gane Hernández.
Antes de presentarse a la Fiscalía -y quedar detenido-, Cristian Durango, estudiante de Filosofía de la Universidad Nacional, nos decía: “Son todos montajes judiciales que buscan desmovilizar a los jóvenes. La Fiscalía y todos los organismos del Estado se han prestado para esta criminalización de la protesta social”.
La jugada buscó embarrar la cancha y alimentar la extendida campaña del miedo anti-petrista. “Es muy conveniente frente a la opinión pública pintarnos como terroristas a quienes apoyamos un proyecto de cambio. Y no es casual que sea justo antes de las elecciones, sin duda tiene el objetivo de hacer subir a Rodolfo Hernández a la presidencia”, explica Cristian.
Unos días antes, los principales medios difundieron una filtración (o infiltración) de videos sobre reuniones internas de la campaña de Petro en las que se hablaba, entre otras cosas, de las estrategias para desprestigiar a otros candidatos. Nada del otro mundo, pero suficiente para que la maquinaria mediática lo transformara en escándalo bajo el grandilocuente título de “Petrovideos” y al que el candidato progresista comparó con el “Watergate”.
Estas últimas maniobras y operaciones dan cuenta de cómo los poderes fácticos cerraron filas con el exalcalde de Bucaramanga o, más bien, de las artimañas desplegadas para impedir la llegada de un gobierno alternativo.
Cambio de época
Colombia vive un punto de quiebre, un momento histórico, un nuevo clivaje político. La sociedad se pronunció por un cambio y por primera vez se disputan la segunda vuelta dos candidatos que no provienen de los partidos tradicionales. La disputa ya no es entre cambio y continuidad sino en qué tipo de cambio.
Una transformación del tablero político como correlato de las cíclicas protestas que se viven desde 2019 y que desembocaron en el estallido del 2021; la desigualdad y las condiciones de vida agravas durante la pandemia; y la desconexión del gobierno de Iván Duque con los reclamos derivados de estas dos realidades.
Se resquebrajó el sentido hegemónico de la política dominante de las últimas décadas, se agotó el modelo de dominación uribista. Pero se sabe de la capacidad que tienen las élites para aggiornarse e inventar salvavidas en medio del naufragio; entonces forjaron la figura de Rodolfo Hernández, que se presenta como un outsider y un paladín anticorrupción (pese a enfrentar un juicio por corrupción), diciendo que no es “ni de derecha ni de izquierda” e incluso despegándose del uribismo.
“El ingeniero” o “El viejito” es un empresario de la construcción de la región de Santander, en el noreste colombiano, dueño de unas 570 propiedades y una fortuna declarada de al menos 100 millones de dólares. Provocador, medio bruto, machista explícito, y casi sin presentar propuestas de gobierno, logró conectar con esa cultura conservadora-autoritaria tan arraigada en algunas regiones y también con parte del descontento generalizado hacia la clase política. Su principal desafío es encarnar lo nuevo sin estructura política y con el apoyo de toda la derecha tradicional.
Encrucijada
“Si bien es cierto que hubo un rechazo al uribismo, los factores de poder que controla el uribismo todavía siguen intactos: las fuerzas militares, la mayoría de los medios, el empresariado, las mafias del narcotráfico… todavía hay un poder del uribismo y de la ultraderecha intacto”, explica Robert Daza, dirigente campesino y senador electo por el Pacto Histórico. Efectivamente, el poder del narco-paramilitarismo, que controla territorios y garantiza este régimen de violencia crónica, da cuenta de las complejidades del escenario colombiano y del enorme desafío que enfrentará Petro en caso de ganar.
La elección de este domingo será clave también para el mapa geopolítico de América Latina, con el cual el Estado colombiano pocas veces sintonizó. Ni tuvo gobiernos nacional-populares a mediados de siglo pasado, ni precisó de dictaduras militares en los ´70 para imponer el neoliberalismo (la represión criminal se dio igual o peor, pero manteniendo la formalidad institucional) ni formó parte del ciclo progresista de la primera parte de este siglo. Mucho tuvo que ver su rol estratégico durante el último siglo como principal punto de apoyo de Estados Unidos en la región.
Es mucho lo que está en juego. Las urnas dirán si el modelo neoliberal y narco-paraestatal logra reciclarse, cambiando algo para que nada cambie, o si por primera vez se abre una ventana de esperanza para romper con 200 años de soledad.
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