La fiscalía peruana citó para el 31 de este mes a la presidenta Dina Boluarte para interrogarla por su presunta responsabilidad en la represión de las protestas que siguieron a la destitución de su antecesor, el encarcelado expresidente Pedro Castillo, que provocaron la muerte de más de 60 personas y cientos de heridos.
«Expresamos nuestra vocación de colaboración para cerrar este capítulo que no tiene sentido», dijo este miércoles el abogado de la mandataria, Joseph Campos, a la prensa tras confirmar la citación.
Boluarte acudirá a declarar en la investigación por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves» en su contra y de funcionarios de su Gobierno. En marzo fue interrogada por primera vez.
La presidenta pidió este miércoles que su asistencia se reprograme para el 1 de junio, ya que el 31 de mayo se realizará un simulacro nacional multipeligro (para realizar ejercicios de evacuación y del que participa toda la población), según el diario peruano El Comercio, pero el pedido no tuvo aún respuesta.
La causa
El caso se abrió en enero por «las muertes de ciudadanos durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023», dice el documento.
La fiscalía intenta determinar la responsabilidad de Boluarte en la represión de las manifestaciones antigubernamentales en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
En caso de una acusación, la presidenta no podrá ser sometida a juicio hasta 2026 cuando culmine su mandato, según fija la Constitución peruana.
En las protestas murieron 61 personas, incluidos seis soldados que perecieron ahogados en un río cuando intentaban huir de campesinos que los atacaron con piedras en Puno, epicentro de las manifestaciones.
El informe de la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció en mayo la eventual ejecución y masacre de manifestantes durante la represión.
El organismo de la OEA señaló en un informe a los agentes del Estado por su presunta responsabilidad en «múltiples» muertes de civiles y pidió a la justicia peruana «investigar, juzgar y sancionar» a los responsables.
El relator especial de la ONU en Perú, Clément Nyaletsossi Voule, hizo una visita oficial al país y afirmó que el Gobierno de Boluarte usó «excesiva y desproporcionadamente la fuerza» durante las protestas de diciembre de 2022, según informó el propio organismo.
Nyaletsossi Voule instó a garantizar que los responsables de matar y herir a los manifestantes rindan cuentas ante la Justicia.
Las víctimas recibieron «impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones, en la parte superior del cuerpo», recalcó la CIDH.
Un gobierno que sucedió a la salida de Castillo Boluarte cumplirá el 7 de junio seis meses en el poder, tras la destitución de Castillo, quien fue detenido por el delito de rebelión tras ser cesado por el Congreso el 7 de diciembre, lo que desató violentas movilizaciones en las que se exigían la renuncia del Gobierno, cierre del Congreso y adelanto de elecciones a 2023.
Maestro rural y líder gremial, Castillo, de 53 años, cumple prisión preventiva en una minicárcel para exmandatarios dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, en Lima.
Boluarte es la sexta persona en ocupar la presidencia en cinco años y la primera mujer en gobernar Perú, un país en permanente crisis política salpicada de denuncias de corrupción.
