La caída del Silicon Valley Bank, donde las tecnológicas tienen sus dineros, es la mayor desde la del Lehman Brothers en 2008. Acuerdo entre Arabia Saudita e Irán con los auspicios de Beijing.
La otra novedad que preocupa a Washington y a los estrategas de la Casa Blanca es la firma y la activación de un acuerdo entre Irán y Arabia Saudita bajo los auspicios de China. “La República Islámica de Irán y el Reino de Arabia Saudita han decidido reanudar sus relaciones diplomáticas y reabrir sus embajadas en dos meses”, dice el comunicado dado a conocer este viernes. El acuerdo pone fin a décadas de enfrentamiento entre dos naciones con visiones del islam opuestas. Pero fundamentalmente da cuenta de la influencia china en Medio Oriente, donde ya es un jugador tan determinante como para sentar a la mesa a dos enemigos con poco ímpetu reconciliador hasta ahora. Un pacto de seguridad firmado en 2001, poco antes de los atentados a las torres gemelas, nunca se había puesto en marcha y desde entonces la animosidad fue creciente.
En Beijing, por otro lado, Xi Jinping fue reelegido por unanimidad por tercera vez como presidente de la República Popular China y del Consejo Militar Central, reafirmando un liderazgo político como no se veía en ese país desde Mao Zedong. Esta es otra señal de unidad de cara a la rivalidad con Estados Unidos, que ya ingresó en una etapa de frac o deterioro comercial, que se refleja en una baja en el intercambio entre ambos países de más del 17% anualizado en los primeros dos meses de 2023. En este bloque se deben incorporar las sanciones contra empresas occidentales que pretendan vender productos considerados esenciales para el desarrollo tecnológico, como chips, replicado con la venta por ahora a cuenta gotas pero con tendencia al alza de acciones del tesoro estadounidense en manos del gobierno chino.
Si bien en el último informe de la Corporación Rand se recomendaba al gobierno de Joe Biden ir desescalando su intervención en Ucrania para no afectar más los intereses estadounidenses a largo plazo, todavía sigue vigente el documento de 2018 que especificaba los pasos a seguir para “sobreextender y desequilibrar a Rusia”. Algo de esta estrategia se percibe en los últimos acontecimientos en Georgia, otra exrepública soviética y a la sazón la patria chica de Stalin.
El concreto, un proyecto de ley del partido oficialista Sueño Georgiano estipulaba la creación de un registro para todas aquellas personas e instituciones que reciben financiamiento del exterior. Según el gobierno, la iniciativa estaba basada en una ley de EE UU del año 1938 sobre agentes extranjeros: según la oposición, era copia de una del gobierno de Vladimir Putin de 2012 y tenía el propósito de alejar al país de Europa.
La presidenta Salomé Zurabishvili se comprometió a vetarla ante las primeras manifestaciones masivas en contra y luego el partido SG dijo que la retiraría del Parlamento como prenda de unidad. Pero las protestas no cesaron e hicieron recordar las de 2014 en Plaza Maidan contra el gobierno de Viktor Yanukovich, que devino en su destitución y el inicio de la guerra civil en Ucrania. Rusia no puede darse el lujo de tener otro conflicto en sus fronteras hasta resolver el tema Ucrania.
En el frente ucraniano, en tanto, las tropas rusas parecen estar tomando definitivamente el control del estratégico punto de Bajmut, con lo que se le despejaría el camino a consolidar su dominio sobre el Donbass. El presidente Volovimir Zelenski ordenó a sus efectivos no abandonar la ciudad, pero al mismo tempo reclama desesperadamente a la Otán y EE UU el envío de más armamento para sostener ese bastión, que ahora reconoce como clave.
En Washington a veces da la impresión de que reina el desconcierto en ambos partidos políticos. Este miércoles la Cámara de Representantes rechazó por 321 votos contra 103 una propuesta del congresista republicano Matt Gaetz para retirar las últimas 900 tropas estadounidenses de Siria en un plazo de seis meses. «Hemos manchado los desiertos de Oriente Próximo con suficiente sangre estadounidense, es hora de traer a nuestros miembros del servicio a casa», dijo Gaetz en su exposición, pero su correligionario Joe Wilson argumentó: «no queremos repetir el 11-S. La paz se mantiene mejor a través de la fuerza».
La Casa Blanca, a su vez, tuvo que recular ante el Pentágono después de haber intentado una maniobra de márketing buscando evidencia de crímenes de guerra cometidos por los rusos en Ucrania para presentar ante la Corte Penal Internacional de La Haya. El pequeño detalle es que ni Estados Unidos ni Rusia ni China (y tampoco Israel) ratificaron el Tratado de Roma que dio origen al CPI y al que se habían opuesto desde el vamos.
Pero además, y a esto apunta el rechazo de los militares estadounidenses, esta presentación podría sentar un precedente que permita investigaciones futuras sobre crímenes cometidos por tropas de EE UU en el resto del mundo. El último incidente en tal sentido fue en 2017 cuando un fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y el jefe de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la Oficina del Fiscal, Phakiso Mochochoko, se propusiereon investigar atrocidades cometidas en Afganistán durante la gestión de George W. Bush.
El entonces presidente Donald Trump sancionó al personal judicial y su secretario de Estado, Mike Pompeo, los denunció como corruptos. Es bueno recordar que el australiano Julian Assange está privado de su libertad en el Reino Unido y es reclamado desde EE UU donde enfrenta cargos por 175 años de prisión por revelar pruebas de esos crímenes cometidos en Irak y Afganistán.
Cuando pasaron más de cinco del sabotaje de los gasoductos rusos Nord Stream en el mar Báltico, y uno de la investigación del periodista Symour Hersh acusando a los servicios de inteligencia de EE UU y Dinamarca, medios occidentales se hicieron eco de un artículo del New York Times que atribuye el atentado a un grupo proucraniano.
La fiscalía general de Alemania anunció que investiga un barco donde se sospecha que transportaron los explosivos. La información del NYT tiene como fuente a los mismos servicios estadounidenses que aparecen implicados, según el prestigioso periodista de 85 años que en los 60 ganó un Pulizter por haber revelado los pormenores de la matanza en la aldea vietnamita de My lai cometida por soldados de EE UU. «
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