Buscan garantizar una salida democrática para Bolivia

El Parlasur, la Iglesia Católica, la Unión Europea y otras instituciones internacionales están tratando de calmar las aguas en Bolivia buscando consensos para que se realicen elecciones y de ese modo recuperar la democracia, vulnerada desde el golpe de noviembre del año pasado. El clima social y político en ese país que hace temer un incremento de la violencia por los cortes de carreteras y la amenaza de represión del gobierno, cuando no la posibilidad de que la situación sirva de excusa para una asonada militar en contra del gobierno de facto, una salida que no disgustaría para nada a los sectores de la derecha ideológica y los intereses geopolíticos que forzaron la renuncia de Evo Morales hace nueve meses.

El plan de lucha puesto en marcha el lunes de la semana pasada por la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, un conglomerado de movimientos sociales, se planteaba reclamar elecciones en la fecha indicada por la ley votada oportunamente, o sea, el 6 de setiembre. Fue una respuesta a la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de posponer nuevamente el comicio para el 18 de octubre por la pandemia.

Este fin de semana, las organizaciones sindicales aprobaron el levantamiento de los bloqueos de rutas y aceptar la fecha impuesta por el gobierno como una última postergación aceptable. Pero muchos de los movimientos que están en el interior de Bolivia decidieron seguir en los caminos. La consigna en muchos sitios era “renuncia ya” de la mandataria de facto, Jeaninne Añez.

Uno de los temas más ríspidos en este entuerto fue que el TSE había decidido cambiar la fecha de elecciones a pedido del gobierno sin haber enviado una ley al Congreso. Si bien la cuestión era para debate de constitucionalistas, como en las otras convocatorias siempre había sido por ley votada democráticamente, esta movida de la presidencia sonaba a desafío contra los órganos elegidos por la ciudadanía.

En una conferencia de prensa realizada por la dirigencia de COB y el Pacto de Unidad, informaron sobre la decisión de aceptar como fecha de elecciones el 11 de octubre con el agregado de que la legislatura debe dictar una ley respectiva y el gobierno debe cumplir también con los requisitos que garanticen transparencia y respeto por la voluntad popular con el compromiso de todas las fuerzas políticas.

Este martes, la Mesa Directiva del Parlasur mantuvo un encuentro con la jefa de la Misión de Observación Electoral de la UE, la portuguesa Isabel Santos, donde debatieron estrategias para una salida democrática.

Santos, representante del parlamento europeo, señaló que “es muy importante que toda la sociedad boliviana se acerque a un acuerdo y que el proceso sea sencillo, claro, transparente y dentro de la normalidad democrática. Esta es nuestra posición y preocupación”.

“Para nosotros que haya elecciones consensuadas es la única salida para Bolivia. Si podemos colaborar para que efectivamente se vote y que se respete lo que el pueblo ha votado, sería un gran aporte”, dijo luego el argentino Oscar Laborde, presidente del Parlasur.

El escenario en el altiplano no es el más tranquilizador. Así, desde medios internacionales como la CNN entrevistaron al ministro de Gobierno boliviano, Arturo Murillo y buscaron convencerlo de sacar al Ejército para despejar las rutas. Murillo, un empresario de la derecha más rancia de esa nación -con un discurso que recuerda a la Guerra Fría- casi que quedó a la izquierda de su interlocutor, aunque no se privó de deslizar que si la cosa seguía así podía desencadenarse una guerra civil.

La preocupación en la conducción del MAS, y particularmente de Evo Morales, refugiado en Buenos Aires, es que los cortes de ruta resulten contraproducentes para la imagen del partido que gobernó Bolivia por 13 años ante la opinión pública de las ciudades. La decisión de la medida de fuerza surgió de asambleas soberanas de los afiliados a la COB y de integrantes de movimientos sociales que no aceptan la prórroga de los comicios y además, reclaman medidas para paliar la crisis económica y sanitaria devenida del Covid-19.

La estrategia oficial es limar en todo lo que sea posible el apoyo de las clases medias al MAS IPSP en las clases medias. La candidatura de Luis Arce y David Choquehuanca tiene una amplia ventaja para ganar en primera vuelta, cada día de demora juega en perjuicio del regreso de esa coalición al gobierno.

El otro plano en que se desarrolla esta contienda es el judicial, y en este ámbito la Fiscalía de La Paz admitió una denuncia contra Morales, el líder de la COB, Juan Carlos Huarachi, y los candidatos Arce y Choquehuanca por los bloqueos. La denuncia es por terrorismo, genocidio, delitos contra la salud pública en el marco de los bloqueos de rutas por presuntamente haber impedido la circulación de alimentos, insumos médicos y ambulancias. Los dirigentes del Pacto de Unidad y la COB rechazaron todas las acusaciones y llamaron a ver todas las filmaciones en las que se aprecia que los cortes no fueron totales sino selectivos.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Pro Derechos Humanos de Bliia y la Red Universitaria de Derechos Humanos, en tanto, presentaron en las Naciones Unidas dos demandas por las masacres de Sacaba y Senkata, entre el 15 y 1 189 de noviembre pasados, contra las primeras manifestaciones de rechazo al golpe.

“La abundante evidencia enviada da cuenta de que tanto en Sacaba como en Senkata, las Fuerzas Armadas y policiales con armamento letal reprimieron protestas que eran contrarias al gobierno de Áñez y en defensa de la wiphala y dejaron un saldo de 21 personas muertas y más de 70 heridas”, dice el texto de la denuncia.