La comisión de derechos humanos del Senado de Brasil anunció que pedirá los archivos con 10.000 horas de audios de los juicios de los tribunales militares excepcionales sobre torturas, muertes y desapariciones realizados durante la dictadura (1964-1985) que fueron revelados por un profesor universitario y en los cuales los jerarcas del régimen admiten violaciones a los derechos humanos. Los archivos revelan que los jueces del Supremo Tribunal Militar advertían a generales, almirantes y brigadieres, durante las audiencias de los juicios contra los presos políticos, sobre la reiteración de los casos de torturas contra los detenidos.

La revelación ocurrió por parte de la expresa política y víctima de torturas Miriam Leitao, periodista del diario O Globo, luego de que el diputado de la ultraderecha Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, se mofara dos semanas atrás de los tormentos recibidos por ella. «Estas revelaciones demuestran que el trabajo de Brasil con su pasado apenas comenzó», dijo el titular de la comisión de derechos humanos, Humberto Costa, del Partido de los Trabajadores (PT), quien destacó que la Comisión de la Verdad que investigó los crímenes de la dictadura, formada por orden de la expresidenta Dilma Rousseff, fue el primer paso. «Los audios indican que el Estado asumió cabalmente la existencia de torturas», dijo el senador Costa.

En Brasil rige una ley de autoamnistía de 1979 -vigente por decisión de la corte suprema- que impidió el juzgamiento de los autores de crímenes contra la humanidad durante la dictadura militar, régimen que es defendido por el presidente Bolsonaro y fue glorificado el 31 de marzo por el el Ministerio de Defensa y los tres jefes castrenses, en ocasión del aniversario del golpe de Estado de 1964. Los audios fueron liberados por el Supremo Tribunal Federal al profesor e investigador Carlos Fico, de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) y divulgados por O Globo ayer.

Entre los audios existe el del general del Ejército Rodrigo Octávio, juez del Supremo Tribunal Militar, que el 24 de junio de 1977 admite que las Fuerzas Armadas cometieron torturas, sobre todo apuntando a una mujer que sufrió un aborto luego de haber sido sometida a sesiones de tormentos en los destacamentos del DOI-CODI, como se conocía a la policía política del régimen. El almirante Julio de Sá Bierrenbach, otro juez de la corte militar que era la que juzgaba a los presos políticos, reprende en uno de los audios a los responsables de la dictadura por ejercer torturas y no cumplir con la Carta de las naciones unidas. «Cuando nos llega un caso como estos, se constituye en un plato lleno para los enemigos del régimen y los opositores al gobierno. Las agencias de noticias y los corresponsales de diarios extranjeros, con la libertad que tienen asegurada aquí, diseminan la noticia en la prensa internacional y en pocas horas publican actos de crueldad ocurridos en Brasil, dando a entender que constituimos una nación de salvajes», dice el entonces juez militar.