Bolsonaro se prepara para gobernar con los militares

Fiel a su estilo, Jair Bolsonaro anunció esta semana vía redes sociales que su ministro de Defensa será el exgeneral y exjefe del Estado Mayor del Ejército Fernando Azevedo e Silva. El regreso de los militares a los mandos de la defensa brasileña se inició en febrero pasado cuando Michel Temer, el presidente que según Datafolha a mediados de este año no superaba el 3% de aprobación, movió a Raúl Jungmann de su cargo al frente del Ministerio de Defensa  para colocar en su lugar a Joaquim Silva e Luna, el exjefe del Estado Mayor del Ejército. Jungman pasó a la cartera de Seguridad Pública, mientras que Silva e Luna se consagró como el primer militar en ocupar ese cargo desde su creación en 1999.

Las transiciones de los regímenes autoritarios a los democráticos en América Latina fueron diferentes. En ese proceso la distinción entre seguridad y defensa no fue igual en todos los países de la región y tampoco lo fue la conducción civil de la defensa. A diferencia del caso argentino, Brasil tuvo una transición pactada entre civiles y militares y la entrega de poder se hizo de manera escalonada. «En el pacto los militares no se dieron por vencidos frente a la situación de cambio», dice Rut Diamint, investigadora en temas de Defensa del Conicet, quien en 2013 fue designada por el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, para integrar uno de los nueve lugares de la Junta Consultiva en Asuntos de Desarme. La especialista se refiere a las posibles consecuencias de la decisión de Bolsonaro que representa la pérdida del control civil en áreas de Defensa: «Es un retroceso importante que tiene impacto en Brasil y en la región, porque esto de alguna manera fortalece a los sectores de las FF AA de muchos países donde el control civil no se estableció fuertemente y que van a  tomar esto como modelo de presión a sus propios gobiernos. Los anuncios que hizo, que tienen que ver con la idea de militarizar el Estado, dan la pauta de que Bolsonaro llega al poder por medios constitucionales pero con una idea muy parecida a las dictaduras, por lo menos las de los ’60 y ’70». Nilda Garré, exministra de Defensa argentina, señala en diálogo con Tiempo las particularidades del proceso que vive Brasil. «No creo que poner a militares como ministros sea una tendencia regional sino que parece ser un exclusividad brasileña bolsonarista, pero sí puede empezar a notarse cierto protagonismo mayor de las FF AA en las políticas de defensa y seguridad y el alineamiento con Estados Unidos. Las nuevas amenazas y las guerras híbridas son las nuevas doctrinas que reemplazaron a la de seguridad nacional que tuvo vigencia hasta la caída del muro soviético», sostiene.

Pese a que Bolsonaro potencia la imprecisión de las áreas de defensa nacional y seguridad interna, esta no sería una potestad exclusiva del futuro presidente. «Hay de alguna manera una continuidad. El brasileño nunca dice demasiado claramente lo que está haciendo, decían que no hacían que los militares intervengan en seguridad interna y vienen interviniendo desde la época de la presidencia de José Sarney (1985-1990), porque ellos decían que no tenían una policía militarizada, especial, de investigación, entonces cada vez que había un conflicto de seguridad narcotráfico o social importante como con los movimientos sin tierra mandaban a los militares», explica Diamint.

Particularmente este año, con Temer y Jungmann se modificaron algunas leyes que estaban vinculadas al control civil de la defensa. Durante su etapa como ministro de Defensa, Jungmann autorizó ciertas medidas de «urgencia» que permitieron la intervención del Ejército para colaborar en la seguridad pública, durante crisis de violencia en estados como Río de Janeiro y en el sureste del país, en Espírito Santo.Como consecuencia de estas disposiciones, desde el 16 de febrero hasta el 31 de diciembre de este año, la seguridad en Río de Janeiro está a cargo de los militares. Desde que se designó al general Walter Souza Braga Netto como interventor militar en Río de Janeiro, además del asesinato de la concejala Marielle Franco, la Defensoría Pública reconoció que existen más de 30 tipos de violaciones a los Derechos Humanos provocadas por los militares.

La falta de implementación de políticas de memoria, verdad y justicia, completan el cuadro de los retrocesos de los mandos civiles en temas de defensa y la indistinción entre seguridad interior y defensa nacional. Garré, quien hoy preside la comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados del Congreso, también remarca la ausencia de reivindicaciones de Derechos Humanos y dijo que «ahora muchos académicos en Brasil, por lo menos en ese nivel, están analizando las consecuencias de esos errores de no haber depurado las Fuerzas Armadas y haber reasumido el gobierno de la defensa en plenitud. No se llegó a generar un conjunto de cuadros civiles especializados en temas de defensa y eso por supuesto puso toda una impronta en esos temas». Diamint agrega que «en Brasil, a conocimiento del público, los militares han tenido pocas denuncias de violaciones a los DD HH y por desaparecidos, lo que ha incidido en una mirada más benévola de parte de la sociedad. Los militares también tuvieron una alianza histórica muy fuerte con Cancillería, donde en un momento fue muy notorio que los militares estaban directamente asociados con  la toma de decisión. En cuanto a Derechos Humanos ni siquiera Dilma Rousseff pudo. Y en general no hubo intención de investigar, averiguar ni de reparar».

El pasado 28 de octubre, el electorado brasileño optó por una fórmula presidencial integrada por dos exmilitares, el excapitán Jair Bolsonaro y el exgeneral Hamilton Mourao. Pese a esa decisión electoral, Datafolha publicó que para el 69% del electorado, el régimen democrático es el mejor sistema de gobierno. Un número que a la luz histórica fue récord en comparación con mediciones anteriores. En sentido opuesto, Latinobarómetro señala que en Brasil únicamente un 34% de la población elige el régimen democrático en oposición a otras opciones, y marca que se trata de una tendencia. Esos cuestionamientos buscan «debilitar la política, toman más poder las corporaciones y los grupos mediáticos, y entonces se retroalimenta esta espiral que termina debilitando los sistemas democráticos y de los estados de derecho», señala Garré. Por su parte, Diamint agrega: «El desencanto con la democracia es más general. Ahora hay una tendencia a los nacionalismos, la xenofobia, el rechazo a lo multilateral, entonces en ese contexto es más fácil emerger esos cuestionamientos» y destaca la importancia de que los mandos civiles tengan una presencia real en defensa, que no sea únicamente «una semblanza», o en términos de presencia sino también de control político. La especialista alerta además que «los militares siempre fueron muy fuertes en Brasil y hay una sociedad que está cansada de la violencia y cree que un presidente fuerte y represivo va a solucionar el problema de la criminalidad, cosa que yo no creo que vaya a suceder».

Garré analiza que, pese a los intentos de Lula y Néstor Kirchner de «poner las bases de lo que fue el Consejo de Defensa Suramericano» –una instancia regional de la defensa para no depender de la defensa hemisférica– hoy hay una «tendencia general impulsada desde los centros de poder de mucho ataque a los llamados gobiernos populistas que están considerados incluso entre las nuevas amenazas de acuerdo al Pentágono y el Comando Sur». En los últimos años la región recibió la visita del vicepresidente Mike Pence, del secretario de Defensa y jefe del Pentágono James Mattis, el excanciller RexTillerson, y el jefe del Comando Sur, Kurt Tidd. «Han viajado y bajado línea como nunca», dice Garré. «