Se aferra a la Copa América como una cortina de humo que tape la crisis social, económica y sanitaria.
En momentos en que Brasil se acerca al medio millón de muertos y se instala una tercera ola de coronavirus, se organiza el encuentro deportivo que se desarrollará en las ciudades de Brasilia, Cuaibá, Goiania y Río de Janeiro. Justamente esas integran la lista de ciudades que tienen colapsado su sistema de salud. Tan solo citar la ciudad carioca, que fuera designada como sede de la final, tiene el 95% de las camas hospitalarias ocupadas y representa el 10% de los decesos de nivel nacional, con más de 50 mil muertes.
En ese contexto, existen objeciones a la realización de la Copa. Incluso, tal vez sea la más destacada, la del mismo equipo nacional verdeamarelho. Su propio capitán, el jugador Casemiro manifestó la oposición del plantel a participar (ver página 44). “Los jugadores tienen una opinión contraria al presidente sobre disputar el torneo”, afirmó por su parte Tite, el entrenador de la selección.
La objeción política también está presente y viene de la postura del principal dirigente de la oposición, Luiz Inácio Lula da Silva, quien salió a rechazar la realización de la Copa en Brasil. Además, el Partido dos Trabalhadores (PT) interpuso en el Supremo Tribunal Federal (STF) un pedido de suspensión acusando a Bolsonaro de violar el artículo 196 de la Constitución Federal, referido a la obligación del gobierno de garantizar la salud de la población. Además, en un comunicado, el PT sostuvo que “la realización de la competencia, de última hora y sin transparencia, es irresponsable y pone en riesgo a la salud de la población y las delegaciones extranjeras”.
Claro que, definitivamente, con la Copa América, Bolsonaro intenta sacar de agenda la posibilidad de un impeachment. Sin embargo, ante el desgaste del gobierno, el principal aliado en el parlamento, el Partido Progresistas (PP), una fuerza de derecha heredera de la Alianza Renovadora Nacional (ARENA) que apoyó la dictadura de 1964-1985, se convirtió en el dique de contención de los pedidos de juicio político. A través del diputado Ricardo Barrios, quien es el presidente de la Cámara Baja que maneja la agenda del cuerpo, un impeachment tendrá muchos escollos para prosperar.
El PP, que le daría la legalidad para la presentación a la reelección de Jair Bolsonaro, participó del gobierno de Dilma Rousseff, y su principal líder, el actual senador Ciro Nogueira, ordenó retirarse de la gestión, porque sus cuadros eran los principales involucrados en los hechos de corrupción de Petrobras, y se plegaron al golpe institucional orquestado por Michel Temer y Eduardo Cunha, del Movimiento Democrático Brasileño. En la actualidad, son los férreos impulsores de las privatizaciones e, incluso, el diputado Ricardo Barrios es promotor de legalizar el juego como forma de incrementar la recaudación fiscal y potenciar la generación de empleo.
Por eso, el escenario político se proyecta hacia las presidenciales del año que viene. Jair Bolsonaro apuesta a la recuperación económica como legitimidad de su política sanitaria. No obstante, también pegó un giro en su negación al asistencialismo y comenzó a desplegar un programa de “renta ciudadana” para recuperar apoyo popular.
Lo cierto, es que con en el actual escenario de polarización con Lula, el gobierno de Bolsonaro parece tener los días contados. Además, el espacio de centro derecha, que en las elecciones pasadas se abstuvo, se está manifestando a favor de un acuerdo nacional, mostrado públicamente, de una manera muy sintomática los encuentros entre Lula y el referente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el expresidente Fernando Henrique Cardoso. «
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