Bolsonaro en estado puro: se lleva puestos a los Derechos Humanos y el control ambiental

El presidente Jair Bolsonaro avanza en su proyecto de formatear a Brasil y a pesar de que grandes sectores de la sociedad no dejan de mostrar su indignación, continúa sin el menor reparo político. Esta semana, tras denigrar al titular de la Orden de Abogados de Brasil, hijo de un desaparecido por la dictadura, se lanzó a modificar la composición de la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos (Cemdp) que investigó los crímenes del régimen militar. También destituyó al jefe del Instituto de Investigaciones Espaciales (INPE), Ricardo Galvao, porque reveló el peligroso incremento en el nivel de destrucción forestal en un año.

Desafiante, en un reportaje a O Globo el primer mandatario justificó la designación de un militar y un abogado de su partido en la Cemdp, en que «ahora cambió el presidente, Jair Bolsonaro es de derecha, punto final». Y para agregar un poco más de leña al fuego, agregó que «cuando ellos (por el PT) ponían a terroristas ahí, nadie decía nada, ahora cambió el presidente, también cambió la cuestión ambiental».

Galvao, un físico de 71 años, venía denunciando la aceleración de la tala de árboles en Amazonas: según sus informes, el primer semestre deforestaron 920,4 kilómetros cuadrados de selva, casi cuatro veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires. No sólo eso, trató a Bolsonaro de cobarde por haber dicho que publicar esos datos atentaba contra la imagen del país.

«Mis palabras sobre el presidente generaron molestia, entonces seré destituido», explicó el científico al salir de una reunión con el ministro de Ciencia y Tecnología, Marcos Pontes, un teniente coronel de la aeronáutica brasileña que en 2006 hizo el curso de astronauta en la NASA y tripuló una nave Soyuz en un viaje a la Estación Espacial Internacional.

Bolsonaro dio otro golpe en la Cemdp –un organismo creado en 1995, que fue el antecedente más directo de la Comisión de la Verdad creada por Dilma Rousseff en 2011– luego de entreverarse en un debate con Felipe Santa Cruz, presidente de la OAB, hijo de Fernando Santa Cruz, desaparecido en 1974 a los 26 años. El mandatario brasileño, iracundo porque Santa Cruz había respaldado la actuación de los defensores del autor de la cuchillada contra el entonces candidato presidencial, dijo: «Si quiere saber cómo desapareció su padre, yo se lo puedo decir. Pero no querrá saber».

Lo que vino luego fue la denigración de Santa Cruz, quien fue detenido por fuerzas del Ejército en el carnaval de Río y no volvió a aparecer. Como respuesta institucional, desde el PT y los abogados le pidieron que si tenía información la brindara. El pedido llegó hasta el Supremo Tribunal de Justicia.

Bolsonaro dobló la apuesta y modificó la composición de la Cemdp y sustituyó a cuatro de los siete miembros. Así, el organismo será dirigido por Marco Vinicius Pereira de Carvalho, un abogado afiliado al partido de Bolsonaro y asesor de la ministra de Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, pastora evangélica y célebre por haber declarado  que en Brasil nos niños deben vestir de azul y las niñas de rosa. O que la película Frozen convierte a la chicas en lesbianas.

En la comisión también ingresa el diputado del PSL Filipe Barros, un joven de 28 años que celebró el 55° aniversario del golpe militar, el 31 de marzo pasado. Otro nuevo miembro, el coronel Weslei Antonio Maretti, es admirador del militar que torturó a Dilma en su juventud, mientras que el oficial del ejército Vital Lima Santos también es abogado.   «

Que se asesinen entre narcos: la solución brasileña a los problemas carcelarios

Desde hace décadas, aunque no se digan expresamente, la solución a los problemas carcelarios en Brasil pasa por dejar que las propias bandas de narcotraficantes resuelvan sus disputas con la barbarie. Pasó esta semana en la prisión de Altamira, estado de Pará, cuando miembros de la fracción Familia del Norte tuvieron vía libre para eliminar a 58 integrantes del Comando Vermelho. Fue una de las mayores matanzas en una penitenciaría en la historia judicial del país, pero ni siquiera es la más atroz: en mayo pasado, una serie de revueltas en el estado de Amazonas dejó un saldo de 55 muertos; en 2017 se habían producido 67 muertes en una semana de protestas carcelarias en Manaus o otras 33 en Boa Vista. La serie trágica llega hasta 1992 cuando 111 presos fueron asesinados en Carandiru, San Pablo, en un hecho que conmovió al mundo, registrado en documentales y un film. 

El estado norteño de Pará suele ser noticia por estos hechos desde hace tiempo. Según los expertos, dos circunstancias se cruzan. Por un lado las cárceles están atestadas de presos víctimas de modelos de represión cada vez más refinados. La de Altamira debía ser reemplazada por otro establecimiento más amplio que debía estar listo en 2016 pero se demoró hasta fin de año. Había 343 internos: tiene capacidad para 163.

Lo más grave es que el norte de Brasil se convirtió en terreno propicio para las bandas de narcos, que aprovechan un corredor productivo que lleva a la selva colombiana, con ramificaciones en Paraguay y Bolivia, en el sur. Esos espacios son disputados desde tiempo atrás por el Comando Vermelho, la más antigua de las organizaciones criminales, creada en 1969 en la cárcel de Ilha Grande, de Río de Janeiro, de la fusión de presos comunes que buscaban defenderse de los maltratos en la época de la dictadura y que contaron con la formación de detenidos por razones políticas. Son una suerte de hermandad capaz de luchas por el bienestar de los familiares de los detenidos y de los mismos presos en el interior de los penales del país.

En ese escenario, en San Pablo fue creciendo el Primer Comando Capital (CCC), que le copió procedimientos y compite por los mercados. Fundado en 1993 en la cárcel de Taubaté, de allí se desprendió el Comando Classe A (CCA), que también actúa como Familia del Norte.

Los datos que se conocen de lo ocurrido el lunes sugieren que hubo zona liberada para que un grupo del CCA invadieran el pabellón que ocupaba el CV. Las autoridades declararon que usaron facas para acuchillar a rivales. De los 58 muertos, 16 fueron decapitados, los otros fallecieron asfixiados en un incendio provocado por los atacantes.

No hubo argumentos para explicar por qué razón los carceleros no detectaron que muchos de los internos tenían armas blancas ya que se supone que deben hacer requisas para evitar estas situaciones. Peor aun: se conoció la noticia decidieron el traslado de los sobrevivientes de CV. Pero otros cuatro murieron asfixiados en el ómnibus donde los llevaban, elevando la cifra de víctimas a sesenta y dos.