Acusan a uniformados de proteger a legisladores implicados en corrupción. Golpistas en la picota.
El jefe de la policía legislativa, Ricardo Carvalho, hombre de confianza del presidente del Senado, Renán Calheiros, fue llevado a declarar por la fuerza ante un juez de Brasilia para explicar si los agentes encargados de la seguridad del Congreso trabajan y hacen frente a investigaciones de la Policía Federal contra los políticos.
Según la fiscalía, policías del Congreso fueron usados para detectar pinchaduras telefónicas autorizadas en secreto por el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte, para investigar a los senadores vinculados a la Operación Lava Jato y otros procesos.
El operativo ocurrió dos días después de la captura del ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, un aliado del presidente Michel Temer, preso por orden del juez Sérgio Moro, de primera instancia, a cargo de la Lava Jato para personas sin fueros.
El presidente del Senado, Calheiros, también perteneciente al Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), como Temer y Cunha, está bajo investigación de la corte por supuestamente haber recibido sobornos de empresas de ingeniería para bloquear en 2010 una comisión parlamentaria sobre corrupción en Petrobras.
Esta semana se levantó el secreto de sumario sobre una investigación del fiscal general, Rodrigo Janot, contra el senador y ex presidente brasileño Fernando Collor de Mello. Janot pidió al Supremo Tribunal Federal que obligue a Collor a devolver el equivalente a 50 millones de dólares sospechosos de provenir de una red de corrupción en la empresa subsidiaria de Petrobras BR Distribuidora.
El senador Collor, del minúsculo Partido Cristiano Laborista, había llamado «hijo de puta» en el plenario del Senado al fiscal general Janot cuando se iniciaron las investigaciones, que contaron con la confiscación de automóviles en la residencia del ex presidente en Maceió, estado de Alagoas, en el nordeste del país.
En el ámbito de la Operación Lava Jato, el juez Moro autorizó la libertad domiciliaria con tobillera electrónica del contrabandista Alberto Youssef, un cambista ilegal de divisas que es una de las principales fuentes de información de la red de corrupción porque el era responsable por el transporte de dinero de sobornos.
Youssef cumplió 3 años en la cárcel de la Policía Federal y a partir de ahora tendrá la pena reducida a la domiciliaria, así como lo están haciendo los ex gerentes de Petrobras que confesaron haber cobrado coimas a cambio de garantizar contratos a empresas de ingeniería.
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