Un nuevo y sangriento motín en el penal de Guayas, con derivaciones de violencia en las calles, acorraló al gobierno de Guillermo Lasso, en Ecuador, poniendo en evidencia la falta de soluciones a un problema reiterado, con poco efectivas políticas represivas, la aplicación pertinaz del estado de excepción y un escaso control de los manejos de las bandas criminales enquistadas en el sistema penitenciario. Hasta que se habían aplacado los conflictos se contaban ocho muertos, entre ellos dos reclusos, y 23 heridos, la mayoría policías y militares.

 Lasso activó la emergencia, por la ofensiva lanzada por las bandas del narcotráfico en represalia por el traslado de presos en Guayaquil y Esmeraldas, principalmente. Desde entonces se produjo una veintena de atentados con armas, explosivos y coches bomba contra sedes policiales, estaciones de servicio y un hospital, a la vez que un motín de presos que recibió a disparos a la fuerza pública que ingresó al penal Guayas 1 en Guayaquil.

 El presidente ordenó una serie de operativos que dieron como resultado la detención de 668 personas presuntamente vinculadas con los hechos y lo promocionó como un acto heroico en defensa de la democracia que permitió retomar “el control”. “Estamos enfrentando con dureza a quienes interrumpieron su tranquilidad. Sepan que defenderé a los ecuatorianos y a la democracia hasta las últimas consecuencias. Juntos venceremos al crimen organizado, el narcotráfico y sus nexos con la política”, dijo.

También reiteró su advertencia para que nadie “apele a los Derechos Humanos para solapar la delincuencia” y cuestionó a los políticos que criticaron al gobierno a través de comunicados en su pretensión de «desestabilizar la democracia y atentar contra el estado de derecho». «Esto es insólito, algunos actores políticos criticando al gobierno y solidarizándose con bandas delictivas», dijo.

El comentario fue dirigido, más que nada hacia el espacio opositor del expresidente Rafael Correa, que fue muy crítico de las acciones oficiales. Pero además circularon diversas fake news adjudicándole al correísmo falsas posiciones de defensa de “los DD HH de los delincuentes”, en sintonía con el remanido discurso de la derecha. Lo cierto es que los sectores de la oposición critican el abordaje represivo del gobierno, sobre todo con la instauración del estado de excepción en Guayas y Esmeraldas y que luego hizo extensivo a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, con toque de queda desde las 21 horas.

Es la cuarta vez en lo que va del año que se apela a esta medida que habilita al Ejecutivo a suspender o limitar el derecho a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, libertad de tránsito, de asociación, de reunión y de información, según el artículo 164 de la Constitución.

El primero fue en abril en las tres provincias costeras de Guayas, Manabí y Esmeraldas, para «contrarrestar la violencia generada por el narcotráfico”. En junio, una huelga de 13 días dio lugar a la disposición del estado de excepción en Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza por «grave conmoción interna”, lo que generó un «levantamiento indígena nacional”. En octubre se estableció un control de armas, tráfico de drogas y patrullas, con estado de excepción en las provincias de El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos.

El que rige en Guayas y Esmeraldas desde el 1 de noviembre y por 45 días se estableció por actos de «sabotaje y terrorismo», luego de 10 atentados con explosivos contra estaciones de servicio, unidades de policía y un hospital.

La «lucha estatal contra los privilegios en los cuarteles generales del crimen en los centros de reclusión” ha sido respondida con «terrorismo”, aseguró Lasso. La eficacia del combate contra las bandas del crimen organizado, que ganan terreno dentro y fuera de las cárceles, fue cuestionada por el propio Correa, en referencia al arsenal de municiones y armas incautado en Guayas.

“Las dos únicas explicaciones para entender cómo ese arsenal podía estar dentro de la cárcel: complicidad o corrupción. Escojan”, tuiteó el expresidente. En tanto, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), que administra las cárceles, realizó una nueva rotación de los reclusos dentro de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.   «