La Justicia frenó la subasta de 14 vagones de subte por posible presencia de asbesto

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires frenó la subasta de 14 vagones de Subte en desuso ante la posibilidad de que contuvieran asbesto, una sustancia cancerígena que es el eje de añejos reclamos de los trabajadores, cuyo gremio denuncia que ya ha causado tres muertes y que otras siete personas contraigan la enfermedad.

La subasta debía realizarse en junio pasado, pero a raíz de una presentación de los legisladores porteños Victoria Montenegro y Juan Pablo Modarelli el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Francisco Ferrer dictó una medida precautelar que frenó la operación. La Ciudad, a través de la empresa que administra el servicio de subte, planteó una revocatoria para avanzar con la venta de los vagones. Pero lo hizo presentando información incompleta y atrasada y el magistrado mantuvo su decisión.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) viene realizando reclamos y medidas de fuerza por la supuesta continuidad del asbesto en las formaciones que a diario transportan a millones de pasajeros por las entrañas de Buenos Aires. La empresa que administra el servicio sostiene que realizó unas 2500 mediciones del aire en los túneles y que la calidad es adecuada. Desde 2003 la presencia de asbesto en los ámbitos de trabajo está prohibida, pero 20 años después los reclamos continúan.

«No se ha acompañado documentación pertinente que permita tener por acreditado que los coches, cuya subasta se pretende, efectivamente no contienen asbesto. (…) Subterráneos de Buenos Aires S.E (SBASE) aún no ha dado cumplimiento con la manda judicial dispuesta, toda vez que no ha acompañado los informes requeridos ni los estudios técnicos que sustenten los extremos por ella invocados, así como tampoco ha brindado la información ni las explicaciones requeridas», sostiene el fallo.

Montenegro y Modarelli, legisladores del Frente de Todos, pidieron a los tribunales locales la suspensión de la subasta número 2974.  Convocada para el 14 de junio pasado, pretendía «subastar 14 coches marca General Electric, fuera de uso y provenientes de la renovación general de la flota de Subterráneos de Buenos Aires y no aptos para uso en la red, según surge de las condiciones de venta publicadas en la página oficial del Banco Ciudad».

La empresa estatal que explota el servicio del subte argumentó que la Comisión de Asbesto, un organismo con representación de todas las partes, había concluido en 2018 que los coches a subastar no contenían el material nocivo para la salud. Calificó a la acción judicial como una «aventura jurídica» y puntualizó que «los coches dejaron de utilizarse en la red no porque contengan o no asbesto, sino porque es material rodante obsoleto que ya está excedido en el kilometraje y en vida útil». El freno a la operación, añadieron, compromete el servicio público ya que «una de las principales razones por la cuales se había decidido subastar los coches había sido la falta de espacio físico existente en la red, lo que obstaculizaba en varios aspectos el poder brindar un servicio más eficiente y seguro para los pasajeros». SBASE no explicó de qué manera vagones que no están sobre las vías podrían obstaculizar la circulación de vagones que sí están sobre las vías.

La respuesta del juez fue lapidaria: «los argumentos brindados por SBASE no logran conmover lo decidido por este Tribunal. Lo manifestado no aporta nuevos elementos que modifiquen lo ya resuelto». Ello, en sintonía con los legisladores, quienes afirmaron que «aún no fue demostrado que los coches a subastar no contienen asbesto en la actualidad, debido a que la codemandada sigue sin presentar documentación para respaldar sus dichos».

El tribunal entendió que «pese a que en las condiciones de la convocatoria se había consignado que –según lo informado por SBASE– los coches objeto de la subasta no estaban sospechados de contaminación por asbesto, no se había acompañado adjunto a ella certificación alguna que así lo acredite. Frente a dicho escenario, resultó menester inclinarse por la adopción de una medida que intentara la preservación del ambiente y el derecho a la salud». El fallo sostiene, además, que «no podía considerarse afectado el interés público», puesto que «la medida en análisis no guardaba vinculación alguna con el servicio de transporte que tiene a cargo la demandada ni suponía afectación alguna al modo en que se desarrollaba el mismo».

La documentación que presentó SBASE explicó que hay «tres tipos de coches: las Unidades Motrices de Cabina Simple (UM), las Unidades Motrices de Cabina Doble o ‘Babys’ (M) y las Unidades Remolque (UR). Se analizaron los coches UM y M (ambas unidades motrices), toda vez que aquellos contenían la totalidad de los elementos a muestrear para los tres tipos de coches, mientras que los coches UR solamente contenían muy pocos elementos de los enumerados en el listado, pero que luego de ser analizados se comprobó la inexistencia total de asbesto en los mismos».

¿Por qué, entonces, el juez rechazó el pedido para reanudar la subasta? Porque los legisladores demostraron «que el referido informe no es actual, y que los coches a subastarse bien podrían haber sido contaminados de manera posterior al informe mediante la utilización de autopartes con fibras de asbesto en los mismos, toda vez que los coches a subastar estuvieron en el mismo depósito/taller que los coches que contienen asbesto». No existe «conclusión técnica alguna –y mucho menos actual– de la Comisión de Asbesto» que asegure que los vagones son inofensivos.

SBASE apeló el fallo y el juez concedió el recurso para que la Cámara del fuero revise su decisión. Pero lo hizo «sin efectos suspensivos». Mientras no haya certezas, tampoco habrá subasta. «