La economía y la política condicionadas por el nuevo acuerdo con el FMI

El gobierno respiró aliviado con la noticia del acuerdo con el Fondo Monetario. Lo considera un ancla económica necesaria para lograr que el mercado financiero no apriete con una corrida cambiaria hasta fin de año.

Por eso, en el Palacio de Hacienda destacan que las nuevas metas estén establecidas con una visión semestral y que la próxima revisión esté prevista recién para noviembre. Además, evalúan como un éxito el hecho de que se haya mantenido la meta de déficit fiscal para todo el año en el nivel del 1,9% del Producto Interno Bruto (PIB, la riqueza que genera el país en un año). También destacan que se le ganó al FMI la pulseada en torno de una devaluación brusca y grande del peso.

Características

Pero lo acordado con el FMI tiene otras varias características. La primera es que el Directorio del Fondo lo tratará a la vuelta de sus vacaciones, lo que sucederá en algún momento de la segunda quincena de agosto. Esto podría parecer casual, pero entre el anuncio del viernes pasado y ese momento se votará en todo el país las PASO, cuyo resultado puede alterar todo lo acordado: un mal paso del oficialismo puede derivar en un cambio de posición del organismo multilateral, que buscará con más ahínco los contactos con las fuerzas ganadoras.

La segunda característica saliente es que el FMI no desembolsa un dólar (o DEG, su moneda de giro) hasta la revisión y la Argentina deberá pagar los dos próximos vencimientos con fondos propios o nueva deuda. Ya lo había hecho en junio, mientras se discutía este nuevo pacto. Ahora repite.

Esta situación merece una acotación: la Argentina pagará estos nuevos vencimientos, por unos U$S 3500 millones, con nueva deuda tomada con China (los yuanes) y con organismo financieros internacionales. Es decir, el capital y los intereses que se deben al FMI generan un nuevo capital e intereses con nuevos acreedores. Es un anatocismo encubierto, algo que está prohibido en los Códigos Civiles y Comerciales.

La tercera característica es que, entre el viernes pasado, cuando se anunció el acuerdo, y la reunión del Directorio del Fondo para aprobarlo, el gobierno deberá demostrar que está haciendo los deberes.

Para que no hubieran dudas, el comunicado del FMI puso en boca de Luis Cubeddu, director Adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental, y Ashvin Ahuja, jefe de Misión para Argentina, una definición: las autoridades argentinas se comprometen «firmemente» a llevar adelante las medidas que se anunciaron.

«Dados los desafíos económicos, las autoridades acordaron aplicar firmemente el paquete de políticas en las próximas semanas y meses, y adaptarse de manera proactiva a la evolución de las condiciones externas e internas. También subrayaron una vez más su compromiso continuo de mantenerse al día con sus obligaciones financieras con el Fondo, en línea con sus objetivos de sostenibilidad externa».

¿A qué se comprometieron «firmemente» las autoridades argentinas?

Ajuste fiscal

El compromiso más saliente es el vinculado al resultado fiscal. Para llegar al nivel de déficit establecido en el programa, el Fondo releva tanto los ingresos como los egresos. De los primeros, tras señalar el impacto de la sequía (que reduce los ingresos por la caída de las retenciones), acepta la aplicación del impuesto PAIS al conjunto de las importaciones de bienes y servicios, que estableció el gobierno el lunes pasado.

Ahora empezará el debate acerca de si con esas medidas alcanza para cubrir lo que la sequía negó. El FMI considera que no es suficiente, por eso reclama (y el gobierno se compromete a aplicar) un ajuste sobre salarios estatales, planes sociales, tarifas y transferencias a las provincias.

A lo largo de los dos meses que se tardó para llegar a este punto, el gobierno adujo que la sequía impedía cumplir con el déficit pautado del 1,9%. Incluso, Sergio Massa llegó a decir en un acto de campaña electoral que el gobierno no aceptaría un acuerdo basado en el ajuste fiscal. Lo cierto es que en algún momento de las negociaciones, el Palacio de Hacienda presionó por una ampliación del déficit en base a la caída de la recaudación, y llevarla al 2,5% del PIB.

Es claro que el gobierno no tuvo éxito en esa pulseada y que será muy difícil llegar a un déficit del  1,9% del PIB. Ello porque en los primeros seis meses del año ya acumuló más de dos tercios de ese déficit. El tercio restante deberá liquidarlo en largos seis meses.

En el ambiente del oficialismo se habla de una suerte de viveza criolla, por la cual el ministro Massa firmaría con la mano lo que estaría dispuesto a borrar con el codo. Si eso funciona o no, es parte de las incógnitas que se develarán en el futuro.

A dónde van los dólares

En la visión del FMI, los dólares que acumule el Banco Central deben estar al servicio del pago de las deudas en esa moneda. Es decir, se trata de evitar que los inversores y especuladores que están actualmente posicionados en moneda nacional busquen pasarse a inversiones en moneda extranjera. Para ello, la deuda en moneda local debe ser atractiva. Eso implica la suba de las tasas de interés de los títulos públicos (como sucedió esta semana con la nueva emisión de deuda nacional).

Al mismo tiempo, implica mantener el control de las importaciones, de forma tal que no haya una fuga de divisas por esa vía. El riesgo es acentuar el descenso del ritmo de la producción o encarecerla porque el sector privado buscará acceder a dólares a través de las formas alternativas (dólares financieros o el blue).

Inflación

La inflación es el flagelo que afecta a todos los que tienen ingresos en pesos y no tienen manera de controlar los precios que pagan. Es el caso de los asalariados, los jubilados y los beneficiarios de planes sociales.

Ahora bien, tanto las medidas que adoptó el gobierno en el inicio de la semana como lo acordado con el FMI impulsan la inflación.

En el caso de las primeras, al aplicar el impuesto PAIS a todas las importaciones, las encarecen y los empresarios las trasladan a los precios. Esto ya se verificó en la semana con las chapas de Techint, que subieron más de un 10%. Esa producción es materia prima para un gran conjunto de bienes de consumo finales.

Respecto del compromiso con el FMI, al impulsar las tarifas, las tasas de interés y la devaluación «controlada» del peso, se fomenta la inflación a nuevos niveles. Incluso, la autorización al gobierno para que intervenga en los mercados cambiarios con títulos públicos implica emisión de pesos, que al no estar vinculados a un aumento de la producción, van a parar a la pila de pesos sin respaldo e inflacionarios. Al respecto, cabe una reflexión: el FMI autoriza la emisión para manejar el valor del dólar, pero pone el grito en el cielo si es para sostener el nivel de vida de los sectores más vulnerables. Y el gobierno nacional se compromete «firmemente» a sostener esa posición.

La derecha argentina se lamenta de que el FMI se haya resignado a un acuerdo «posible», sin imponer una fuerte devaluación. En los próximos días tratará de imponer la idea de que mejor que un ajuste es un ajustazo.