El candidato a vice de Juntos por el Cambio profundiza la persecución tras la sanción de la reforma constitucional. 46 pedidos de detención, que incluyen a los propios abogados. Amnistía Internacional y funcionarios de las provincias advierten sobre el aumento de la violencia institucional a un mes de las PASO.
En este contexto, creció en las últimas horas el llamado de organismos de Derechos Humanos locales e internacionales y funcionarios del área de distintas provincias del país advirtiendo sobre la persecución a las personas que vienen ejerciendo la defensa de los detenidos, un hecho que obligó a desperazarse al mismísimo Colegio de Abogados de Jujuy, de conocida cercanía con Morales: desde Amnistía Internacional hasta el CELS, pasando por funcionarios de DD HH de trece provincias, quienes emitieron un comunicado en el que expresaron su «preocupación ante el creciente deterioro del estado de derecho y falta de respeto a las garantías constitucionales en la hermana provincia de Jujuy».
Testimonios
«Necesito saber adónde está mi hijo, quién se lo llevó, adónde, cómo…», repetía Carola Samboni en la noche del miércoles en la puerta de la comisaría de Humahuaca. Franco, su hijo, fue uno de los 22 notificados con pedido de detención el 12 de julio, por una causa penal que se inició tras la violenta represión del 30 de junio, mientras sesionaba el Concejo Deliberante de esa ciudad, para tratar el repudio a la reforma constitucional. Noelia Quispe, concejala de Juntos por el Cambio, es indicada como quien dio la orden a la policía. Esa noche, Joel Paredes, de 28 años, perdió un ojo por una bala policial. Fue también Quispe quien impulsó la denuncia penal por sedición en contra de las personas que participaron de la protesta. Con ese motivo, Franco Samboni fue arrestado el miércoles a las 10 de la mañana. Recién 13 horas después su madre supo que había sido trasladado al penal de Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy.
«Siguen detenidos. Con la gravedad de que estuvieron más de 13 horas incomunicados. Los detuvieron en Humahuaca, los trasladaron a San Salvador por los cerros, lo que fue un escarmiento. No sabíamos dónde estaban», cuenta la diputada provincial Natalia Morales (PTS). Al día siguiente se libraron otras 24 notificaciones judiciales, esta vez en San Salvador: entre los detenidos está Iván Blacutt, de la Izquierda Socialista y docente universitario: «todos son referentes sociales, sindicales y políticos», dice la diputada. Las acusaciones versan sobre estragos, resistencia o atentado a la autoridad, tienen como eje la represión en la Legislatura y se multiplicaron tras la conferencia de prensa del gobierno jujeño días atrás en la que anunciaron que iban a empezar las detenciones. Esta misma semana Morales fue corrido por derecha por el otro candidato a vice, Luis Petri, que lo acusó de «tibieza». Natalia Morales acota: «La policía que ha reprimido con balas de goma, gases lacrimógenos, disparándonos a los ojos y haciendo allanamientos sin órdenes judiciales, en camionetas sin patentes, no tiene ni una investigación».
Autonomía universitaria
Otra novedad esta semana fue que la avanzada represiva también se dio en el frente universitario. El 10 de julio, Morales amenazó por TV con expropiar la sede de la UBA en Tilcara porque «son los que incentivan los cortes», aunque de fondo lo que quiere es que le entreguen el manejo del sitio arqueológico Pucará de Tilcara. Dos días después, la policía provincial violentó la autonomía universitaria de la Universidad Nacional de Jujuy. «Estábamos en la reunión del Consejo Superior cuando vimos a la policía, en un lugar donde estábamos discutiendo justamente aspectos vinculados a estas prácticas policiales», cuenta a Tiempo Daniel Roisinblit, secretario del gremio docente Adiunju. «Estaban sin identificación», añade. Ante su insistencia, uno de ellos le dijo que habían recibido órdenes de la Brigada para apersonarse. «Querían saber si íbamos a cortar una calle. Fue una acción intimidatoria». En la sesión se encontraba presente Iván Blancutt, detenido al día siguiente. Ante el repudio generalizado, el gobernador salió luego en sus redes a despegarse del hecho y a indicar que los responsables serían investigados. Nadie dijo aún qué autoridad les dio la orden de ingresar.
Para los abogados, sedición
El cuadro de violencia institucional se completa con la persecución que sufren abogadas y abogados penalistas. El jueves, Alberto Nallar fue detenido en la vía pública, en Perico. Estuvo desaparecido por varias horas hasta que las autoridades informaron que se encontraba en el penal de Alto Comedero. Se le imputa, entre otros, el delito de sedición. De forma simultánea, trascendieron órdenes de detención para los abogados Alicia Chalabe, Ariel Ruarte, René Vicente Casas y Roberto Alemán. Todos habían ejercido la defensa de personas que denunciaron haber sido criminalizadas por protestar. Ese mismo día, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó un habeas corpus preventivo y se obtuvo la domiciliaria para Nallar. Amnistía Internacional lanzó una campaña global para su liberación y desde organismos como el CELS pidieron a la CIDH la «protección para personas defensoras de Derechos Humanos de Jujuy». Hasta el Colegio de Abogados de la provincia, presidido por Ramiro Tizón –aliado del gobernador– emitió un breve comunicado en repudio por lo que está sucediendo con sus colegas.
«El ejercicio de la profesión en Jujuy, desde hace siete años y medio, es bastante riesgoso. Quienes integramos el equipo de defensa de Milagro Sala hemos sufrido una serie prolongada de persecuciones judiciales», dice a Tiempo el abogado Luis Paz. Tanto él como la exministra Elizabeth Gómez Alcorta, Ariel Ruarte y Álvarez Carreras enfrentan causas administrativas y penales. «Hay un particular encono por parte del gobernador con abogados de organizaciones sindicales, sociales o defensores de Derechos Humanos», destaca.
Abogados defensores de Jujuy, que pidieron resguardar su identidad por las represalias, contaron que es frecuente la incomunicación de los detenidos, la falta de información de sus paraderos por largas horas, traslados intempestivos en vehículos sin patentes, completo hermetismo acerca de los expedientes, incluso del número de la causa, con la anuencia plena de los fiscales. Se suman requisas ilegales cuando van a ver a sus defendidos: en la última ola de detenciones, el servicio penitenciario pretendió que algunas abogadas se desnuden por completo para ingresar.
Silvana Llanes, abogada penalista en Jujuy, denuncia: «No existe seguridad jurídica ni imparcialidad en los jueces para resolver». Y acota: «Aquí no se cumplió con ningún protocolo antidisturbios, la mayoría de los heridos tienen impactos en la cara, en los brazos para cubrirse. Y después no querían ir al hospital porque en lugar de curarlos los denunciaban».
Derechos Humanos
Ya hay departamentos en los que el Concejo Deliberante votó contra la reforma. En algunos de ellos, como Abra Pampa y La Quiaca, denuncian que desde ese momento empezaron a recibir menos partidas de la Provincia para abonar los sueldos. Hasta ayer seguían activos al menos diez cortes de ruta. En el de Purmamarca está Ismael, nacido y criado en Chalala. Milita la causa del Tercer Malón de la Paz, en la provincia con mayor presencia indígena del país: «Vamos a seguir resistiendo. Morales hizo la reforma sin consultar. Sabemos que van a llegar las mineras por el litio. Todo esto es por el litio».
Los relatos se multiplican. Lian Mijael Lamas, el estudiante de 17 años que perdió un ojo, asegura que la policía tiró a la cara. A Camila Muller, docente y artista que protestaba contra la reforma, le entraron un hombre y dos mujeres a su casa. La ahorcaron, la torturaron, abusaron de ella por media hora. «Dejá de mover el culo y de hacerte la revolucionaria, sos una puta», le dijeron antes de irse. A Juan Ferrero, docente detenido tras el 20 de junio, lo amenazaron con que iba a ser el próximo Santiago Maldonado: «Me subieron a un patrullero y me golpearon. Me dijeron ‘te gustan los Derechos Humanos’. Me hicieron rezar», Son rompecabezas de un teatro de operaciones con mirada nacional. Esta semana, tras casi un mes desde la sanción de la Reforma –que contó con el apoyo del peronismo jujeño–, el presidente Alberto Fernández ordenó la intervención del PJ provincial. «
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