Hace poco más de un mes, el 24 de febrero, un artículo de Tiempo Argentino lo advertía: “En plena pelea salarial, Vidal avanza con 3 mil jubilaciones docentes de oficio”. En el boletín oficial del viernes pasado, se publicó la medida por la que la gobernadora María Eugenia Vidal ordena jubilar de oficio a alrededor de tres mil docentes, que cobrarán el 60% de sus haberes. Los afectados por la medida, tampoco percibirán el aguinaldo ni los aumentos que se resuelvan en la negociación paritaria provincial que por el momento no tiene visos de acuerdo. 

Los gremios denuncian además, que los docente que sean alcanzados por la decisión, además no podrán utilizar la obra social IOMA hasta tanto finalicen los trámites. Las fuentes gremiales aseguran que el gobierno busca desfinanciar la caja docente del Instituto de Previsión Social “para ejecutar la reforma previsional provincial y quedarse luego con los ingresos de los docentes”. En esa misma dirección, la Federación de Educadores Bonaerenses y SUTEBA el mismo viernes, horas después de que se publicara la medida, presentaron ante la Dirección de Escuelas un documento para impugnar la resolución 2397/17 porque “condena a los docentes a la pobreza”.

El gobierno bonaerense admitió que la medida alcanza a 1400 maestros con 60 años de edad y 30 de servicio, aunque ya en la nota que este diario publicó en febrero, Marina Mapelli, secretaria de Jubilaciones del SUTEBA, explicaba: «Hemos detectado la conformación y carga de más de tres mil expedientes que contienen el cese de oficio con fines jubilatorios para docentes de la provincia fuera del marco legal. Es decir que no existe ni la resolución ni el acto administrativo que respalde esto y además desconoce el artículo 18 del Estatuto del Docente, que garantiza poder retirarse con los requisitos jubilatorios máximos». 

La DGCyE deberá hacerse cargo de las jubilaciones de oficio durante el lapso que duren los trámites, pero luego el IPS devolverá el dinero a la dependencia estatal y además tendrá que pagar el retroactivo del 40 por ciento a cada uno de los docentes. En ese sentido, los diferentes gremios denuncian que el objetivo final es desfinanciar el IPS, y aseguran que hay antecedentes: Vidal intentó apropiarse de esa caja, argumentando que era deficitaria, en el mismo momento que, por decreto, ordenaba la transferencia de la caja del Banco Provincia al Estado.

De este modo, el gobierno provincial busca replicar una medida similar que tomó en 2016 fue frenada judicialmente por los gremios. En aquella ocasión había decidido jubilar de oficio a 1500 docentes.