Uno de cada cinco casos de situación de calle surgió en el último año

Una de cada cinco personas que está en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires se cayó del sistema hace menos de un año. No hay dudas. Tanto el censo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como el relevamiento que hicieron unas 50 organizaciones sociales y políticas, coincidieron en esa proporción, el 23 por ciento. Sin embargo, yendo a los datos finos, las estadísticas oficiales carecen de cierta rigurosidad: para el gobierno se trata de 200 personas, mientras que para las organizaciones la cifra de los recién caídos representa a más de 1000; y si se tiene en cuenta a aquellos que también pasan la noche en paradores, los casos se disparan a 1350.

A principios de semana, el subsecretario de Fortalecimiento porteño, Maximiliano Corach, sorprendió al confirmar que las personas que dormían en espacios públicos habían pasado en un año de 866 a 1066. Intentó así adelantarse a la presentación del informe que dos días más tarde hicieron las asociaciones civiles. Entre ambas cifras dista un abismo. El resultado de este censo paralelo fue de 4394 personas en situación de calle y 1478 que asisten a los paradores, dando un total de 5872 personas.
«No tienen autoridad moral para hablar de lo que ellos mismos provocan», dijo Horacio Ávila, de Proyecto 7, en referencia a las declaraciones de Corach. La ONG de Ávila fue una las impulsoras del Primer Censo Popular de Personas en Situación de Calle realizado en Capital tras el fracaso de la aplicación de la Ley 3706 que contempla que el gobierno porteño debe hacer un relevamiento anual preciso sobre la problemática para poder implementar futuras políticas públicas.

Las organizaciones que realizaron el Censo Popular contaron con el aval de la Defensoría del Pueblo, la Auditoría General, el Ministerio Público de la Defensa y el Consejo Económico y Social, entre otros organismos, que coincidieron en señalar que «había una enorme necedad por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto de los datos de las personas en situación de calle y aquellas que están en riesgo de estarlo», tal como plantea la ley que fue aprobada en 2010.

Entre otras conclusiones, los organismos indicaron que «era innegable el aumento de la gente en situación de calle, dado que a fines del año pasado la pobreza en Capital se ubicó en torno al 20 por ciento. Este trabajo serio y colectivo refuerza la idea de que al no haber un buen diagnóstico, se sigue retaceando el presupuesto para las áreas sociales y las respuestas nunca llegan, no solo en términos de asistencia, sino en políticas públicas integrales que permitan a la gente en situación de calle sobreponerse”.

 La calle en primera persona Ezequiel Matías Coria es uno de los recién caídos. Tiene 26 años y hace un mes que se la rebusca en la calle, después de que lo echaran de un lavadero de autos en Villa Crespo, donde llegó a trabajar unos siete meses, 12 horas por día y en horario nocturno: de 20 a 8. Pero «tuve una actitud mala que me hizo perder el trabajo», explica el muchacho, al tiempo que reconoce sus problemas de alcohol. «Robar y la violencia no están en mi ser», se ataja.

El joven no pudo volver a la habitación que alquilaba y hoy anda con lo puesto. «Es la primera vez que vengo para acá, aunque sabía que daban comida”, dice el joven, apoyado sobre las cortinas de un negocio, casi en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Sáenz Peña, frente a la Plaza de los Dos Congresos.

En ese lugar están apostados los colaboradores de dos ONG que mitigan ciertas necesidades de los sin techo: Manos que ayudan y Amor en acción. La primera lleva porciones de guisos que elaboraron con donaciones de carnicerías mientras que la segunda lleva sopas con el aporte de verdulerías. Estas dos organizaciones están todos los martes de 20 a 21 y conforman uno de los grupos que se turnan para que la asistencia se complete todos los días de la semana.

“Siempre hay nuevos. Se corre la bolilla y viene gente de los alrededores», cuenta Daniel Picco, quien junto a su mujer fundaron Amor en Acción hace más de diez años. «Antes entregábamos un promedio de 50 o 60 viandas, pero ahora llegamos a dar 200», agrega este profesor de Teología del Instituto del Consejo Superior de Educación Católica.

Después de comer y hacerse de algunas mermeladas, frazadas y algo de ropa, Ezequiel sigue rumbo hacia Santiago del Estero y Carlos Calvo, donde una iglesia comunitaria lo está alojando desde hace una semana. «Es mejor que un parador que a las 06:30, en el peor frío del día, te dejan en la calle. No les importa si quiera si llueve», añade y concluye: «No estoy orgulloso ni nada, ahora tengo un microemprendimiento de pañuelitos descartables. El viernes pasado salí y hoy también (por el martes) a venderlos en la calle 2 por 10 pesos y me está yendo bien.»

Agostina, de 32 años, y Jeremías, de 35, hace poco más de un año que están juntos. En las escalinatas del Museo del Senado, en Yrigoyen al 1700, ella le da el pecho a su beba de pocos meses, mientras él pide monedas para pasar la noche en un hotel. Tiene que llegar a 380 pesos. «No da para pasar la noche en la calle, más que nada por la criatura», sostiene el muchacho, sin ser el padre de la beba.

Hasta hace siete meses, la joven vivía con su mamá y sus cuatro hijos en una de las dos habitaciones que alquilaban en Rivadavia al 2400. Pero la expareja de Agostina quemó el lugar y ella quedó en la calle. Ahora, sus otros tres hijos –uno de ellos con retraso madurativo– quedaron al cuidado de su madre.

Jeremías, que supo hacer de todo, desde abril cuenta con una pensión de 4200 pesos. Aunque este derecho le llega tarde ya que desde los cinco años perdió la vista del ojo derecho tras clavarse una aguja de tejer.

Las mujeres representan el 25% de las personas en situación de calle. El caso de Agostina refleja el fracaso del sistema y del Estado, que lejos de advertir que la joven fue víctima de violencia de género y contenerla, hoy deambula con parte de su familia para poder comer y, con un poco de suerte, poder dormir en un cuarto de hotel junto a su compañero y su beba. «

Víctimas de violencia institucional y social

El 70% de las personas en situación de calle aseguró haber sido víctima de violencia institucional o social. A esta conclusión llegó el Ministerio Público de la Defensa, que fue una de las piezas clave del Primer Censo Popular de Personas en Situación de Calle. El coordinador del programa Contra la Violencia Institucional del organismo, Christian Gruenberg, indicó: “Trabajamos este tema con mucho cuidado porque la población tiene una doble discriminación. Por un lado es invisibilizada en las políticas sociales y por el otro es hípervisibilizada desde la vigilancia de las fuerzas de seguridad”.

Aquellos que duermen tanto en espacios públicos como en paradores de la ciudad precisaron haber sido víctimas frecuentes de discriminación, amenazas y violencia física. En menor medida, indicaron haber sufrido abusos sexuales, robos y hurtos.
“Hay dos tipos de violencia institucional. Una vinculada con la policía pero también hay otra relacionada con los servicios públicos que interactúan todos los días con ellos. Los dispositivos que tendrían que garantizar derechos humanos en personas en situación de calle tienen una forma punitivista y estigmatizante de tratar el tema”, señaló el funcionario judicial.

“Este estudio deconstruye el prejuicio que se genera sobre este sector de la población al que se le achaca la inseguridad en el barrio y en la ciudad”, agrega Gruenberg, quien argumenta que de esta manera “se los criminaliza y esta es una de las principales barreras que tienen para acceder a los servicios públicos, a la educación y a una vivienda digna”.

Desde el Ministerio Público de la Defensa advierten que en la actualidad “se ampliaron las facultades de la policía y en una época electoral donde hay una demanda fuerte de mayor seguridad, se activan estos prejuicios que crean las condiciones para reproducir y naturalizar la criminalización de las personas en situación de calle”.