Una cesárea para evitar un aborto legal: el retroceso de los derechos de las mujeres en Jujuy

No se respetó ni un solo derecho y sucedió todo lo que no debía suceder: negaron un aborto a una nena abusada, no respetaron el secreto profesional, dieron detalles de la situación clínica de la niña, permitieron el ingreso de grupos antiderechos para que hostiguen a la familia y, finalmente, decidieron realizar una microcesárea como solución al pedido de la menor. Fue una vulneración sistemática.

El viernes 11 de enero la nena había solicitado, junto a su madre, un aborto no punible para interrumpir el embarazo, producto de una violación. Luego de una dilación injustificable, el viernes 18 se practicó una cesárea como solución a este pedido. La beba, que nació de casi seis meses, está en incubadora y será dada en adopción.

«Esta solicitud de interrupción del embarazo tiene una primera instancia», explicó a Tiempo, Noelia Aisama, la abogada de la red de Católicas por el Derecho a Decidir, quien estuvo acompañando a la nena y a su mamá. «En principio llega al sistema de salud de la ciudad de San Pedro de Jujuy, y allí se obstaculiza primero la práctica, a pesar de que había un equipo dispuesto a realizarla», aclara la abogada.

Marcelo Villa es el director del sampedrino hospital Guillermo Paterson. Se trata de un reconocido objetor de conciencia cuando se habla de derechos de mujeres, conocido como parte del sector «antiderechos». A pesar de que cumplía con todos los requisitos que dicta el protocolo para a interrupción del embarazo en menores de 15 años, avalado por Unicef y firmado por el gobernador de la provincia y el ministro de salud, Villa se niega a que la intervención se realice.

«El Estado demoró el acceso a la salud, hubo un mal desempeño. Hemos visto al ministro de Salud haciendo declaraciones innecesarias, a un médico de un hospital de la Maternidad negando abiertamente el derecho a una nena», afirma Aisama. «Hubo un incumplimiento de deberes de funcionarios a garantizar los derechos humanos de las mujeres. Eso es alarmante porque estamos en una provincia donde primero cuesta que se llegue al sistema de salud público, y segundo que se le respeten sus derechos.»

En ese mismo sentido, Elena Meyer, médica del equipo de Consejerías en Salud Sexual e Integral del Ministerio de Salud y de Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, se refirió al nivel de vulneración de derechos de este caso. «Fue un paso para atrás en todo lo que se había construido para dar respuestas a las situaciones de embarazos forzados. Estas situaciones se resolvían desde la Consejería que integro, y con apoyo de la Dirección de Infancia que articula todo para que Salud diera una respuesta. Siempre tuvimos la dificultad en los hospitales, sobre todo en la Maternidad provincial», afirma Meyer.

Cuando la provincia decide tomar el caso, lo hacen desconociendo situaciones similares previas. «Ya habíamos tenido otras situaciones de abusos sexuales en niñas con embarazos de 23 semanas en la Maternidad. Sentimos que en este contexto hubo alguna operatoria con anuencia de autoridades, que permitieron algo que en otros momentos no nos había pasado. Aunque estamos dispuestos a que no nos vuelva a pasar», agregó. «Más allá de que la consulta se hizo de una manera tardía, si se hubiera realizado el día que se pidió todo hubiera sido distinto, sin especulaciones.»

Una práctica incorrecta

El equipo sanitario de la provincia comandado por el ministro Gustavo Bouhid fue el que propuso la posibilidad de una cesárea, que es una práctica de parto, no un aborto no punible. Sin embargo fue una solución a que la niña pudiera alcanzar su derecho de no seguir adelante con un embarazo no deseado. «A la familia se le dieron las alternativas terapéuticas, hubo un consentimiento informado y respaldado por el sistema de salud que la ley exige. Esta alternativa fue evaluada por un equipo de salud que se comprometía a garantizar la evaluación en este cuadro clínico tan particular y fue el que consintió que sea ese el método adecuado debido a la circunstancia que planteaba este caso», aportó Aisama.

En casos anteriores, en los que no hubo presión ni trascendencia mediática, la ILE se pudo llevar adelante sin mayores complicaciones. «Siempre se hicieron por vía baja con medicamentos. Dos médicos tocoginecólogos que integran la Consejería fueron convocados para llevar adelante el procedimiento, pero no tuvieron lugar a proponer otro método, ya estaba la decisión de que sea una cesárea», aclara Elena Meyer. «Estos dos médicos que tienen ética y perspectiva de género asumieron esta responsabilidad porque sólo pensaron en que el embarazo sea interrumpido, es decir, pensaron en cuidar a la niña», finalizó.

Ese mismo viernes, una hora después de la cirugía, ambos profesionales fueron hostigados y amenazados por colegas y grupos antiderechos. «

Una forma de tortura

La Fundación Huésped emitió un duro comunicado respecto a lo ocurrido. “El Estado provincial en Jujuy no estuvo ausente. Estuvo presente por acción y por omisión: impidió el derecho de la niña a la educación sexual integral que permite reconocer y denunciar un abuso. Una cesárea practicada a una nena de 12 años embarazada producto de una violación y un bebé en neonatología no es Interrupción Legal del Embarazo, es maternidad forzada”, denunció. “El aborto -agregó la Fundación Huésped- es legal por tres causales y en su caso se cumplían dos. El Estado obligó a una nena de 12 a pasar por una cesárea. A la fuerza.”
Un dato llamativo fue cuando el ministro de Salud ordenó el traslado de la niña al hospital de San Salvador, donde la mayoría de los médicos son objetores de conciencia. Se invocó una mejor atención, pero la decisión puso en duda que el Estado haya querido garantizar la ILE.

Detractores de la vida

Apenas se conoció el caso un grupo de militantes autodenominados «pro vida» realizaron una manifestación frente el hospital. Allí, lograron ingresar para tomar contacto con la familia, según se sospecha, con el aval de personal del lugar.

El miércoles la diputada Gabriela Burgos, haciendo caso omiso del Código Penal, asistió a las puertas del hospital para apoyar a los grupos de pañuelos celestes y sumarse a la presión que ejercieron sobre el sistema de salud para que no se cumpla la ley.

Cuando se confirmó la cesárea, la Fundación Pro Vida presentó un hábeas corpus al feto con la intención de obligar a la nena a continuar su embarazo. El juez no dio lugar al recurso.