Desde esta semana, Tiempo examina el retroceso sufrido en cada área durante la gestión Cambiemos. Ciencia y Tecnología, sector clave para el desarrollo, fue una de sus principales víctimas.
Entre 2015 y 2018, el presupuesto destinado por el Estado a la función Ciencia y Tecnología se redujo del 0,35% al 0,26% del Producto Bruto Interno. Para este año, la proyección fijada lo había dejado en un menguante del 0,23%, con un importante nivel de subejecución.
La partida de 2019 es de 48.124 millones de pesos. El mecanismo comparativo utilizado para medir cuán por debajo está ese monto respecto de lo presupuestado y devengado en 2015, es el Índice de Precios Implícitos (lo que hace el Ministerio de Hacienda, partiendo de un cálculo muy conservador que a finales de julio proyectaba apenas un 48% de inflación para este año, índice que tras las últimas corridas cambiarias será superado largamente). Ese cálculo fija que la inversión en Ciencia y Tecnología en 2015 equivalió a 77.573 millones de pesos de 2019. Lo que supone una merma presupuestaria del 38% y un recorte total de casi 30 mil millones de pesos a valores actuales. Ese es el monto que verdaderamente equipararía la inversión en ciencia con los niveles de cuatro años atrás y que da cuenta de la enorme transferencia de recursos que se operó en el presupuesto nacional, también desde la función de Ciencia y Tecnología hacia, básicamente, el pago de intereses de deuda.
El análisis del ajuste por organismo indica profundas caídas presupuestarias en todos ellos. La erogación más grande del sector es la del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), que en 2019 dispuso de un presupuesto de 16.966 millones de pesos. En 2015, calculados según IPI, había recibido el equivalente a 23.472 millones constantes a precios de 2019. Es decir, que la partida total del Conicet se redujo en cuatro años en 6500 millones, un 36% menos que al comienzo del gobierno de Mauricio Macri.
En mayo de 2017, cuando el progresivo desfinanciamiento de la ciencia ya era un hecho, se presentó en el Congreso un proyecto de ley para garantizar el aumento sostenido de la inversión destinada a Ciencia y Tecnología, que permitiera situarlo para 2030 en el 3% del PBI. La llamada “ley Perotti” (por el senador Omar Perotti, hoy gobernador electo de Santa Fe, autor de la iniciativa) obtuvo media sanción del Senado pero desde agosto de ese año está cajoneada en la Comisión de Presupuesto de Diputados, presidida por el oficialismo.
Pero la variable que explica aún mejor la virtual parálisis de los institutos del Conicet es el porcentual de la inversión dedicada estrictamente a la investigación. Descontados los fondos asignados a sueldos y becas, los llamados “gastos de funcionamiento” sufrieron un recorte del 56,5%, y si en 2015 suponían la décima parte del presupuesto total del Consejo, hoy no llegan al 4 por ciento.
El número de jóvenes doctores ingresantes a la Carrera de Investigador del Conicet había tenido en el período 2003-2015 un crecimiento vertiginoso, pasando de 327 en 2005 a 596 en 2010 y hasta 943 en 2015, con un pico de ingresos de 957 nuevos investigadores en 2014. El Plan Argentina Innovadora 2020 –anunciado por Lino Barañao, el ministro que siguió en funciones tras el cambio de gestión y fue luego degradado a secretario– planteaba engrosar esa cifra en un 10% anual hasta llegar el año que viene a 1514 ingresos. Los cuatro años del macrismo han desbarrancado esa curva ascendente.
En diciembre de 2016, los resultados de la convocatoria de ese año arrojaron el ingreso de sólo 502 nuevos investigadores. Otro medio millar de jóvenes con doctorados y posdoctorados, que se habían postulado y habían sido recomendados para el ingreso, quedaron afuera, lo que derivó en una toma del organismo, en la calle Godoy Cruz, que duró cinco días, y que se saldó con un pálido ofrecimiento del gobierno: la reubicación de muchos de ellos en universidades nacionales y empresas públicas o con participación estatal, y el otorgamiento o la prórroga de becas a los postulantes excluidos. A pesar de las protestas, las convocatorias siguientes terminaron convalidando el recorte. En 2017 hubo 600 ingresos, y desde el período 2018 quedaron congelados en 450.
Institucionalizado en 2008, el Programa Raíces (sigla de la Red de Argentinos Investigadores y Científico en el Exterior) había conseguido hacia el año 2013 la repatriación de mil científicos, revirtiendo el tradicional flujo hacia el extranjero que desde fines de la década del ’60 había constituido la llamada “fuga de cerebros”. El programa fue vaciado por el macrismo y, si bien no hay datos certeros, es un hecho que la diáspora de recursos científicos formados en el país se reactivó.
Desde la Red Federal de Afectados (los científicos postergados en las convocatorias del Conicet) señalan en más de dos mil el número de jóvenes investigadores que estarían siendo empujados a emigrar. Más precisamente, 2145. En efecto, en abril de este año se publicó la lista de los 450 ingresantes a la Carrera, y se reveló que el total de postulantes fue de 2595. O sea, apenas el 17% podrá continuar sus proyectos de investigación en el Conicet, y el resto, cinco de cada seis, deben buscar otros horizontes.
En virtud de la particular mirada del gobierno respecto de la utilidad de la investigación científica, el área de Ciencias Sociales y Humanidades fue la castigada con más rechazos: ingresó apenas el 6,8% de 556 postulantes. A Ciencias Exactas y Naturales le fue un poquito mejor en el promedio, con la aprobación de una cuarta parte de los proyectos: de 255 postulaciones, hubo 64 ingresos a la Carrera de Investigador: 22 de Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera (sobre 88 postulantes), 15 de Física y 15 de Química (sobre un total de 119 presentaciones en las dos disciplinas), 7 de Matemáticas (de 30) y apenas 5 de Astronomía (sobre 18 postulaciones).
Según datos de la Secretaría de Políticas Universitarias, en 2015, el sistema universitario argentino había superado los 2400 doctorados al año, disponibles para un sistema científico que ahora le cierra las puertas.
Un estudio realizado por un grupo de becarias (Aizcorbe, Almejún, Gori y otras) ilustra, además, la desigualdad de género que subyace en los rechazos de la última convocatoria: ingresó sólo una de cada siete mujeres postulantes (189 de 1298) y uno de cada cinco hombres (154 de 842). El 75% de las denegadas –doctoradas con 12 años de formación– está en el rango etario de 33 y 41 (según una estadística del Indec, las mujeres con estudios universitarios completos retrasan hasta seis años el inicio de la maternidad).
El deterioro de la ciencia ha ido de la mano del menguante poder adquisitivo de los sueldos del sector. Un reciente informe de CIFRA (el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, dependiente de la CTA) grafica el derrumbe del salario real de los investigadores y becarios del Conicet. Desde diciembre de 2015, la pérdida de su poder adquisitivo fue, en promedio, del 37,8%, mayor que el 34,6% que perdieron, en general, los salarios de la administración pública. De acuerdo al estudio, el poder de compra de una beca doctoral se ubica en 2019 apenas 10% por encima de una de 2002. Y el salario de un investigador principal le rinde menos que en 2006, un retroceso de 13 años.
El informe de CIFRA va un paso más allá y calcula los ingresos brutos totales que dejaron de percibir los científicos, por el deterioro de sus salarios, desde 2015 (calculados, con inflación, en pesos de mayo de 2019): un becario doctoral perdió por el camino, en los cuatro años de la gestión Cambiemos, 121.851 pesos; y un investigador principal, 463.014 pesos.
La frutilla del postre hubiera sido que los becarios, con estipendios bajo la línea de pobreza, no cobraran el bono de 5000 pesos otorgados la semana pasada a los trabajadores estatales nacionales. Tras una primera negativa del gobierno, se resolvió que perciban el adicional.
La presencia de la bióloga Marina Simian concursando en el programa de tevé ¿Quién quiere ser millonario? generó opiniones encontradas al interior de la comunidad científica, pero sin dudas visibilizó para el gran público la menguante capacidad económica de los científicos para hacer ciencia básica sin los recursos que antes proveía el Estado. El tono “emprendedorista” y de salvación individual del caso Simian pareció querer instalar la idea de que conseguir fondos para financiar proyectos es un problema personal de cada investigador y no, precisamente, una política de Estado. La propia bióloga se reunió casi de inmediato con el presidente Macri, que “entendió” y prometió resolver su reclamo, dijo, e incluso tiempo después firmó una carta de respaldo a su reelección. En todo caso, la cuestión de los insumos entró en la discusión.
La habitual burocracia en el otorgamiento y desembolso de subsidios para PIPs, PIOs y PUEs (proyectos de investigación plurianaules, orientada y de unidades ejecutoras), para la compra de insumos y equipamiento para investigar, se ralentizó como nunca durante la gestión Cambiemos, y tras meses o años de espera entre la gestión de los fondos y su disponibilidad, las cíclicas devaluaciones pulverizaron el poder de compra de esos subsidios. Que además se redujeron notablemente. Los aportes del Tesoro a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica se redujeron un 62,4% en cuatro años, y el financiamiento externo, vía organismos multilaterales de crédito como el BID, cayó un 27,5 por ciento.
La debacle de la ciencia argentina es tal que ha generado reacciones inéditas para el sector. El clisé del investigador encerrado en su laboratorio, ajeno a los debates de la cosa pública, dejó pasó a una actividad militante, y junto a las manifestaciones de los jóvenes becarios precarizados se fue gestando un importante movimiento, impulsado por algunas figuras centrales de la ciencia local, que terminó de cuajar definitivamente en abril de este año en un plenario de directoras y directores de institutos del Conicet, reunidos en Córdoba, donde redactaron un Manifiesto exigiendo un urgente plan de salvataje para el organismo, suscrito por el 90% de los responsables de las unidades ejecutoras. Hubo luego dos Cabildos Abiertos en Defensa de la Ciencia y la Tecnología, que instalaron la cuestión en el centro del debate electoral.
En ese contexto se produjo, a fines de mayo, la largamente postergada normalización política del directorio del Conicet, con los nombramientos de los doctores Alberto Kornblihtt y Mario Pecheny como miembros. Casi un año antes habían sido electos por sus colegas, en representación de las grandes áreas de Ciencias Biológicas y de la Salud, y de Ciencias Sociales y Humanidades, respectivamente, votados masivamente a partir de una plataforma electoral que busca explícitamente revertir el proceso de vaciamiento del organismo. Durante meses pareció que la demora en el trámite, una prerrogativa del Poder Ejecutivo, iba a repetir la escandalosa afrenta que desde el gobierno se hizo al doctor Roberto Salvarezza, hoy diputado, presidente del Conicet hasta 2015, electo por sus pares para el directorio en 2016 y cuya designación Presidencia de la Nación se negó a oficializar.
El modo más violento del vaciamiento en el sector científico se dio en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. En enero de 2018, el despido masivo de 258 profesionales, técnicos y auxiliares del organismo fue una de las manifestaciones más acabadas del proyecto desindustrializador del macrismo. En respuesta a los 47 días de paro y el acampe que siguieron, el gobierno militarizó el predio de General Paz y Constituyentes, además de avanzar en una reestructuración de los centros de investigación y desarrollo con vías a privatizar sus servicios, y crear dentro del organigrama del INTI, a contramano del discurso de austeridad, unas 40 gerencias y subgerencias. En cuatro años, el presupuesto del INTI se redujo un 47,8 por ciento.
La soberanía satelital, premisa clave del desarrollo tecnológico del gobierno anterior, quedó definitivamente archivada. El presupuesto de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales cayó entre 2015 y 2019 un 71,2%, sobre todo como resultado de la suspensión de los proyectos de los vehículos de lanzamiento Tronador y los satélites de la serie SARE.
La construcción del Arsat-3, nave insignia del desarrollo aeroespacial argentino, fue virtualmente paralizada. Y la modificación por decreto de la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital (sancionada en 2015), abrió el negocio a los prestadores privados. Durante la gestión Cambiemos se autorizó la operatoria de más de 25 satélites extranjeros, para cubrir servicios que iba a ofrecer Arsat y para no perder los derechos sobre la posición orbital 81 grados Oeste.
En julio de 2018, Mauricio Macri anunció la cancelación de contratos con la empresa estatal rionegrina INVAP (que construyó los Arsat-1 y 2, lanzados exitosamente en 2014 y 2015), porque “eran de la época de la magia y la plata no está”. Otro proyecto vinculado a INVAP cercenado de cuajo fue la Televisión Digital Abierta (TDA), que iba a democratizar el acceso a la televisión de calidad pero entraba en colisión con los intereses del macrismo y sus socios en materia de telecomunicaciones. Desde entonces, todo un entramado de pymes tecnológicas que giraban alrededor de estos proyectos entró en una espiral de despidos y cierres.
Otro organismo clave para el desarrollo autónomo, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), perdió un 33,1% de su presupuesto. Salvo los proyectos RA-10 (un reactor multipropósito para el diagnóstico de enfermedades) y CAREM (una central nuclear de baja potencia), ambos iniciados durante la gestión anterior, el resto del Plan Nuclear Argentino fue desactivado. La producción de la Planta Industrial de Agua Pesada, en Neuquén, está paralizada desde 2017 y ya perdió un tercio de su personal. La central de Embalse fue reconectada tras tres años de trabajo, para prolongar su vida útil. Pero la suerte del proyecto Atucha III, que formaba parte de un acuerdo con la República Popular China para construir dos plantas, firmado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sigue siendo una incógnita. Macri se sometió inicialmente a las presiones de Washington para desconocer el acuerdo con el gobierno chino, pero luego intentó resucitarlo, aunque las negociaciones sobre el financiamiento de lo que iba a ser la cuarta central de potencia del país naufragaron en medio de la presente crisis cambiaria.
Un último pero sugestivo ítem de la debacle en el área fue, sin duda, en septiembre de 2018, la degradación a Secretaría del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que había creado Cristina Kirchner en 2007. Increíblemente, sigue al frente un actor fundamental de este drama, Lino Barañao, que ya a mediados de año, cercado por el aluvión de críticas de sus colegas, avisó que renunciaría cualquiera fuera el resultado de las elecciones. En un reciente reportaje, Barañao admitió: “El presupuesto para la ciencia es como el oxígeno para el cerebro. Uno puede aguantar dos o tres minutos y no pasa nada, pero con diez minutos, el daño es irreversible”. «
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