Cuando el médico de guardia del Centro de Régimen Cerrado Dr. Luis Agote revisó al adolescente de 17 años que venía de la requisa, escribió en el libro de actas: “apremios ilegales”. Las lesiones que constató incluyeron golpes y escoriaciones. Hasta hoy, intimidado por el personal del lugar, el joven solo repite que se cayó de la bicicleta. ¿Cuándo ocurrió? Justamente el 24 de marzo.

Había ingresado ese mismo día, en buen estado de salud, desde el Centro de Admisión y Derivación (CAD), un espacio de tránsito a partir del cual se define el destino de niñeces y adolescencias en conflicto con la ley penal en la Ciudad de Buenos Aires.

“El médico constató apremios ilegales, está asentado en el libro de guardia de la institución y en la denuncia penal, con un relato cruento de lo que pudo ver. Es terrible, todos los profesionales (que siguen en la institución) tienen que convivir con esto, saben que (el adolescente) fue golpeado, maltratado, incluso se mencionaron escoriaciones, o sea que pasó algo que tuvo que ver con el calor, y todo sigue igual. Están todos llamados al silencio, hablé con jueces, defensorías públicas y oficiales, ninguna sabe nada”, cuenta a Tiempo Marcela Velurtas, trabajadora social del CEDIM, asociación que agrupa a profesionales de la justicia nacional en el fuero penal juvenil.

A partir de la constatación del médico y de su registro en el libro de actas, la Dirección del Centro Cerrado se vio obligada a realizar la denuncia en la Asesoría Tutelar de CABA. Según trascendió, el médico presentó su renuncia y la enfermera que presenció la revisión médica fue trasladada a otra dependencia. Hasta el momento, solo una persona del Cuerpo de Vigilancia y Seguridad de la institución fue separada de sus funciones, presumiblemente de licencia.

“Se está tratando todo como si fuera un sumario administrativo, como si se hubiese roto una puerta o se hubieran peleado dos empleados”, acota Velurtas. “El pibe es un adolescente que cuando le preguntás ‘cómo te llamás´, te dice ´ya contesté eso en el CAD’, actúa como todos los adolescentes. Entró solo a un espacio de requisa con cuatro o cinco adultos”. 

Los Centros Cerrados de Responsabilidad Penal Juvenil fueron traspasados a la Ciudad desde la Nación en 2016 y quedaron bajo la égida del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de CABA. A su vez, existen diferentes instituciones que tienen la obligación de monitorearlos y hacerles un seguimiento, no solo la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil a cargo de Nicolás Echarri, también las defensorías públicas e incluso la Procuración Penitenciaria de la Nación. Consultado por Tiempo, el procurador penitenciario Ariel Cejas Meliare manifestó que se hizo la denuncia pero que el joven no emitió casi comentarios.

Al respecto, Velurtas asevera que “nadie dijo que (el adolescente) estuviera bajo los efectos de nada, no estaba alterado. Si así fuera, tenían que llamar a la ambulancia; o si tenía brote psicótico, pedir un médico y no cagarlo a sopapos”.

“Adultizando”

La trabajadora social expresó su preocupación por los aprietes que habría recibido el médico para modificar las actas, su posterior renuncia y el pase de la enfermera a otra dependencia: “hay un esfuerzo muy grande para que nada salga a la luz, todas las instancias y dependencias del gobierno porteño se han convocado al más estricto silencio, es tremendo”.

Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial de la directora del Centro, Mónica Yurich, tampoco del director operativo Carlos Corrales. Ambos arribaron como funcionarios del Pro en la Ciudad en 2016, tras haber ejercido cargos públicos en diferentes institutos penales en la provincia de Buenos Aires. En el caso de Corrales, fue subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil durante el gobierno de Daniel Scioli, luego convocado por Horacio Rodríguez Larreta.

“El sistema penal juvenil que se creó para diferenciarse de los adultos se va ‘adultizando’ con todo lo que eso supone. El silenciamiento es grave, y también que haya pasado un 24 de marzo. Teóricamente, en ninguna instancia los adolescentes deberían estar solos con los del Cuerpo de Vigilancia, deberían estar acompañados de un operador pero hay muchas situaciones en que esto no es así”, se lamenta Velurtas.

El Agote cumple cien años de existencia el año que viene. Ubicado en pleno Palermo, a escasas cuadras del Ecoparque y el Botánico, arrastra años de críticas por cómo tratan a los jóvenes. Fuentes del sistema penal juvenil de CABA denunciaron que los adolescentes que están allí almuerzan y cenan a solas con el Cuerpo de Vigilancia debido a que se dejó de incluir a los operadores. Y cuando “se portan mal”, es usual que la directora ordene privarlos de diferentes aspectos como, por ejemplo, las cortadoras de pelo. Los adolescentes no tienen permitido levantar la mirada y deben permanecer con las manos hacia atrás delante de las autoridades.