Tres policías procesados por tareas de inteligencia durante un juicio por gatillo fácil

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Morón, a cargo de Jorge Ernesto Rodríguez, procesó -durante los últimos días- a Cristián Ramírez, Brian Martino y Bruno Sosa, miembros de la Policía Bonaerense. Los tres cumplían funciones en la Comisaría Oeste 1° de San Justo.

Todos están acusados de haber cometido el delito de tareas ilegales de inteligencia el 19 de agosto de 2022, mientras se desarrollaba el juicio por el caso de gatillo fácil del joven Lucas Verón; en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°4 de La Matanza. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) interviene desde que ocurrió el homicidio y denunció a los uniformados.

“Los tres policías estaban vestidos como civiles, fotografiaron a familiares y amigos de la víctima, también a integrantes de organizaciones sociales que los acompañaron durante las audiencias del debate”, aseguró Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, a Tiempo.

Los policías actuaron sin orden judicial

Siguió contando que el juez consideró que los uniformados imputados cometieron «una práctica de carácter preventivo, sin orden ni intervención judicial, algo que no resulta razonable ni tiene justificativo legal de ningún tipo».

Los hechos ocurrieron mientras se desarrollaba el juicio en el Tribunal Oral Criminal 4 de La Matanza por el homicidio de Lucas Verón. En ese momento la CPM representó a la familia de la víctima: “Abogados de nuestro equipo advirtieron que dos policías vestidos como civiles tomaban fotografías a los familiares del joven que fue asesinado y a las personas que los acompañaban fuera de la sala de audiencia reclamando justicia”, reconstruyó el letrado.

Fueron identificados los agentes Brian Leonardo Martino y Cristian José Ramírez. “Los vieron en las inmediaciones del Salón de las Américas de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLM). Este fue el lugar donde se realizó el debate oral en el que fue condenado el policía que mató al joven y, también recibió pena, una agente que era su acompañante de patrulla”, aseguró el secretario ejecutivo.

“Después quisieron justificar su accionar diciendo que los hicieron para prevenir posibles disturbios, brindar seguridad, una adecuada imagen y presencia policial, para resguardar el orden y el bien común”, señaló el abogado.

Los policías declararon ante el juez, “que esa tarea había sido ordenada por el comisario inspector Bruno Sosa. Pero el magistrado observó que en la causa no figura ninguna disposición sobre que realizarían esta actividad, tampoco una razón legítima y razonable que justifiquen los registros fotográficos y fílmicos”, aseguró el secretario ejecutivo.

Precariedad institucional

Además, por las características del caso del homicidio de Lucas, la jueza de Garantías que intervino en la etapa de instrucción, había ordenado a la Policía Bonaerense que no intervenga ni tome contacto con familiares y allegados de la víctima. El juicio se llevó adelante con acompañamiento de la Policía Federal Argentina (PFA), para que no sea la misma fuerza de seguridad que cometió el crimen.

Finalmente, durante los últimos días, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Morón, a cargo de Jorge Ernesto Rodríguez, resolvió procesar a los policías Cristian José Ramírez, Brian Leonardo Martino y Bruno Sosa. “Están acusados de cometer el delito de tareas ilegales de inteligencia, el magistrado no les dictó prisión preventiva, pero sí ordenó un el procesamiento y un embargo por 500 mil pesos”, detalló García.

“Consideramos que es fundamental el juzgamiento de estas acciones de inteligencia ilegal que no aportan al orden público y tampoco a la seguridad. Además, provocan la revictimización de quienes padecen la violencia estatal y el debilitamiento de las normas democráticas”, subrayó el abogado.

Casos similares

“Nosotros denunciamos muchísimos casos de estas características. Uno de ellos fue la masacre de montes, donde detectamos la presencia de personal policial sin uniformes ni identificación en actividades públicas de protestas y reuniones organizadas por los familiares de las víctimas”, aseguró el secretario ejecutivo.

“También presentamos -el mes pasado- una denuncia penal ante el Juzgado Federal de Dolores, a cargo del juez Martín Bava, por las acciones de inteligencia ilegal advertidas al momento de realizar una actividad pública en el sitio de memoria Cementerio Municipal de General Lavalle”, apuntó el abogado.

Aseguró, que en ese momento, “distintos asistentes advirtieron que un móvil policial estuvo merodeando en el lugar, que los efectivos tomaron fotografías y filmaciones en dirección a donde estaban las personas realizando el evento”, recordó el letrado.

“Venimos denunciando hace mucho tiempo que la Policía Bonaerense realiza tareas de inteligencia ilegal sobre organismos de Derechos Humanos y sindicatos; es algo que ocurre con mucha frecuencia y es necesario que la justicia actúe”, finalizó.

Policías condenados por gatillo fácil

Por el terrible hecho de violencia institucional, del que resultó víctima Lucas Verón, fueron condenados en 2022, los miembros de la Policía Bonaerense Ezequiel Benítez y Cintia Duarte. Ambos habían sido declarados culpables por un jurado popular, en el marco del homicidio del joven, ocurrido el día que la víctima cumplía 18 años, el veinte de julio de 2020, en la localidad de González Catán.

Benítez fue condenado a 21 años y 8 meses de prisión, acusado de ser el autor material del homicidio calificado del joven y la tentativa de homicidio calificado en perjuicio de su amigo Gonzalo, que iba en la moto con Lucas a comprar gaseosas cuando ocurrieron los hechos. En tanto, la policía Duarte que iba de acompañante en el móvil, fue condenada a 4 años de prisión.

El jurado popular consideró que los dos policías que mataron a Lucas e hirieron a su amigo Gonzalo, son culpables de homicidio en exceso del cumplimiento del deber como funcionarios públicos. La sentencia fue comunicada en el Patio de las Américas de la Universidad Nacional de La Matanza, donde se realizó el debate oral. El jurado emitió un veredicto de culpabilidad ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de La Matanza.