Tragedia anunciada: 120 personas murieron esperando una pensión

Miriam Gutiérrez murió en marzo del año pasado. Tenía 39 años. Había llegado a superar un peligroso tumor en el recto, pero poco después un segundo carcinoma en el hígado la fulminó. Se ganaba la vida realizando tareas domésticas en casas y carecía de cualquier tipo de cobertura. Trabajó hasta donde pudo, unos diez meses antes de morir. Mucho antes había comenzado a tramitar su pensión, pero la espera se tradujo en años y el beneficio nunca llegó.

Taiana no había cumplido dos años cuando falleció el 28 de octubre de 2016. A los cinco meses del embarazo, su mamá, Aldana Borda, sabía que iba a ser un parto complicado. Una ecografía le había adelantado que la criatura iba a nacer con labio leporino. «Me quedé tranquila porque venía sana», comentó la madre. Pero no. La beba nació en el Hospital Cecilia Grierson, de Guernica, con más complicaciones: agenesia (le faltaba el pulgar derecho), una cardiopatía congénita, retraso madurativo y malformación del corazón, entre otras dolencias. Cuando su marido se quedó sin trabajo, a principios de 2016, Aldana fue a pedir una pensión, pero la nena murió antes de que obtuviera una respuesta.

Más allá del dinero mensual que a ambos beneficiarios les correspondía y que hubiera ido directamente a solventar sus cuidados paliativos, lo cierto es que tanto Miriam como Taiana no pudieron incorporarse al Sistema Federal Incluir Salud, que contempla la cobertura de prestaciones de salud para todos los receptores de las pensiones no contributivas por invalidez, y murieron esperando. Acaso el auxilio del Estado no hubiera cambiado la fatalidad de sus destinos, pero con seguridad podría haber mitigado los trastornos que conllevó su agonía.

Se trata de uno de los efectos más devastadores de la política de recorte de las pensiones por discapacidad y freno al otorgamiento de nuevos beneficios operada por la gestión Cambiemos desde su llega al poder. Un relevamiento al que accedió Tiempo, realizado en centros de salud y de atención a personas con discapacidad, cruzado con los listados de nuevas solicitudes a la Comisión Nacional de Pensiones –y luego a su continuadora, la Agencia Nacional de Discapacidad, que depende de la Secretaría General de la Presidencia y donde talla fuerte la vicepresidenta Gabriela Michetti–, establece que desde que se puso en marcha esta operatoria restrictiva murieron al menos 120 personas mientras esperaban su pensión, aunque las fuentes consultadas señalan que la cifra podría trepar a cientos de casos, ya que, por ejemplo, los nombres de Miriam Gutiérrez y Taiana Tucci no figuran en esta fría estadística.

De estas personas, 47 habían iniciado su expediente en los últimos tres años y no lograron una resolución; los 42 restantes estaban en una etapa de «reconsideración» por algún requisito faltante.

«Mi mamá falleció hace un año, luego de un largo proceso oncológico», cuenta Lucas Pérez, de 21 años, el único hijo de Miriam. La mujer, que vivía en San Vicente, se atendió en el Hospital Interzonal General de Agudos Profesor Rossi, de La Plata, donde lograron extirparle el primer tumor, pero inmediatamente después le detectaron una mancha en el hígado y las células malignas no tardaron en ramificarse.

«Los antibióticos y los medicamentos oncológicos los estaba bancando el hospital, pero había otros remedios que no, y ella no los podía pagar. La mandaron a hacer reposo y llegó un momento que ya no podía ni siquiera ir a trabajar. Fue a la Municipalidad de San Vicente y de ahí la mandaron a hacer los trámites de la pensión. En principio parecía que estaba todo bien, pero se la negaron porque unos años antes había tenido un auto. Volvió a presentar la documentación y un día le dijeron que ya estaba otorgada. Pero esperó y esperó y nada, hasta que se resignó y no fue más», continúa Lucas. «Había llegado a un estado en el que no se podía levantar y poco a poco la enfermedad la fue consumiendo. Le restó importancia al tema de la pensión y puso todas las fuerzas en tratar de salir adelante, pero los meses pasaron y falleció», precisa el joven, que mientras terminaba la secundaria se vio obligado a salir a hacer changas que le permitieran, junto a lo que aportaban sus abuelos, sobrellevar la situación de tener postrada a la jefa de hogar.

Fuentes consultadas por Tiempo dieron cuenta del derrotero del expediente de Miriam. Lo había iniciado en septiembre de 2015, en San Vicente, y en noviembre pasó al Centro de Cargas de la Comisión de Pensiones. En marzo de 2016, el trámite llegó a Determinación de Derecho, la etapa en la que se establece si la pensión corresponde o no y donde surgió el antiguo dato de la propiedad de un vehículo, y la carpeta volvió a las oficinas de San Vicente. Para enero de 2017 estaba en Resoluciones. En marzo pasó a Liquidaciones, donde seguía en agosto. Finalmente el expediente nunca fue aprobado. En todo caso, Miriam había muerto unos meses antes.

Taiana fue intervenida varias veces. La trasladaron primero a una clínica de Sarandí y de ahí a otra en el barrio porteño de Saavedra, cuando la familia todavía contaba con la obra social de los portuarios por el trabajo del padre de la nena, que perdería más tarde. Mientras su marido y papá de sus otros dos hijos se instalaba en lo de sus suegros, Aldana dormía en los hospitales. Había logrado ingresar en la academia de la policía local en San Vicente, pero la enfermedad de Taiana le impidió cursar. En el medio, su marido consiguió trabajo en un taller, pero sin cobertura de obra social. «La luchó bastante», recuerda Aldana, que estuvo bajo tratamiento psicológico y en un cuadro depresivo durante varios meses, luego de la muerte de su beba. Nunca le otorgaron la pensión que pidió.

Hay actualmente unos 163.598 expedientes dando vueltas en el sistema, pendientes de resolución. Hasta 2015 se emitían unas 12 mil nuevas pensiones por mes. En los primeros cuatro meses de este año se habían aprobado apenas 8869. «Los potenciales beneficiarios se terminan muriendo por la falta de decisión política en ejecutar la Ley 18.910. Generalmente, los trámites están iniciados correctamente por los trabajadores de los diferentes centros, pero la burocracia y los políticos de turno hacen lo imposible por revocar los pedidos», resume Walter Pignataro, secretario general de ATE Pensiones.

«Estos trámites –agrega el dirigente gremial– cuentan con toda la documentación. Los solicitantes estuvieron cerca de un año cumpliendo con los requisitos: desde la visita de la asistente social hasta el cruce de información en los diferentes organismos, o los certificados de los médicos legistas y las autoridades de los hospitales. Por eso, además de ser inmoral, estos funcionarios van en contra de la ley.» «

Un fallo contra la arbitrariedad de las bajas masivas

Esta trágica situación de personas que fallecen antes de que el Estado las auxilie sólo puede entenderse a partir de las políticas implementadas en desmedro del sistema nacional de pensiones. Entre 2016 y 2017, el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley operó una quita masiva de más de 170 mil pensiones y prácticamente se suspendió la emisión de nuevos certificados.

Esta semana, un fallo de la jueza Adriana Cammarata, titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social N°8, estableció que el Estado debe restituir en un plazo de diez días las pensiones no contributivas por invalidez suspendidas o interrumpidas desde enero de 2017, por considerar ese procedimiento «lesivo, con arbitrariedad e ilegitimidad manifiestas».

La denuncia había sido presentada por la Red por los Derechos de las personas por la Discapacidad, a la que se sumó una presentación del defensor de Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, en representación de una mujer a la que se privó del beneficio a pesar de tener un 80% de discapacidad.

Del fallo de Cammarata se desprende que se aplicará una multa de 300 pesos por cada día que pase un beneficiario sin cobrar la pensión que le corresponde. La ministra había sostenido que las bajas masivas habían sido un «error», pero en la práctica respondieron a una aplicación de criterios más restrictivos de otorgamiento y, en miles de casos, sin racionalidad alguna y con total discrecionalidad.

Por otra parte, los prestadores del Programa Federal Incluir Salud tienen importantes retrasos en los pagos, por lo que muchas instituciones, transportistas y trabajadores que abordan las diferentes problemáticas vinculadas con la discapacidad, barajaron durante agosto la posibilidad de suspender sus servicios. En los últimos días, el gobierno reconoció la deuda y adelantó que realizaría diferentes desembolsos para ponerse al día. Sin embargo, los prestadores son cautelosos con el anuncio y exigen el pago inmediato.

Trabas para la PUAM

El aún incierto Presupuesto 2019 contempla que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) no sea compatible con el desarrollo de un trabajo por cuenta propia o en relación de dependencia. Es llamativo ya que se trata de un beneficio para mayores de 65 años que no cuentan con los 30 de aportes. El propósito original de la pensión era recibirla mientras se terminaba de cumplimentar con los requisitos. La PUAM tiene un valor de 6909 pesos, el 80% del haber mínimo. En marzo de este año, la cobraban unas 78 mil personas.

Desguace: quieren cerrar 72 centros de atención

Los trabajadores de la ex Comisión Nacional de Pensiones, absorbida en parte en septiembre de 2016 por la Agencia Nacional de Discapacidad (las pensiones por vejez y para madres de más de siete hijos pasaron a Anses), denuncian un desguace del sistema: el gobierno ya anunció el cierre de 72 Centros de Atención del Ministerio de Desarrollo Social en el Conurbano y del interior del país, donde prometieron que más de 500 trabajadores serían incorporados a la Anses porque allí se tramitarían todos los expedientes. Los centros que ya cerraron sus puertas son los de Tres Arroyos, Lomas de Zamora, Moreno y Tigre, y en breve les tocaría a San Miguel, Malvinas Argentinas, Almirante Brown, Necochea, Paraná, Concordia, Posadas, Córdoba y Santa Fe.

El 70% de una jubilación

El monto de las Pensiones no Contributivas es de 5667,41 pesos. Su valor está atado al 70% de los haberes mínimos jubilatorios. Quienes reciben esta prestación son aquellas personas de 70 años o más que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, sin cobertura previsional; madres que tengan o hayan tenido siete o más hijos; y personas con discapacidad; con el requisito de que no posean bienes, ingresos ni recursos de otra naturaleza que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar conviviente. Más allá del dinero, el beneficio contempla la participación del beneficiario en las prestaciones del Programa Federal Incluir Salud.