Tierra de oportunidades

Enorme en su magnitud demográfica, el Conurbano es desde hace décadas una tierra de oportunidades, exactamente lo que buscan los migrantes cuando abandonan su lugar de origen en pos de un futuro mejor. De los 1.805.957 migrantes que viven en el país, 742.859 residen en esta región que tanto puede ofrecer posibilidades de progreso como todo lo contrario: una verdadera catástrofe social.

El escenario actual del migrante en el Conurbano comenzó a tallarse tras la Segunda Guerra. “Entre la década del ’40 y comienzos de los ’50 tuvo lugar un repunte de la inmigración europea, que luego se fue debilitando paulatinamente. También se produjo entonces un incremento de las corrientes provenientes de los países limítrofes, especialmente a partir de la década de 1980”, analiza la doctora en Historia Nadia Andrea De Cristóforis, en su libro Inmigrantes y colonos en la provincia de Buenos Aires. Como suele ocurrir en las grandes metrópolis, los recién llegados se concentraron en barrios periféricos, donde la vivienda es más barata y los servicios, deficientes. “Hay un vínculo importante entre inmigración y urbanización. El crecimiento de las ciudades, y más aún del Gran Buenos Aires, siempre ha demandado mano de obra, y son los migrantes los que han satisfecho esa necesidad”, precisa Natalia Gavazzo, doctora en Antropología e investigadora del Conicet.

Según su origen, más del 80% de los migrantes del Conurbano son americanos: exactamente 600.611, de acuerdo al último censo. 535.160 llegaron desde países limítrofes. Paraguay encabeza el ranking con 334.866 residentes en el Gran Buenos Aires; lo siguen Bolivia con 114.146; Uruguay, 55.702; y Chile, 23.667. Entre los arribados desde países no vecinos, Perú aporta 52.806 ciudadanos. Y si bien Colombia y Venezuela sumaron migrantes en los últimos años, su destino inicial es la Ciudad de Buenos Aires.

El segundo continente proveedor de migrantes al Conurbano es Europa, con 135.831 personas: 80.107 italianos, 36.620 españoles, 2484 alemanes y 1165 franceses. Los migrantes europeos, los primeros en establecerse en el Conurbano (el 93,7% llego antes de 1991), integran la franja etárea más longeva: el 70% son mayores de 65 años. A la inversa, el 80% de los latinoamericanos tiene entre 15 y 64 años. Por caso, el 38% de los bolivianos y paraguayos y el 48% de los peruanos en el Conurbano llegaron entre 2002 y 2010. Un porcentaje similar lo hizo durante la década del ’90, “alentados por el plan de Convertibilidad, aunque había una ley migratoria de la dictadura, mucho más restringida”, aclara Gavazzo, quien trabaja hace años con comunidades de migrantes de La Matanza.

El Censo 2010 registra 561 personas llegadas del África al Gran Buenos Aires, un número que debe haber crecido con el reciente arribo de migrantes senegaleses. Asiáticos, son sólo 5602. Los chinos representan casi la mitad: 2554; seguidos por 1210 japoneses, 341 coreanos, 334 taiwaneses, 170 libaneses y 137 sirios. Está claro que esos números cambiaron. Por ejemplo, los sirios se multiplicaron debido a la guerra civil que atraviesan, y la migración china también creció. Si bien Migraciones no entrega números oficiales actualizados, diferentes fuentes establecen que son más de 100.000 los chinos en el país. “Muchos llegan de manera ilegal. Primero acuden al Barrio Chino, donde los espera algún paisano, y de ahí al Conurbano o zonas más alejadas. Sin manejo del idioma y con pocos ahorros, suelen comenzar trabajando en supermercados, con sueldos elevados que incluyen alojamiento y comida pero con jornadas laborales que pueden extenderse de 12 a 14 horas por día, sin francos”, indica Déborah Huczek, abogada especializada en asesorar y defender chinos. Acceder a una residencia, explica, “se ha convertido en una verdadera odisea, mas aún con las reformas migratorias implementadas en los últimos dos años”.

Condiciones de vida «inferiores»

La Ley Nacional de Migraciones 25.871, de 2004, tuvo algunas modificaciones restrictivas desde que el macrismo llegó al poder, pero sigue siendo ejemplar a nivel mundial: reconoce el derecho a migrar como un derecho humano, esencial e inalienable, que debe ser garantizado bajo los principios de igualdad y universalidad.

Pablo Ceriani Cernadas, integrante del Comité de Defensa de los Derechos de los Trabajadores Migrantes en la ONU, se queja de la falta de información a la que acceden los extranjeros porque “más allá de la igualdad de derechos garantizada por ley, los obstáculos se profundizan cuando hay un contexto de xenofobia, como ahora, en el que se vincula erróneamente al delito con la migración; o cuando se alienta desde un medio de comunicación a pensar que un migrante tiene que pagar la universidad o los servicios sanitarios; o se difunden, en general, estereotipos y prejuicios”.

“La población migrante presenta condiciones de vida inferiores; en efecto, dependiendo del municipio, el porcentaje con Necesidades Básicas Insatisfechas es entre un 30% y casi un 100% más elevado entre las personas extranjeras”. Esta es una de las conclusiones a las que arriba un informe encomendado por la Defensoría del Pueblo bonaerense y el Instituto de Políticas Públicas en DD HH del Mercosur a las universidades nacionales de La Plata y Lanús y el Centro de Estudios de Población. De sus resultados surge que, por ejemplo, el 8,3% de los habitantes de La Matanza proviene de otros países latinoamericanos. En ese y otros dos distritos (La Plata y Lomas de Zamora) reside la mitad de los bolivianos de la provincia. Y un dato preocupante: en La Matanza, el 9,4% de los migrantes habita un rancho o una casilla.

“En el último cordón urbanizado del sur y el norte del Gran Buenos Aires se ubicaron muchas familias bolivianas que se dedican a la horticultura, quinteros que producen y comercializan sus productos en Berisso, Ensenada, Escobar o Pilar, los lugares en donde se han ido asentando en las últimas tres décadas”, detalla Gavazzo. “En una generación, los quinteros bolivianos pasaron de ser peones a arrendadores o propietarios de la tierra”, cuenta la investigadora, y menciona a aquellos pequeños comerciantes paraguayos y bolivianos que venden sus productos en La Salada. Muchos de estos puestos se nutren, vale decir, del trabajo esclavo en los talleres clandestinos instalados sobre todo en Villa Celina, donde la comunidad boliviana es franca mayoría.

Respecto de la educación, el deficitario acceso de los migrantes se manifiesta a partir de la franja de entre 15 y 19 años: un 71% de los argentinos está escolarizado, y sólo el 51% de los inmigrantes; de 20 a 24 años, siguen sus estudios el 30% de los locales, frente al 15,3% de los extranjeros. En términos de salud, los migrantes utilizan principalmente el sistema público. El porcentaje con obra social o prepaga es bastante inferior al de la población nativa, básicamente porque en una gran proporción tienen trabajos informales.

Las fuentes consultadas coinciden en señalar que los migrantes, a excepción de los chinos, vienen a la Argentina con la idea de trabajar, ahorrar y volver a sus países. Todo cambia cuando tienen hijos, se escolarizan y las familias se arraigan. En esta etapa son clave las asociaciones de migrantes que mantienen vivas las costumbres de cada nación.

Discriminados

“Cuando se da un discurso que distingue y criminaliza -explica el investigador Ceriani Cernadas-, aparece la xenofobia, hoy convertida en política de Estado. Cuando todo esto ocurre en un territorio denso como el conurbano, la desigualdad desemboca en exclusión y segregación”.

El doble crimen de Marcelina Meneses y de su bebé de diez meses resume la xenofobia al extremo. El 10 de enero de 2001, la mujer oriunda de Bolivia fue arrojada a las vías del Roca junto a su hijo Josuá, entre Avellaneda y Gerli. Poco antes había rozado con su bolso a un pasajero. “¡Boliviana de mierda! ¡No mirás cuando caminás!”, le espetó el hombre. Luego, más insultos racistas y el empujón fuera del tren.

Reina Torres, cuñada de Marcelina, fundó el Centro Integral de la Mujer “Marcelina Meneses”, en Ezpeleta. Allí contienen a mujeres migrantes con un equipo interdisciplinario integrado por “abogadas, psicopedagogas, asistentes sociales y técnicos en economía social y solidaria”, detalla Reina, quien recuerda que el caso de Marcelina y su sobrino quedó impune: “El fiscal Andrés Devoto, de la UFI 1 de Lomas de Zamora, quiso cerrar la causa tres veces. No se lo permitimos. Sin embargo, el expediente prescribió”.

“Desde que empezó el gobierno de Macri vemos que de nuevo hay mucha discriminación en las escuelas, como que afloró algo que quizá la gente tenía guardado. El migrante no es el enemigo, necesita trabajar y sobrevivir, y aporta a este país –dice Reina–. Siento que después de 16 años de trabajo, esto se viene todo abajo. Da mucha bronca, mucha pena”. 