Los abogados del argentino Facundo Molares Schoenfeld convocaron este martes a una conferencia de prensa para el miércoles próximo luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) suspendiera el pedido de extradición de su defendido, quien integró las FARC y desde febrero se encuentra detenido en la Unidad 19 del complejo penitenciario de Ezeiza.

Los letrados se notificaron de la resolución de la JEP el último viernes, aunque la suspensión del traslado judicial tiene fecha del miércoles 6 de julio, y anunciaron que el próximo miércoles a las 9.30 informarán novedades del caso desde la sede del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), ubicado en Piedras 730 del barrio porteño de San Telmo.

Con el pedido de extradición suspendido, los defensores de Molares Schoenfeld insistirán en el reclamo de su «inmediata liberación» en una rueda de prensa conjunta en la que se presentarán junto a abogados colombianos y organismos de derechos humanos, según adelantaron en un comunicado.

La JEP es el tribunal especializado que interviene en los procesos judiciales enmarcados por el conflicto armado de Colombia.

A Molares Schoenfeld se lo acusa de intervenir en el secuestro de un exconcejal del municipio de Garzón-Huila en el año 2009.

El miércoles 6, la jueza de la sala de amnistía o indulto de la JEP Diana María Vega Laguna reconoció la competencia de ese tribunal sobre los delitos que se le imputan a Molares Schoenfeld («secuestro extorsivo, rebelión, terrorismo», entre otros) y ordenó suspender el proceso de extradición.

En paralelo, instruyó a varias carteras del Estado colombiano iniciar los procedimientos consulares, gestiones judiciales y administrativas para que el argentino «suscriba al régimen de condicionalidad y de aporte a la verdad» que establece el tribunal.

En su resolución de 20 fojas a la que tuvo acceso Télam, la jueza Vega Laguna dispuso que el imputado responda una serie de preguntas desde su lugar de detención para que, una vez que complete esa requisitoria, «suscriba el régimen de condicionalidad» y se le conceda «la libertad condicional o previsional» mientras «se resuelve de fondo su situación jurídica ante la JEP».

La solicitud de extradición había sido requerida por el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano a partir de una orden de detención emitida por una fiscalía del fuero penal ordinario del departamento de Caquetá.

En la Argentina, el pedido de traslado judicial fue convalidado por el juez federal de Esquel Guido Otranto que lo declaró «parcialmente procedente» el traslado judicial.

«La JEP rechazó el pedido de extradición reconociendo el riesgo de vida que implicaría el traslado de Facundo a Colombia, donde más de 300 excombatientes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de La Habana», señalaron los letrados Gustavo Franquet y Eduardo Soares.

Los dos integran La Gremial de Abogados y desde que asumieron la defensa plantearon que la extradición era «inadmisible» porque las acusaciones formuladas eran «inciertas e infundadas» pero además porque los delitos que se le imputan son anteriores a la firma del Acuerdo de Paz de La Habana del año 2016, con lo cual correspondía que fueran tratados por la JEP.

El 7 de noviembre de 2021, Molares Schoenfeld fue detenido en la casa de su padre, en la localidad chubutense de Trevelin, en base a un pedido de captura internacional emitido por la orden de extradición de Colombia: desde febrero está alojado en la Unidad 19 del complejo penitenciario de Ezeiza.

El 7 de enero de este año, Molares Schoenfeld se presentó ante la JEP para solicitar la amnistía con el patrocinio de un abogado, y en esa petición declaró haber ingresado «a las FARC-EP en el año 2003, bajo el alias de ‘Camilo Fierro’ o ‘Camilo El Argentino'», donde asumió «labores principalmente políticas» hasta que a partir de 2017, tras la desmovilización de la guerrilla, se estableció otra vez en la Argentina.