Como un tipo de inmueble para “desarrollo inmobiliario”, ya figura en la web de la AABE el edificio del INTA que el Gobierno decidió subastar, en Cerviño 3101. Denuncian que “es una expropiación” porque no respetó la institucionalidad de pasar por el Consejo Directivo. Además, plan de despidos y remate de hectáreas en todo el país.
“Esta desafectación, como lo llaman en el Boletín Oficial, en verdad es una expropiación. Es parte de un plan que tiene el Gobierno para quedarse con el patrimonio de nuestro organismo”, denunció Julieta Boedo, delegada de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) e integrante de la Coordinación Nacional ATE-INTA.
“Lo venimos denunciando. Porque ya hubo un intento de entregar el edificio: le habían pedido al ex presidente del INTA -Juan Cruz Molina Hafford- que firmara la desafectación. Él no firmó. Es lo que sí vino a hacer el nuevo presidente, Nicolás Bronzovich”, remarcó la delegada en diálogo con Tiempo. Y advirtió que “se está rompiendo con la institucionalidad, porque el cambio de estado de algo que es propiedad del INTA tiene que pasar por el Consejo Directivo. Esto no sucedió. Esto es llevarse por delante, avasallar, la institucionalidad del organismo”.
La próxima sesión del Consejo Directivo Nacional será este jueves 28. Por eso tanto desde ATE como desde la Asociación de Profesionales del INTA (APINTA) convocaron a una movilización para ese día, a las 10, frente a la sede de Rivadavia al 1400. “Vamos a concentrarnos cuando esté sesionando el CD. Iban a votar sobre el edificio de Cerviño, pero el presidente ya lo entregó. Ahora en agenda hay un plan que define los destinos de muchos compañeros y compañeras que trabajan para el desarrollo de la ciencia y van a quedarse desvinculados del Estado por una decisión. Esperamos que no, apostamos a que el CD tenga una posición de cuidar la planta”.
Boedo se refiere a un “plan de gestión” elaborado por las autoridades, que trascendió en los últimos días. Consta de tres etapas. La primera, a concretarse de aquí a diciembre, incluye “reducción de personal” mediante retiros voluntarios, jubilaciones, revisión de becas y otros mecanismos.
El documento consigna que hasta el 13 de noviembre se concretaron por estas vías 204 “bajas acumuladas” y estima que serán 816 al final de esta primera instancia, que además incluye “control de gastos” y “tierras”. En ese ítem figuran tanto el edificio de Cerviño como “hectáreas en Salta” y “tierras que INTA no utiliza”.
La segunda etapa, en el primer cuatrimestre de 2025, contempla una “revisión de estructura y reasignación de personal” así como “selección de hectáreas de Estaciones Experimentales que se podrían ceder”. La tercera, con objetivos hasta 2027, se titula “eficiencia, impacto y descentralización”. De lo que sea que quede del INTA, faltó decir.
“Empieza con la reducción de personal y termina con una privatización del INTA”, afirmó Boedo. Apuntó además que tanto el actual presidente como su vice -María Beatriz Giraudo- “responden a la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), no son propiamente del INTA. Con esta gestión está ocurriendo este proceso de cambios, de reducción y vaciamiento. La ‘reestructuración’ ya sabemos lo que implica”.
El edificio de Cerviño ya había sido incluido en el decreto 950/2024, publicado en octubre, en un listado de casi 400 inmuebles que el Gobierno busca subastar a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Sin embargo, en el caso de un organismo como el INTA, hacía falta una desafectación que viabilizara esa subasta. Es lo que firmó el actual presidente. Con la resolución 65/2024 se desafectó el inmueble del INTA, y con la 70/2024 se autorizó su subasta pública.
Con un precio base de USD 6.378.968, la inscripción se abrirá el 9 de diciembre y se subastará el 23. “Desarrollo inmobiliario” es la descripción del tipo de inmueble que ya figura en la web oficial de la AABE.
A esta subasta se suma la intención de achicar en miles de hectáreas las estaciones experimentales donde se desempeña el INTA. Son unas 27.000 hectáreas en todo el país. “Le hacen un recorte de tierras a cada estación experimental de casi de un 90%. Si tiene 1.000 hectáreas, le dejan 100 hectáreas y buscarán vender el resto”, aseguró Mario Romero, secretario general de APINTA, a Infobae.
Medios de prensa locales se están haciendo eco de esa información, con la preocupación que implica el achique en cada territorio. Según consignó Vía País, el caso de Rafaela –en Mendoza- “es uno de los peores: de las 486,35 hectáreas actuales, se venderían 428,5”. Ese medio citó a la periodista especializada en lechería Elida Thiery, quien apuntó que “la estructura del tambo experimental, un ícono de la lechería nacional que perdería toda su capacidad de producción de granos y forraje, con lo cual su operatividad sería dudosa. Del mismo modo, más cercano al área industrial, el tambo cruza que se cerró entre gallos y medianoche a comienzos de este año, ante la salida del anterior director, también sería historia, en vez de poder pensarse en su reactivación”.
Un grupo de ex presidentes del INTA se manifestó públicamente a través de una carta en contra del plan de la actual gestión del organismo y del Gobierno.
Con las firmas de la ingeniera agrónoma Susana Mirassou, el veterinario Amadeo Nicora, y los ingenieros agrónomos Francisco Anglesio, Carlos Paz y Carlos Cheppi, apuntaron contra la decisión de vender porciones del INTA y remarcaron el rol que tuvo el organismo en la historia nacional.
Los firmantes resaltaron los debates y consensos entre entidades rurales y gobiernos como pieza clave para los logros del sector. Ante el actual panorama, escribieron: “Nos resulta una mezcla de inverosimilitud y pasmo que su Consejo Directivo cambie hoy deber por obediencia debida y le ponga punto final al avance de la Ciencia, Tecnología e Innovación. INTA es una entidad autárquica, con recursos y patrimonio propio, donde el órgano soberano es su CD”.
Tras la confirmación del proceso de remate de Cerviño, criticaron: “Un remate no es un proceso de venta donde el vendedor está en equilibro con el comprador. Se trata de un procedimiento de liquidación compulsivo. Aún con la mayor de las transparencias, el vendedor 3 termina vendiendo barato y mal. Transparencia que tampoco encontraremos acá”.
La fuerte misiva incluyó una serie de preguntas y una lapidaria reflexión final: “¿Qué necesidad hay de humillarlo así al INTA? ¿De obligarlo de estampida a sacar a remate en simultáneo 84inmuebles? ¿Cuál es la razón para que el Consejo, soberano político y administrativo del INTA, acepte ser el responsable gratuito de ésta auto- amputación que dejará en coma al INTA? ¿Qué motivo hay para que las entidades de productores, quienes en otras etapas han requerido (como corresponde) explicaciones exhaustivas ahora acepten a libro cerrado, sin estudios ni sustanciación, la liquidación de un patrimonio histórico del que ellos 4 son los custodios? ¿Supone el Consejo que ser engranaje ejecutor de esta aberración no le va traer consecuencias a ellos ni a las entidades que representan? Estamos hablando de las facturas del desprestigio, de los perjuicios civiles y las pesquisas penales que al fin llegarán. Cuando amainen los vahos de esta orgía de entrega y sumisión que se ha cernido sobre nosotros. Pero que al fin llegarán”.
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