Sólo dos de cada mil usuarios de armas con licencia vencida son investigados por la Justicia

Si bien desde la Agencia Nacional de Material Controlados (ANMaC), ex Renar, aseguran que multiplicaron los esfuerzos en quitar de circulación el material bélico, tanto los amantes de las armas como sus detractores coinciden en criticar su política. En especial apuntan a Dienst Consulting, la empresa que eligió el gobierno para otorgar los certificados de aptitud psicofísica.

La ANMaC precisó que tiene registrados 1.606.741 «artefactos». De acuerdo a las convenciones internacionales, se estima que por cada arma legal hay otra ilegal por lo que la cifra total superaría las 3 millones. Lo cierto es que todas estas armas fueron legales. «Prácticamente no hay armas provenientes del tráfico de otros países. El mercado negro que tenemos se nutre de armas que en su origen fueron formalmente registradas para su uso civil o de las fuerzas de seguridad», resume uno de los investigadores de la UFI Armas, a cargo del fiscal Jorge Di Lello, creada en 2005 por el entonces procurador general Esteban Righi.

En ese momento, el Renar dependía del Ministerio de Defensa, pero a partir de octubre de 2015 nació la ANMaC que hoy está bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Sin embargo, la relación entre este organismo y la justicia no cambió: «Somos conocidos pero no amigos. Nos prestamos colaboración pero si tenemos que denunciar a algún funcionario, avanzamos», explicaron desde la UFI Armas.

La ANMaC pone el foco, en primera instancia, en aquellos usuarios cuyas licencias están por vencerse. La norma estipula que el trámite de renovación debe hacerse 30 días antes. Por lo que se los intima para que entreguen o vendan las armas a otro legítimo usuario; la dejen depositada en el organismo; o bien la proporcionen para su destrucción.

Si el ANMaC no puede notificar a alguien, la UFI Armas cobra un rol protagónico. Desde 2005 a diciembre de 2017, esta fiscalía especializada inició 3881 investigaciones preliminares; unas 2114 fueron archivadas y 318 se encuentran en trámite. Finalmente, si las gestiones de la ANMaC y de la UFI Armas fracasan, se llega a la denuncia penal. En este caso se presentaron 1449.

«La carga de la prueba está en el usuario. Para nosotros es un delito contemplado en el artículo 189 bis del Código Penal como tenencia ilegal de arma de fuego. Muchos jueces nos dan la razón pero otros tratan esto como una cuestión administrativa y se desentienden. Por eso, el trabajo que hacemos no es tan sistemático. Cada caso es diferente», detallaron desde la fiscalía.

Detectar a estos tenedores informales es de vida o muerte. Por mencionar un caso reciente, Roberto Daniel Cavana, de 57 años, fue ejecutado de cuatro disparos por José María Scrocchi, de 72. El domingo 22 de enero ambos habían discutido en la cola de un supermercado de Quilmes y el anciano le advirtió que lo mataría a tiros. Minutos después, el asesino apareció con su revólver 38 y cumplió la promesa. La policía encontró en la casa del sospechoso dos cargadores de ametralladora Uzi, siete municiones calibre 7,62, una granada de mano, un proyectil de mortero y una caja con 48 cartuchos calibre 22 largo. Su abogado, Gustavo Trimarchi, aseguró que hacía unos 30 años había sido «legítimo usuario y portador de distintas armas de fuego».

Controlador denunciado 

Desde 2007 a fines de 2015, el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego recolectó 175.678 armas. En 2013, le valió el reconocimiento de la ONU. Sólo durante el primer año se entregaron 120mil unidades. El programa debía ser prorrogado en el Congreso hasta diciembre de 2017, pero esto ocurrió recién en septiembre de 2016 por lo que el plan estuvo un año paralizado. Desde ese momento a la fecha, Tiempo pudo saber que el ANMaC recibió 12.127 armas y 229.362 municiones. Un 10% de lo que se consiguió en el primer año del plan. 

Adrián Marcenac fue un ferviente impulsor del desarme tras el asesinato de su hijo, Alfredo, de 18 años, en manos Martín Ríos, conocido como «el tirador de Belgrano». A través de su fundación, que integra la Red Nacional de Desarme, tuvo un rol importante en la generación de estas políticas públicas. «Creemos que cerca del 70% de las credenciales deben estar vencidas. No tenemos información oficial, pero no se ha cambiado en nada el proceso para perseguir a los usuarios informales», explica Marcenac, quien además se queja del trabajo de la empresa Dienst Consulting, que desde mediados de 2017 ganó una licitación y se hizo cargo de otorgar los certificados de aptitud psicofísica. Antes, este estudio era realizado por un profesional habilitado y tenía un costo de 800 pesos. Ahora,cuesta 3500 para los civiles y 4500 para las fuerzas de seguridad.

«Tomaron nuestra idea de extremar las precauciones y eso lo celebro. El asesino de mi hijo había sido avalado por un traumatólogo. Pero que todo dependa de esta empresa nos genera más dudas que certezas. Este trámite podría hacerse a través de hospitales públicos», continúa Marcenac.

Carola Concaro, coordinadora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) que también forma parte de la Red de Desarme, coincide con Marcenac: «Durante 2017 Dienst Consulting estuvo sólo en cuatro jurisdicciones: Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Había personas que debían hacer 500 kilómetros para ponerse al día y pagar esa cifra exorbitante. Claramente, muchos optaron por seguir en la ilegalidad. Lo más llamativo es que si eras de otra jurisdicción te seguías manejando como antes: pagando 800 pesos y con el médico amigo. Esto no tuvo otra lógica que la de llenar los bolsillos de ciertos empresarios», concluye. A partir del 15 de febrero se le extenderá a esta empresa la cobertura a todo el país. 

La implementación fue cuestionada penalmente el 21 de abril de 2017 por el presidente de Voz Ciudadana, Adrián Bastianes, quien además es legítimo usuario e instructor de tiro. «Es un potencial negociado de 3500 millones de pesos para una empresa que ya fue cuestionada por manejar las licencias de los docentes bonaerenses y la de los agentes de la Metropolitana. Como no tiene capacidad en todo el país, piensa tercerizar el trabajo en otras clínicas. Le dieron un negoción a alguien que no puede hacerlo», denunció. La causa que tiene como imputada a Natalia Gámbaro, titular de la ANMaC, y a los directores de la empresa tramita ante la fiscal federal Paloma Ochoa y el juez Sebastián Ramos que investigan la posibilidad de «un direccionamiento en la adjudicación de la licitación.» «

La ANMaC en la mira por el arsenal de Coto

Además de un número que asusta, la tenencia ilegal de armas es un delito en el que incurren muchas celebridades. El último imputado reconocido por esto es Alfredo Coto, el supermercadista en cuyas oficinas de Paysandú 1852 fueron encontradas una ametralladora Uzi, 227 granadas, 41 proyectiles de gases, 27 armas de fuego, dos lanzagranadas, 3886 municiones, 19 chalecos antibalas, 22 cascos tácticos azules y 29 escudos antitumulto. Fuentes de la fiscalía especializada en armas señalaron que todavía se están peritando los elementos para poder dar con su origen, ya que la mayoría estaban con la numeración limada. «Sospechamos que muchos pertenecieron a alguna fuerza de seguridad. Además, creemos que puede haber empleados infieles dentro de la ANMaC (organismo de control) porque algunas armas habían sido encontradas el 30 de agosto de 2016 en perfectas condiciones, pero para el 5 de septiembre aparecieron estropeadas adrede para que se cayeran las imputaciones», analizó uno de los investigadores. 

Además de Coto, también son investigados su mujer y vicepresidenta del supermercado, Gloria García; el hijo de ambos y heredero del imperio, Germán Coto; y el jefe de seguridad de la firma, Alejandro Nievas Blanco. La carátula señala acopio de armas de fuego, piezas y municiones y la tenencia ilegal de ese armamento. Coto tiene bajo su nombre, como usuario colectivo, los «elementos de trabajo» de su personal de seguridad. Por eso, tanto el ex Renar como la ANMaC inspeccionaban periódicamente la sede de Caballito. Pero ese día de 2016 el azar se complotó contra la familia del empresario. El empleado que generalmente les mostraba las dependencias a los inspectores no estaba. Y quien ocupó su lugar comenzó a abrir puertas que antes permanecían cerradas. 

Los agentes de la ANMaC dieron aviso a sus superiores, fajaron la zona y se fueron. Pero la Justicia se enteró varios días después y también de casualidad. El 5 de septiembre llegó un mail anónimo a la casilla denuncias@renar.gov.ar que administraba la UFI Armas para advertir el arsenal encontrado pero nunca denunciado a la Justicia.

Datos con sangre

Según las últimas estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, en 2016 se registraron 2583 muertes por el uso de arma de fuego (2323 hombres y 258 mujeres). De estos casos 1150 fueron homicidios, 543 fueron suicidios y 59 fueron no intencionales. En 831 no se determinó la causa. El 43% de todas las muertes por arma ocurrieron en la provincia de Buenos Aires.