Estamos viviendo una crisis ecológica sin precedentes. La crisis climática ya está dejando a la vista sus efectos: inundaciones, sequías extremas y prolongadas olas de calor e incendios. El 2023 fue, sin ir más lejos, el año más caluroso registrado y el 2022 un año en que la sequía extrema en Argentina afectó a la producción agropecuaria y causó una caída del 3% del PBI, con pérdidas cercanas a los US$25 mil millones de dólares.

Cada año es más urgente diseñar e implementar políticas públicas enfocadas en la protección del ambiente, el desarrollo sostenible y la mejora en la calidad de vida de las personas. Esto no es una opinión sectorial: la comunidad internacional articula esfuerzos e impulsa agendas transnacionales para lograrlo. Es una cuestión, a esta altura, de vida o muerte. De ello depende que podamos seguir viviendo en este planeta.

La evidencia científica que demuestra, indiscutiblemente, que las actividades del ser humano han causado el aumento de la temperatura de la Tierra no puede ser negada. El mundo entero la avala y todos los países deben tomar acción inmediata para detener la crisis climática que perjudica la calidad de vida de todas las personas y sobre todo de quienes viven en situación de mayor vulnerabilidad. 

Foto: AFP

No podemos prescindir del Ministerio de Ambiente: es un área clave para la definición de políticas que afectan el ambiente y la calidad de vida de la población. En todo el mundo la agenda ambiental forma parte de un debate político crucial para definir un modelo de producción, consumo y desecho de acuerdo con los límites planetarios. Eso se traduce en medidas de mitigación y adaptación necesarias para atravesar y dar respuesta a la crisis climática global y requiere de organismos que diseñen, implementen y evalúen políticas públicas acordes, que cuenten con el respaldo de la ciencia.  

Más allá de los resultados de su gestión, el Ministerio de Ambiente es un instrumento institucional necesario para que el Estado construya una agenda ambiental dialogada y participativa, que atienda las necesidades del presente e incorpore una mirada a largo plazo que permita integrar los aspectos ambientales a todas las decisiones que hacen al desarrollo

En estos 40 años de democracia ininterrumpida, la Argentina tiene grandes logros que no debemos ceder bajo ningún punto de vista, aun en tiempos de crisis graves como la que atraviesa el país. Las deudas de nuestra democracia se resuelven con más democracia. No se resuelven eliminando derechos, librando las políticas públicas a la mano del mercado o cancelando a quienes piensan de manera diferente. Es fortaleciendo a la democracia y sus instituciones, con una sociedad activa que lucha por la protección de sus derechos, como encontraremos una salida democrática a las múltiples crisis que hoy nos agobian.

Es fundamental sostener la institucionalidad ambiental existente, trabajar de manera coordinada entre la Nación, las provincias, el sector privado y la sociedad para no retroceder en lo alcanzado hasta acá, y avanzar en garantizar el cumplimiento de las normas ambientales existentes como las de Cambio Climático y Bosques, así como dotar de recursos a los planes y estrategias necesarios para transformar el modelo productivo.  

Propuestas

Hay propuestas concretas, claras y asequibles para lograrlo. Desde FARN elaboramos cinco propuestas para salir de la crisis:

  1. Impulsar una transición energética justa y popular: La transición energética que necesita la Argentina para hacer frente a la crisis climática no es solo un cambio en la matriz energética primaria que salga de la senda fósil de mayores emisiones. Es mucho más que eso: es un camino hacia un cambio del modelo productivo, de consumo de energía y de organización social, el cual deberá integrar la eficiencia energética, el acceso a la energía, la generación de nuevos empleos y la soberanía energética. A su vez, los proyectos deben contemplar la conservación de la biodiversidad y asegurar el respeto de los derechos humanos de las comunidades que habitan en los territorios afectados.
  2. Implementar una estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático y descarbonización de largo plazo: En el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, Argentina asumió el compromiso internacional de elaborar y presentar Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). La última NDC presentada por Argentina tiene como meta no exceder la emisión neta de 349 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e) para 2030.
    Para alcanzar esta meta, en 2022 Argentina elaboró y presentó ante Naciones Unidas su Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global a 2030, instrumentado a partir de la sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global (Ley Nº 27.520). En 2023, Argentina presentó su Estrategia a Largo Plazo, asumiendo el compromiso de alcanzar la carbono neutralidad en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2050. Sin embargo, esta estrategia está lejos de ser una hoja de ruta con medidas a corto, mediano y largo plazo, ejes, indicadores y mecanismos de participación y financiamiento que permitan lograr dicho objetivo. Para eso, es necesario desarrollar e implementar planes que aborden los sectores que más han contribuido a la emisión de GEI.
  3. Frenar los desmontes y financiar la Ley de Bosques: La situación de los bosques nativos en Argentina sería muy diferente al actual si el país no contara con la Ley 26.331 de presupuestos mínimos para la conservación, uso sostenible y restauración de estos ecosistemas. La puesta en marcha de la ley fue un camino progresivo, cuyo hito fundacional comenzó con su sanción en el 2007, un logro trascendental en la participación de la sociedad civil en el reclamo efectivo de una norma de protección ambiental. Sin embargo, a más de quince años de su entrada en vigencia, Argentina permanece en emergencia forestal.
  4. Proteger los Humedales: Conciliar el cuidado de los humedales con su uso es posible y necesario. Para lograrlo, es fundamental contar con una ley nacional que establezca presupuestos mínimos para la conservación y uso sostenible de estos ecosistemas, la cual sea fruto de una amplia y efectiva participación, integrando la visión desde los territorios, de las personas que habitan, trabajan y conocen los humedales. Es imprescindible contar con una norma que regule, ordene y establezca parámetros para las actividades humanas que hoy se desarrollan, sin mayores controles y con patentes resultados nocivos, sobre los humedales.
    Estos ecosistemas son grandes reservorios de agua dulce y tienen un enorme valor biológico, social, cultural y económico. Existe información científica clara y contundente que advierte de la crisis de pérdida de biodiversidad y climática rampante que hace que no sea posible continuar con formas de producción del pasado. Uno de los ecosistemas más afectados son los humedales. Datos de la Convención Ramsar sobre Humedales indican que están sufriendo un rápido declive: de acuerdo a los casos en los que se dispone de datos, se perdieron el 35% de los humedales naturales desde 1970.
  5. Sostener e impulsar el saneamiento del Riachuelo: En julio de 2023 se cumplieron 15 años desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió el emblemático fallo “Mendoza” que ordena el saneamiento del Riachuelo, donde habitan más de 4 millones y medio de personas (10% de la población del país), muchas de las cuales se encuentran en situación de vulnerabilidad, constituyendo uno de los casos más graves y complejos en materia socio ambiental en la Argentina.
    El fallo dispuesto por la Corte cuenta con un muy bajo nivel de cumplimiento. Los objetivos de mejorar la calidad de vida de la población y recomponer los daños ambientales existentes en la Cuenca, que debía llevar adelante la Autoridad de la Cuenca Matanza – Riachuelo (ACUMAR), no se cumplieron. La pobre gestión de ACUMAR explica, en gran parte, el bajo grado de implementación de las obligaciones impuestas en el fallo.