Estela Lemes cumplió 56 años, pero por ahora descarta jubilarse. “Quiero seguir trabajando”, avisa. Eso que ella hace y ama –ser directora de la Escuela Nº66 «Bartolito Mitre», de Costa Uruguay Sur, en la zona rural de Gualeguaychú– de alguna manera la enfermó: las fumigaciones descontroladas en los campos vecinos llenaron su cuerpo de venenos. “Sufro una neuropatía aguda que está afectando mis músculos, el equilibrio y la capacidad respiratoria”, enumera rutinaria. Desde el 2010 viene denunciando “el costo humano de los agrotóxicos”, pero el Estado y la justicia, se sabe, suelen mirar para otro lado. El último revés fue el fallo judicial que rechazó su pedido de que la ART, el Gobierno de Entre Ríos y el Consejo General de Educación se hicieran cargo de su tratamiento médico. “Cuando veo la reacción de los hermanos Etchevehere –reflexiona– no me sorprende porque es lo mismo que yo he vivido desde mi primera denuncia. Sabía que estaba peleando contra un monstruo, contra el poder. Soy una simple maestra rural, no me perdonan que siendo una mujer insignificante me ponga a pelear contra las grandes corporaciones”.
Como respuesta a la resolución del Juzgado de Trabajo Nº1 de Gualeguaychú, a cargo de Luis Frosch, Estela publicó en sus redes sociales una carta pública dirigida al gobernador Gustavo Bordet “para que se entere lo que me pasó, si es que todavía no lo sabe”.
“Yo elegí la docencia –empieza el texto– porque siempre la vi como un modo de transformar los pequeños mundos en que nos movemos, una manera de formar futuro. En todos estos años le he puesto el cuerpo a mi vocación, y ahora siento en él las consecuencias de tener un Estado que no me protegió, como tampoco protege a los niños y niñas que asisten a las escuelas rurales, y que son expuestos a horribles pulverizaciones con agrotóxicos”.
En otro tramo de la carta insiste en que “el Estado no se hace cargo de las irrefutables consecuencias que las fumigaciones han dejado en mi salud, y sin embargo ha estado muy presente para defender y proteger los intereses del agronegocio, que ha sido cuestionado históricamente; y mostró su verdadera cara al interferir los recursos de amparos que presentaron AGMER y las organizaciones socio ambientales para restringir las distancias de fumigaciones en las cercanías de las escuelas”.
Además de una rehabilitación costosa y permanente, la docente debe tomar medicación de por vida, sin embargo, su obra social solo cubre un porcentaje.
“Yo tengo que ir a un centro de recuperación neuromuscular que queda en Gualeguay donde debo internarme durante un mes, al menos dos o tres veces al año. Además de ser muy costoso, tengo que pagarme la estadía y la comida, pero ni la ART, ni el Gobierno de Entre Ríos ni el Consejo de Educación que son mis empleadores se hacen cargo”, se queja.
En la carta a Bordet, Estela le reprocha que “debiera protegernos, pero ha demostrado un total desamparo a la salud de los trabajadores de la educación y de la comunidad educativa en su totalidad” y concluye: “Yo le pregunto, señor gobernador, ¿los docentes y alumnos rurales seguiremos indefensos ante las fumigaciones?, ¿El Estado en algún momento se hará cargo de ésta situación? Es mi deber como maestra, tener esperanza de que mis alumnos y los demás niños del país conocerán un mundo mejor”.
