Este miércoles se cumplen ocho meses del asesinato de Rafael Nahuel Rodríguez, el joven muerto durante una represión de las fuerzas armadas sobre la comunidad mapuche Huincul Mapu. A pesar de haberse comprobado la participación de la prefectura todavía la justicia no ha tomado al respecto ninguna medida.
Rafael Nahuel de 22 años, había ido a solidarizarse con la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu que reivindica esas tierras. En medio de la represión, recibió un disparo y murió a causa de una hemorragia. Una bala de plomo había ingresado por su glúteo y quedó alojado en el tórax. De acuerdo al análisis del Instituto Balseiro, en sus manos tampoco había rastros de pólvora. Es decir, no portaba armas que haya disparado, como inicialmente se dijo desde las mismas fuerzas.
A partir de las pericias sobre el arsenal secuestrado a los seis miembros del grupo Albatros que protagonizaron ese desalojo, se verificó la ausencia de 114 proyectiles, un número sobredimensionado para un ejercicio de defensa propia.
Durante la investigación se pudo confirmar que fue el cabo primero de Prefectura Naval Argentina e integrante del grupo Albatros, Francisco Javier Pintos, quien efectuó el disparo que mató a Rafael Nahuel. También que participaron otros cinco prefectos descendieron los mil metros de ladera después de disparar con los cargadores de sus armas vacíos o incompletos, lo que indica que dispararon.
Se trata del marinero Sergio Damián García; el cabo Segundo Carlos Valentín Sosa; el cabo primero Sergio Guillermo Cavia (según el portal En estos días, su proyectil quedó en la recámara); el cabo segundo Juan Ramón Obregón; y el ayudante segundo Eric Fabián Blanco.
En total, los prefectos descargaron 114 disparos de sus cargadores. No se avanzó en la citación para declarar ni los detuvo, como habían pedido las abogadas Julieta Wallace y Sofía Bordenave. Sí, se realizó la indagatoria sobre el cabo Pintos.
El cabo Pintos sin defensa
Luego de la declaración indagatoria de Pintos, que se realizó el 12 de julio, su representante legal Fernando Soto renunció a la defensa.
Soto es director de Ordenamiento y Adecuación Normativa de las Fuerzas de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Patricia Bullrich. Desde ese lugar sostiene la estrategia judicial de justificación de la represión en el sur del país.
Soto defendió la «teoría» del enfrentamiento y aseguró que los integrantes del grupo Albatros se vieron rodeados y superados en número. Desde la renuncia del abogado Soto, el cabo Pintos cuenta solamente con el acompañamiento legal de la abogada Anabella Schmidt, quien trabaja para Prefectura Naval Argentina, desde el año 2016.
La situación de Pintos es muy complicada. Ante el Juez Gustavo Villanueva y la Fiscal Silvia Little no supo explicar porqué los cargadores de su MP5 tenían faltantes de proyectiles, contradictoriamente a su declaración donde expresó que no había llevado el fusil MP5 a la incursión en el territorio mapuche, el 25 de noviembre pasado.
Responsabilidad del Estado
La impunidad sobre este crimen se expresa en un contexto de alza de la violencia represiva del Estado sobre la protesta social y la acción directa.
Al igual que con Santiago Maldonado, el Gobierno nacional, en complicidad con los Gobiernos provinciales de Chubut y Río Negro, actuaría garantizando la impunidad del hecho.
Luego de criminalizar a la víctima, fraguar la escena del crimen y ocultar las pruebas, la ministra Patricia Bullrich saldría a legitimar el accionar criminal afirmando que se había tratado de un “enfrentamiento”.
Otra vez el Estado justificaba la muerte de un joven utilizando el relato de un “enemigo interno” apuntando al pueblo mapuche y su relación con la ficticia RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) como una operación política para justificar la persecución, la represión y la criminalización social.
Las manifestaciones
El Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir junto a APDH La Matanza, Nora Cortiñas, el Encuentro por la Memoria Verdad y Justicia, entre otros, convocan para el miércoles a las 17 frente al monumento de Roca para realizar un nuevo pedido de justicia.
