Se abrió el debate por la educación religiosa en Salta

«No a la religión en las escuelas públicas», dice un comunicado de la Asociación de Derechos Humanos, «Coca Gallardo», donde también denuncia que «profesores de religión dan catecismo explícito». La audiencia pública fue convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Comezó el martes y miércoles de esta semana y continuará el 30 y 31 de este mes.

La audiencia se originó a partir de un amparo que presentaron padres de alumnos de las escuelas públicas de Salta, contra la enseñanza de religión en las escuelas.

Los padres persiguen la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley Provincial de Educación que permite que la enseñanza de religión sea un hecho. En Salta, la Corte entendió que las normas son constitucionales.

Participaron de las primeras jornadas académicos, defensores de los derechos humanos y representantes de distintos credos, que dieron sus opiniones sobre si la enseñanza religiosa debe o no ser una materia obligatoria dentro del horario de clase.

Entre los argumentos a favor se escuchó la posición del padre Ernesto Eric Herrmann, de Educación Popular Civil: «Pretender que la religión no existe o que tiene que ocultarse es confinar a los creyentes de cualquier credo al ostracismo. Pero estamos más preocupados porque se trata de una de las poblaciones más pobres, donde los niños son los principales beneficiados de la enseñanza religiosa. De ahí que este cuestionamiento los perjudica enormemente, ya que de otra manera no podrían acceder a una educación integral sin el aval del Estado», dijo.

El comunicado crítico de la Asociación por los Derechos Humanos «Coca Gallardo»

«El gobierno de Urtubey dice que la enseñanza de religión en las escuelas públicas se da en un marco de igualdad de tratamiento y respeto a las otras creencias, pero eso es falso. Innumerables testimonios y denuncias ante el INADI demuestran que en las escuelas se ejercitan prácticas de adoctrinamiento compulsivo avasallando la libertad de culto y de conciencia de los que no profesan el credo católico y de los no creyentes.

¿Cuál es el argumento del gobierno? ¿Qué son la mayoría? Ese fue el argumento de la Corte de Justicia de Salta para rechazar el amparo presentado por padres no católicos y es realmente vergonzoso, porque los jueces deberían saber que la base del sistema democrático es la igualdad ante la ley y el respeto a las minorías. Pero ya se sabe que aquí la llamada Justicia se limita generalmente a obedecer las órdenes del gobernador.

La Argentina es un estado laico, pero en Salta, en un despliegue de autoritarismo propio de un estado teocrático, se impone la religión dentro de la currícula como una materia en la que, supuestamente, se harán conocer a los niños la historia y principios de las distintas religiones, cosa que en la práctica no sucede, porque los maestros de religión salidos del Instituto Monseñor Tavella de la Curia y nombrados directamente por el obispado sólo inculcan catecismo explícito.

Los chicos no católicos no tienen actividades alternativas y se ven obligados a permanecer en las aulas y escuchar clases de religión católica. Más no se limitan sólo al adoctrinamiento compulsivo. Junto con el catecismo los maestros les inculcan a los niños la ideología y la moral de la iglesia católica como si se tratara de verdades absolutas que deben regir la vida de las personas. Pero resulta que muchos miles de salteños no compartimos esas ideas y no creemos que una institución plagada de pedófilos y envuelta en escándalos de abusos a menores en la provincia, en el país y en el mundo deba regir la educación de los niños y la moral pública.

En Salta hemos vuelto a la edad media. El gobierno está aliado con la iglesia y le ha otorgado toda clase de privilegios, entre ellos el manejo de la educación pública. La iglesia domina la educación a tal punto que por su influencia durante años no se reglamentó ni se aplicó en la provincia la ley de educación sexual integral sancionada por la Nación en 2006.

En una provincia que encabeza las estadísticas nacionales de femicidios y violencia de género, que es la quinta del país con más embarazos de niñas y adolescentes y donde se registran más de 300 abortos por mes, no se daban los contenidos de educación sexual en las escuelas porque a la iglesia le parecían inmorales.

Con mucha claridad lo expresó en 2010 el ministro de educación Leopoldo Van Cawleart cuando se declaró contrario a la ley de educación sexual integral porque “nos llevaría a un revolcadero sexual”. Estas son las aberraciones que provoca la intromisión de la iglesia en la educación pública.
Así se vive en Salta una falta de libertad peligrosa, una sensación de desprotección de las minorías y de la educación pública porque el gobierno pretende que la iglesia despliegue su “guía” en las almas de los niños. Van por los más pequeños, los más vulnerables, por aquellos que aún no pueden pensar ni discutir frente a su apremiante fanatismo.

Todo esto tapa como un velo negro la realidad de que el estado provincial no está destinando los fondos necesarios para mejorar las aulas y escuelas públicas. Sin embargo, sí se financia a la iglesia con subsidios y donaciones de inmuebles.

Las escuelas carecen de infraestructura moderna, no se realizan las refacciones necesarias, se caen techos, se desploman paredes viejas provocando la muerte de un niño en un hogar escuela, no se reponen vidrios rotos, no hay calefacción y carecen de tecnología, pero a cambio se ha dotado a todas las aulas de enormes crucifijos y se pagan los sueldos de 160 docentes de religión.

La educación pública de Salta está sumida en el desamparo más absoluto y es vergonzoso que se intente cubrir semejante falencia con el adoctrinamiento por encima de la formación educativa. Bajo ese velo negro se barren todas y cada una de las miserias y en el nombre de dios pretenden que todos nos volvamos ciegos, sordos y mudos.

En Salta existen los más variados credos, las iglesias de judíos, evangelistas, anglicanos, metodistas, adventistas, mormones, testigos de Jehová, Iglesia Universal, cultos de los pueblos originarios, agnósticos y ateos que en estos años han sido víctimas de discriminación en las escuelas.

Pero los pastores evangelistas, que hasta hace poco denunciaban la “imposición del catolicismo en las escuelas públicas” y defendían airadamente la libertad de conciencia, ahora salen en los medios apoyando la enseñanza religiosa. Lo hacen porque ellos, que siempre han estado relegados, ven la oportunidad de tener también su parte, de gozar de un espacio de influencia en la educación pública y acceder al dinero del estado. Es que, como decía mi abuelo, el negocio es el negocio y el apostolado es el apostolado, pero mucho más frecuentemente el apostolado es un buen negocio.
Salta cuenta con centenares de templos, iglesias, parroquias, grutas y altares donde los niños pueden profesar gratuitamente su culto y acceder a la formación religiosa que su familia desee. A esto se suman las escuelas privadas confesionales que cada vez son más numerosas. Así que realmente no necesitan convertir las escuelas públicas en sucursales de las iglesias.

Aquí no se trata de la salvación del alma de los niños sino de una lucha por el poder. Es el avance del clericalismo que pretende volver a controlar la educación pública no sólo en Salta sino en el país entero y que ya comenzó con el lobby eclesiástico para que el anterior gobierno borrara del Código Civil la histórica ley 1420, evento en el que participó activamente el senador Rodolfo Urtubey.

¿Por qué tantos políticos en campaña, como por ejemplo los radicales, históricos campeones del laicismo, no toman posición sobre esta crucial cuestión? Tal vez (y es sólo una sospecha) porque no les conviene políticamente. Pero, señores y señoras, les solicitamos formalmente que abran la boca porque, aunque ustedes aparenten no darse cuenta, estamos ante una instancia decisiva.

El próximo 16 de agosto, en la audiencia ante la Corte Suprema, se decidirá el futuro de la educación pública en la provincia de Salta y, muy probablemente, en todo el país».