Otro frente de reclamo mapuche se abrió en la provincia de Río Negro, ante un proyecto que apunta a ceder 625 mil hectáreas de tierras fiscales a una empresa para el desarrollo de Hidrógeno Verde. Los pueblos originarios de la Zona Atlántica advirtieron que la medida afectaría a 32 comunidades y la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, pidió a la gobernadora Arabela Carreras que se cumpla con el proceso de participación y consulta previa, libre e informada a las comunidades.
El proyecto, que debe ser analizado en la Legislatura local, fue impulsado por Carreras y establece que el Estado provincial adjudique tierras fiscales a la empresa australiana Fortescue, que apunta a la construcción de una planta de producción de hidrógeno verde, amoníaco verde y productos derivados, usando energía eléctrica de de parques eólicos. La concesión para la ejecución será por medio siglo, prorrogable por 25 años más.
“Para nosotros es grave porque el Estado rionegrino está incumpliendo con el Convenio 169 (de la Organización Internacional del Trabajo, instrumento internacional que garantiza los derechos indígenas), no solo en este caso sino también con los permisos de cateo minero. Lo que vemos detrás, y es parte del problema, es que hay una cesión de 625 mil hectáreas de tierra, con todos los antecedentes que tiene el Estado rionegrino cuando cede tierras. Porque en esas tierras -que ellos dicen que son fiscales- vive gente”, alertó el coordinador del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, en diálogo con Tiempo. Y detalló que la cesión “afecta a 32 comunidades. Sin tener gran información del proyecto, de la instalación y cuáles son los espacios, tenemos entendido extraoficialmente que afectaría desde Los Menucos hasta la zona de Sierra Grande, con lo cual son 32 comunidades las que estarían afectadas por el proyecto de Hidrógeno Verde”.
“Es grave –continuó Carriqueo- Nosotros estamos peleando por míseras hectáreas y nos dan con balas, como el conflicto donde mataron a Rafael Nahuel y a Elías Garay hace pocos meses. Que la provincia entregue esa cantidad de hectáreas cuando no resuelve los problemas históricos que tiene con las comunidades, que tienen que ver con tierras, nos parece inescrupuloso en el mejor de los casos. Una política claramente anti-mapuche”, definió.
“Las comunidades deben tener acceso a la información sobre los alcances del proyecto y su impacto ambiental”, dijo Odarda al Diario Río Negro. Y especificó que las comunidades que deberían participar del proceso de consulta son Kintul Folil- Sierra Grande, Kona Niyeo, Quiñelaf, Sierra Paileman, Los Berros y Kural Malal.
En la nota dirigida a la gobernadora, la titular del INAI señaló que el derecho a la consulta libre, previa e informada “se encuentra establecido en el articulo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y la Ley 24.071 (ratificatoria del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes)”. Añadió que se trata de “un derecho de los pueblos indígenas y sus comunidades y un deber estatal. Que la participación de los representantes y autoridades indígenas, a través de un proceso adecuado de consulta previa libre e informada, permitirá el diálogo intercultural necesario en un ámbito de diversidad y democracia”.
En Río Negro aún está pendiente la realización del censo de comunidades originarias que establece la ley nacional. Si bien, según confirmaron a este medio desde el INAI, se está avanzando en ese sentido. “Se tiene que hacer un convenio como en todas las provincias y estipular como va a ser el Equipo Técnico Operativo (ETO), compuesto casi siempre por organismos con competencia en pueblos originarios de la provincia y el INAI. Estamos esperando los recursos que salieron con el DNU (dictado en noviembre del año pasado para prorrogar la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país). Se está avanzando”.
