El caso de Leonardo Cositorto y Generación Zoe encendió las alarmas, pero fue solo la punta del iceberg de un problema mucho más grave y complejo: empresas fantasmas recurren a famosos e influencers para hacer más creíble una estafa masiva. Aun entendiendo estos famosos desconocen que se trata de una estafa, ¿tienen responsabilidad sobre aquello que promocionan?
En un mundo con tanta exposición al consumo y al uso de personalidades reconocidas para su impulso, urgen normativas que regulen la actividad de los influencers en redes sociales.
Argentina no posee en la actualidad una normativa específica que regule la Publicidad Digital y el rol que hoy tienen los famosos y las personas reconocidas como Influencers a través del uso de las Redes Sociales.
Recientemente, una nueva estafa habría tenido lugar en nuestro país; esta vez, en el rubro de turismo, por la empresa “Turismo Felgueres”, que habría dejado varados en el aeropuerto de Ezeiza a sus clientes, con viajes ya pactados con destino a Turquía y Egipto, entre otros.
Ahora bien, más allá de la denuncia penal por estafa que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 57 y de la suspensión temporal de la licencia por parte del Ministerio Nacional de Turismo y Deporte, lo destacado de este tipo de estafas es la utilización, por un lado, de un esquema denominado PONZI; por el otro, acompañado de publicidad realizada por famosos y reconocidos influencers, para así solventar este tipo de negocios.
La compañía implicada era auspiciada por Luzu TV y por Nicolás Occhiato. Se valió de la imagen de estos últimos para estafar de manera millonaria a cientos de personas que querían cumplir su sueño, viajando a algún punto del mundo.
Al igual que Generación ZOE y Vayo Coin, impulsoras de las inversiones cripto, el rol de los famosos e influencers fue determinante para influir en la decisión de miles de consumidores, que diariamente son expuestos a la publicidad con contenidos en redes sociales.
El año pasado, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo accionó de oficio y, por denuncia de usuarios afectados por estas empresas, sancionó con multas a los famosos e influencers, entre ellos Federico Ball, José María Listori, Laura Fernández y Zaira Nara. La Autoridad de Aplicación Nacional sostuvo que “la confianza que los seguidores depositan en estas personalidades influenciadoras otorga certeza y confianza sobre acontecimientos futuros, haciendo desaparecer la incertidumbre y el riesgo y frente a los daños deben responder”.
El CONARP (Consejo de Autorregulación Publicitaria), entidad privada conformada por Cámaras del sector publicitario, emitió un Código de Ética y Autorregulación Publicitaria con la idea de regular la publicidad digital, poniendo énfasis en la actividad comercial de los influenciadores, cuyos contenidos patrocinados deben darse a conocer en sus publicaciones, para evitar que sus seguidores se vean engañados.
Frente a estos hechos, resulta necesario que los organismos oficiales actúen de forma preventiva y efectiva, en cuanto al control y sanciones. Asimismo, es necesario que se incorpore la educación para el consumo en todos los niveles y ámbitos sociales, a efectos de poder evaluar en forma acabada al momento de consumir aquellos productos que el mercado nos ofrece, efectuando así una decisión libre y razonada.
Por último, tomar conciencia de la necesidad de denunciar los abusos de los cuales somos víctimas, a fin de lograr una correcta tutela y efectividad de los derechos que la constitución nos reconoce.