Las semejanzas entre la policía de Jujuy y los uniformados de la Ciudad de Buenos Aires, no son casuales. La pata civil que habilita y ordena la violencia institucional a diestra y siniestra encabezan la candidatura a la presidencia y vice, de una de las opciones de Juntos por el Cambio: Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, respectivamente. En la interna que disputa con Patricia Bullrich y Luis Petri, es evidente que no hay halcones ni palomas. Mientras persiste y se profundiza la represión en la provincia de Jujuy, aquí en la Ciudad de Buenos Aires salen a la luz datos alarmantes de la policía de Larreta. En el último año, hubo casi 100 denuncias por hechos de violencia institucional por parte de la Policía de la Ciudad. Estas cifras se desprenden del primer relevamiento anual realizado por el “mapa de la policía”, con denuncias de vecinos y vecinas de diferentes barrios y comunas. Estas cifras se suman a los últimos datos de la CORREPI que aseguran que la policía de la Ciudad es la más letal de todas.
Pasó un año desde la inauguración de la plataforma web «Mapa de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires», una herramienta de participación ciudadana lanzada en julio del año pasado y motorizada por la diputada porteña del Frente de Todos Ofelia Fernández. El objetivo de esta iniciativa es visibilizar, identificar y denunciar las situaciones de violencia institucional cometidas por la policía de Larreta dentro del distrito.
Desde Juntos por el Cambio CABA, trataron de restarle importancia a esta plataforma aunque, en la práctica, la administración de Rodríguez Larreta intentó bajar la web y eliminar su base de datos. En agosto de 2022, a pocas semanas de su lanzamiento, Ofelia Fernandez recibió una denuncia penal por haber dado vida esta iniciativa: “Hace un mes lanzamos el mapa de la policía: 45 testimonios de abusos policiales y 42 mil personas visitaron la página”, posteó en su momento la diputada. “Me hicieron una denuncia penal por abuso de autoridad (?? y ahora la fiscal Celsa Ramírez pidió que se CLAUSURE la página ¿qué quieren ocultar?”, destacó Fernández y cierra: “Ojalá la justicia no considere válida esta maniobra desesperada que le teme a la transparencia de las fuerzas de seguridad. Quieren dejarme claro que con algunos temas no vale meterse… pero vale. Defendamos la herramienta.
La que presentó la denuncia fue la referente del PRO, Florencia Arietto y la que ordenó el cierre de la web fue la fiscal Celsa Ramírez, una funcionaria judicial de respuesta automática a los deseos de la administración porteña y que responde abiertamente al oficialismo local. (Ver recuadro)
Más allá de esta anécdota poco agradable, en un año el mapa de la policía logró juntar 98 denuncias sobre diferentes hechos de violencia institucional en la Ciudad de Buenos Aires.
Estas cifras se suman a un relevamiento realizado por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que afirma que “la policía de la Ciudad lleva asesinadas al menos 130 personas desarmadas entre el 1° de enero de 2017 y el 25 de julio de 2022. De esos 130 asesinatos efectuados por efectivos de la policía de la Ciudad, 87 ocurrieron en la provincia de Buenos Aires (casi el 67%), uno en la provincia de Chaco, y 42 en la Ciudad de Buenos Aires (32,3% del total). Desde la CORREPI aseguran que “ésta estadística es demoledora: Más de la mitad del total de muertes de personas desarmadas ocurrieron fuera de la Ciudad, todas fusiladas con el arma reglamentaria”. Esto quiere decir que toma más fuerza el reclamo de organismos de derechos humanos que exigen la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera del horario de servicio o de civil.
La más letal de todas
En marzo de este año, Tiempo realizó un informe basados en el último relevamiento de la CORREPI. De los 172 casos de gatillo fácil ocurridos desde el 10 de diciembre de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2022 en CABA y Provincia, 63 fueron cometidos por la policía porteña, y 109 por efectivos de la Bonaerense. «Pero hay que tener un dato en cuenta: la Policía de la Ciudad tiene poco más de 25.000 efectivos, mientras que su par provincial supera holgadamente los 100.000. La Bonaerense supera cuatro veces la dotación de la policía porteña y es responsable del 63,3% del total de fusilamientos del año, mientras la Policía de la Ciudad, con la cuarta parte de efectivos, cometió el 36,7%. Más de un tercio. La Policía de Larreta es más letal que la Bonaerense –denunció en su momento María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI)–. Hay que tener mucho énfasis represivo para ganarle en tan poco tiempo a ‘la maldita policía’, que hasta ahora era la peor policía del país».
La fiscal que quiso cerrar el mapa
Celsa Ramírez fue titular de la Oficina Central Receptora de Denuncias, organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal. Ingresó al ministerio público Fiscal en 1999 con el cargo de auxiliar en la Fiscalía de Cámara PCyF. En 2001 se desempeñó en la Fiscalía Penal, Contravencional y Faltas N°9; y en 2004 la promovieron al cargo de Prosecretaria Letrada de Cámara en la Fiscalía de Cámara P.CyF. Pero su crecimiento exponencial se dio de 2007 en adelante: Ese año la designaron como Secretaria de Cámara a cargo de la Oficina Central Receptora de Denuncias del MPF de la CABA y en 2011, comenzó a Subrogar como Fiscal de 1° Instancia en lo Penal , Contravencional y Faltas. Ya en el 25 de mayo de 2012, fue designada como interina de la función Titular del Equipo Fiscal B de la Unidad Fiscal Sudeste, por Germán Garavano, en aquel entonces Fiscal general del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires; y meses más tarde, ascendió como interina de la función de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Equipo Fiscal «A»; y más tarde en la función que actualmente ocupa, la Fiscalía Contravencional, Penal y de Faltas N°35.
En 2016, tapió la mitad del edificio de la ex Padelai y encerró a cientos de personas de las 85 familias que lo habitaban. Un proceso que terminó con el desalojo total en manos de la policía metropolitana, tras la orden de la jueza María Lorena Tula del Moral, a cargo del juzgado N 13 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, tras una denuncia realizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por usurpación. Durante varios meses esas familias deambularon por las calles de buenos Aires, y, el ejecutivo porteño, sólo les ofreció una compensación económica.
En mayo de 2018, los metrodelegados llevaron a cabo diferentes protestas en reclamo de la reapertura de paritarias. En ese momento, efectivos de la Policía de la Ciudad, desalojaron las vías de la Línea H y detuvieron a 16 trabajadores, entre ellos, el delegado de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), Néstor Segovia, por supuesto «atentado y resistencia a la autoridad». Las medidas de fuerza habían comenzado en abril de ese año tras el acuerdo paritario que firmaron la Unión de Transporte Automotor (UTA), la concesionaria Metrovías y la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), con un aumento salarial de apenas el 15,2%, en dos tramos. Celsa Ramírez los acusó bajo esa figura legal, por considerar que los trabajadores pertenecían al mismo sindicato.
