El 20 de junio de 2007 Mendoza lograba la sanción de una ley histórica. La número 7722, más conocida como “Ley Guardiana del Agua”, que prohíbe la utilización de cianuro, ácido sulfúrico y otras soluciones contaminantes en las explotaciones mineras. Desde entonces, las comunidades y organizaciones que la impulsaron libraron batallas como la de 2019, cuando lograron revertir una normativa que apuntaba a autorizar proyectos mineros sin pasar por la Legislatura. A 15 años del hito, los riesgos ambientales siguen, y la lucha también.
“Desde 2007, hace 15 años, el embate ha sido sistemático y permanente. Ahora, más. No solo de los gobiernos provincial y nacional. También se suma el municipal: en Malargüe el intendente quiere una ley de zonificación para excluir a la zona de la ley, como quiso hacer (el gobernador Mariano) Arcioni en Chubut y el pueblo lo logró revertir”, comparó Nora Moyano, miembro de la Asamblea de Las Heras por el Agua Pura, una de las agrupaciones que este lunes se moviliza en distintos puntos de Mendoza para celebrar su ley y reforzar sus reclamos.
“Los empresarios mineros se reunieron hace poco en el Hotel Hyatt. Estuvimos ahí demostrando que estamos en contra. Quieren que nos peleemos con los obreros de la construcción y la minería, pero nosotros decimos que la minería es pan para hoy y hambre para mañana. Solamente es trabajo en la etapa de construcción. En San Juan y Catamarca las promesas de empleo quedaron en nada, y encima terminan contaminados”, cuestionó Moyano. “La megaminería no es solo un tema ambiental sino también un saqueo: se llevan todo y nos dejan la basura a perpetuidad”, añadió la mujer, quien fue imputada por su participación en las protestas de 2019 y recordó la reciente detención de dos referentes ambientalistas por su lucha en Andalgalá, por oponerse al proyecto megaminero MARA.
Las actividades de conmemoración por los 15 años incluyen concentraciones, charlas y actividades artísticas desde las 15 en puntos como Plaza Independencia, en Mendoza capital. También, en la Terminal Bustos, en la Plaza de Junín y en el Kilómetro 0 de General Alvear, entre otros.
“Estamos nuevamente en la calle diciendo que no se toque la ley, que traten y aprueben el proyecto de área natural protegida de Uspallata y que traten de una buena vez la Ley de Humedales, nacional y provincial”, enumeró Moyano sobre las nuevas consignas, que se suman a la defensa por el agua. Parte importante del rechazo se concentra ahora en un nuevo intento por reflotar el proyecto minero San Jorge, al norte de la provincia.
Desde la Asamblea Popular por el Agua de Capital y Gran Mendoza, Polo Martínez Agüero destacó que “estos 15 años demuestran la persistencia y la fe en la lucha de haber evitado una de las expresiones más severas y graves del capitalismo. Porque en Mendoza se defendió a sangre y fuego (el agua) y hubo logros, y tenemos que seguir en la misma porque las amenazas no bajan. Son permanentes”. El asambleísta remarcó que “en la zona de Cuyo, de la alta montaña, hacia San Rafael y Neuquén y hacia arriba, hacia San Juan, lo que les significaría en ganancias al gran capital es enorme. Por eso hoy cuando celebramos estos 15 años es para darnos energía para continuar en esta lucha sin que se caiga la 7722. No olvidemos el intento de diciembre de 2019, que fracasó. Ellos fueron con toda la fuerza legal que les da el sistema político, pero el pueblo de Mendoza, la militancia de las asambleas, estuvimos fortalecidos en la legitimidad que nos da la defensa de un bien común como es el agua”.
Martínez Agüero agregó que la vigencia del reclamo es “no solamente para que no se caiga la 7722 sino para que la podamos extender a los demás lugares del país que padecen la misma amenaza. Nos hacemos carne con la lucha de Chubut, donde lucharon en diciembre de 2021 a muerte y pararon el avance de la zonificación en la meseta”.
A nivel local, a fines del año pasado un fallo de la Corte Suprema puso a la comunidad ambientalista en estado de alerta. Porque avaló la histórica norma en su conjunto, pero rechazó por “indeterminación” el artículo referido al uso de sustancias tóxicas en general. “Nos parece que esta apertura de puertas empieza a burlar la ley”, advirtieron entonces desde las asambleas, que hoy salen a la calle con una mezcla de celebración y alarma.
