A 12 años de la sanción de la Ley 26.689, que promueve el “cuidado integral de la salud de las personas con Enfermedades Poco Frecuentes (EPOF)”, casi un centenar de organizaciones y grupos de pacientes que representan a 1500 patologías reclamaron por el acceso a la salud para quien padece este tipo de enfermedades y cuestionaron una reciente decisión del Ministerio de Salud que apunta sólo a los casos que se judicializan para acceder a la cobertura a un estudio o tratamiento.

“Toda decisión del Poder Ejecutivo que tienda a creer que la crisis del Sistema de Salud Argentino se resuelve inmiscuyéndose en el ámbito Judicial, además de ser un retroceso en materia de derechos humanos es un claro indicio de que la política prefiere garantizar los intereses de los actores más poderosos a los de los ciudadanos a pie”, cuestionó la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (Fadepof), que nuclea a 96 miembros.

La entidad emitió un comunicado tras la publicación del Decreto 468/2023 –el 11 de septiembre en el Boletín Oficial- que crea el Consejo de Asistencia Técnica para Procesos Judiciales de Salud (Catpros) en el ámbito del Ministerio de Salud.

“Tendrá la misión de aportar, ante la solicitud del Poder Judicial de la Nación o de la justicia de las jurisdicciones, asesoría técnica basada en la mejor evidencia científica disponible en los casos de reclamos por medicamentos, tratamientos y procedimientos innovadores y tecnologías sanitarias para el tratamiento de enfermedades poco frecuentes y patologías especiales”, difundió la cartera sanitaria. “Hubiese sido celebrado si esos esfuerzos fueran dirigidos para ‘asesorar’ a los pacientes y no solo a los jueces”, criticó Fadepof.

En la Argentina hay 3.6 millones de personas que viven con una EPOF, patologías cuya prevalencia en la población es igual o inferior a 1 persona cada 2.000 habitantes.

Por la vía del amparo

“El lunes 11 nos levantamos con este decreto del Ministerio que implica articular profesionales para asesorar ante una acción de amparo individual. Lo que transmitimos en la reunión que pedimos con ellos es por qué solo ante un juez. Para llegar a la Justicia es porque todo el otro recorrido, de años, el Ministerio estuvo ausente”, lamentó Luciana Escati Peñaloza, Directora Ejecutiva de la Fadepof. “Vienen a dar asesoramiento en la última instancia, les pedimos que lo den antes. Ese es el mayor punto de nuestro comunicado: ¿Por qué esperar a cuando ya está todo consumando y la persona ya agotó todas las instancias y fue a la Justicia?”.

En diálogo con Tiempo, Escati Peñaloza planteó que “la postura es que no queremos llegar a los amparos, pero todos los efectores niegan cualquier prestación. No solo las de alto precio. La niegan hasta que uno viene con el reclamo formal. Lo presentamos al Ministerio, a la Superintendencia, y hacen oídos sordos”.

Según denunció la organización en el comunicado difundido esta semana, “los propios Agentes de Seguro de Salud, e incluso los Estados (nacional y Provinciales) ya no esconden su decisión de negar toda prestación, a la espera de brindar la cobertura de sólo aquellos que regresan con una acción de amparo para hacer valer la Ley Nacional 26.689”.

De acuerdo a la presentación oficial, el nuevo Consejo de Asistencia “podrá aportar al tribunal interviniente que lo solicite, información técnica objetiva e independiente, que facilite la toma de decisiones, a partir de la mejor evidencia disponible sobre la procedencia de una petición y considerando su status regulatorio, verificando que la tecnología solicitada cuente con registro en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) o haya sido autorizada el ingreso de la tecnología por vía de excepción, con el fin de que la justicia pueda realizar un adecuado balance de riesgo/beneficio antes de la toma de una decisión”.

“Sembrar la duda sobre la calidad, seguridad y eficacia de un producto aprobado por la FDA, la EMA o ANMAT sólo por su elevadísimo precio evidencia la incapacidad del Estado de ejercer su rol rector. Si un medicamento salva vidas, se debe encontrar la manera de garantizar el acceso efectivo de los pacientes de la misma manera que otros con enfermedades más prevalentes. Toda acción que retrase la innovación terapéutica conlleva un deterioro grave de la salud de las personas, e incluso la muerte”, alertó la federación de Enfermedades Poco Frecuentes.

Con riesgo compartido

A principios de este año, la cartera de Carla Vizzotti celebró la firma de la Resolución 21/2023 para “dar inicio a la compra, bajo la innovadora estrategia de riesgo compartido, de la primera terapia génica recombinante aprobada en el país por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para el tratamiento de la Atrofia Muscular Espinal (AME)”. Lo definieron como “una jornada histórica para la gestión de políticas sanitarias de acceso a medicamentos de alto precio”.

“Argentina es el primer país en la región que ha decidido avanzar en una estrategia de riesgo compartido donde solo se paga si se alcanzan los resultados esperados, a medida que se van consiguiendo los hitos y con un seguimiento muy pormenorizado de cada paciente”, destacó en su momento la jefa de Gabinete de la cartera sanitaria, Sonia Tarragona.

Importante hallazgo para la atrofia muscular espinal: la esperanza en movimiento

“Constantemente estamos pidiendo al Ministerio dentro del programa de Enfermedades Poco Frecuentes que repliquen acuerdos de riesgo compartido, como el que se hizo sobre atrofia muscular espinal. Ya sea para tratamientos, estudios diagnósticos. Es el mayor impedimento: 75% de las consultas que recibimos son por acceso efectivo”, apuntó Escati Peñaloza. Su hija Juana padece enfermedad de Crohn, una patología crónica que causa inflamación en el tracto digestivo. Llegó a ese diagnóstico cuando la nena tenía ocho años, tras más de un año de peregrinar por diferentes especialistas.

“Hubo una excelente práctica para atrofia espinal –resaltó la mujer- Pero hoy parece discrecional. No forma parte de una política porque no han logrado repetirlo. Es lo que planteamos: la innovación terapéutica viene con altos precios y ahí hay que intervenir como Estado, con compras conjuntas, negociar, bajar precios y garantizar que quien tenga que recibir la medicación lo haga en tiempo y forma”.