Habrá una investigación científica para determinar si las radiaciones electromagnéticas no ionizantes son perjudiciales para la salud o no.
El encuentro surgió como respuesta a dos pedidos que hicieron desde esta organización, uno fue dirigido al Ministerio de Salud de la Nación y otro al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). También contaron que el último escrito presentado lleva la firma de mil quinientas personas de catorce provincias y veinticuatro localidades de distintas partes del país.
Por eso citaron a la Comisión Intersectorial para el Estudio de las Radiaciones No Ionizantes (CIPERNI), “quienes propusieron que participen científicos de distintos sectores de la sociedad civil en la investigación que se realizará”, explicó Franco Giglio, abogado y coordinador del MoTeSa de la provincia de Mendoza, departamento San Rafael, en diálogo con Tiempo. Continúo apuntando que se decidió así para que “no sea solo el Estado el que esté a cargo del estudio”.
“La reunión se hizo el pasado mes de junio; hemos recibido una notificación del Ministerio de Salud que nos informa de lo resuelto en la misma”, contó el abogado. Allí se tomó la decisión de incluir la presencia de nuestra organización en el próximo encuentro que se realizará para seguir tratando el tema, estamos esperando que se defina la nueva fecha, así podemos hacer nuestro aporte”, celebró.
“Esto es muy importante porque nos abre la posibilidad de presentar la valiosa información que venimos recopilado hace mucho tiempo sobre los peligros de las radiaciones no ionizantes”, subrayó Franco. Valorizó que de este modo desde el Estado asumieron el compromiso “de iniciar los trabajos en asuntos pendientes que venimos solicitado”.
“Pedimos la elaboración de un informe para nuestro país sobre las radiaciones no ionizantes actuales en nuestro territorio y en el mundo entero”, remarcó el coordinador. “Este paso que hemos dado es un avance, fue posible gracias al esfuerzo de todos los que firmaron la petición del 7 de diciembre de 2022 y los que día a día seguimos confiando en que esta es la manera de llevar adelante nuestro reclamo”, enfatizó el letrado.
Los integrantes de la CIPERNI que estuvieron presentes en la reunión solicitaron que el Enacom que envíe «información relativa a las tecnologías actuales y 5G, sobre las frecuencias de operación para las torres de telecomunicaciones, radiobases, enlaces y celulares”, detalló Franco. También del “tipo de irradiación, las densidades de potencia actuales y las previstas para el futuro», concluyó.
Piden que se realicen los estudios científicos correspondientes sobre la radiación electromagnética no ionizantes que producen las torres -que instalan las tres empresas de comunicación del país en forma desmedida- que en muchos casos resultan perjudiciales para la vida humana, animal y vegetal según las investigaciones científicas publicadas.
Explican que las Leyes que regulan, miden las radiaciones y deben determinar si afectan o no a la salud y al ambiente quedaron obsoletas; porque fueron creadas en 1995 y la comunidad ha evolucionado en gran manera durante las últimas décadas. Sostienen que la norma tiene que ser modificada y adecuada a la sociedad actual en forma urgente. También aseguran que solo pretenden telecomunicaciones saludables que no pongan en riesgo la salud y el ambiente.
Cánceres, diabetes, deterioro cognitivo, alteración del ritmo cardiaco, cambio en la expresión genética, enfermedades cardiovasculares, daños en el ADN, aumento de los radicales libres, alteraciones en la calidad de los espermatozoides, abortos espontáneos, trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), asma, daños neurológicos, enfermedad de Alzheimer y autismo.
Estos son algunos de los tantos peligros asociados con las radiaciones electromagnéticas de radiofrecuencia. Las mismas, si no son controladas correctamente resultan perjudiciales para la vida humana, vegetal y el ambiente.
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