Según denuncian, la empresa le pagó a trabajadores un "incentivo" de 10.000 pesos para movilizarse a la Legislatura de la provincia días atrás, cuando se trataba la posible ley que presentó el oficialismo.
“Según nos llegó al grupo de la Comisión, Rappi les pagó a los compañeros un incentivo de 10.000 a quienes protestaron en las afueras de la Legislatura en contra del proyecto de Ley”, explicó a este diario Mauro López, el líder de la Asociación Sindical de Repartidores Independientes (ASRI), quien aclaró que “el ítem por el que se pagó, un ajuste por ganancia a modo de incentivo, es inédito. Si fue así, me resulta desagradable y habla de la necesidad de los compañeros”.
La cuestionada movilización se llevó adelante a fines de abril mientras en la Legislatura ofrecían una conferencia de prensa el referente de la CGT y Camioneros, Pablo Moyano y el secretario general de Canillitas, Omar Plaini, acompañados de legisladores del Frente de Todos, quienes se quejaban que en Diputados se frenó la norma, a pesar de que en el Senado el proyecto había contado con el apoyo de todos los espacios políticos. En efecto, denuncian que Rappi presionó a Juntos por el Cambio para que diera marcha atrás.
Representantes u operadores allegados a Rappi fueron los que incentivaron a trabajadores a que se sumen a la marcha: “¡¡¡Vamos compañeros!!! Hoy todos 17 horas en 53 entre 8 y 9. Tenemos que demostrar que estamos todos unidos. Los que vayan Rappi les va a cargar una recompensa”, fue el primer mensaje que pusieron en los grupos de WhatsApp.
Según el sitio Diputados Bonaerenses, una presunta directiva de Rappile afirmó a uno de los repartidores de buenos vínculos con la empresa que tenía la tarea de “arrastrar” al resto: “No tranqui, no les pidas fotos, se ven quienes fueron. Cuándo sepas los que vienen para acá, si me podes confirmar un número, avísame así nos organizamos”.
Posteriormente, el repartidor responde: “Si están todos me pasan el ID (el código de identificación de cada trabajador), vienen a las 17 horas, acompañan hasta el final y nos pagan ahí mismo”.
“Estamos a favor de la regulación, porque endentemos que hay un sector precarizado desde hace siete años. De todas maneras, notamos cierta falta de empatía por quienes presentaron el proyecto, ya que no fuimos convocados y me parece que tenemos derecho a dar nuestra opinión, porque quienes conocemos la actividad somos nosotros”, se quejó López, cuyo sector cuenta con el apoyo de Omar Maturano, quien está al frente de la Unión General de Asociación de Trabajadores del Transporte (UGATT) y mantiene diferencias con Moyano.
Además, López criticó la postura del diputado bonaerense Nahuel Sotelo, presidente del bloque Fuerza Libertaria, quien “le manifestó a los compañeros que de aprobarse la Ley, unos 30 mil o 35 mil repartidores se quedarían sin trabajo, lo cual no es cierto. Es volver a la era de las cavernas, sin derechos, sin posibilidad de visibilizar nuestros problemas, ni de movilizar. La robótica y la tecnología vino para quedarse, pero tenemos que adaptar las normas, para dejar de ser precarizados”.
“Hay que regular la actividad -insiste López-, pero primero hay que entenderla. Estas aplicaciones entran a Argentina en 2017 con la idea de la flexibilidad horaria, pero si la Ley impone jornadas de 8 horas por día es no entenderla. Se metieron canillitas, camioneros y pasteleros. Pero ninguno conoce la actividad”.
Por último, el dirigente gremial advirtió que no solo pelean por “la ampliación de derechos de los trabajadores, sino también para que las empresas tributen al Estado. También tenemos que hacer algo para que dejen de matarnos en las calles en accidentes o en hechos delictivos”.
Como contó Tiempo días atrás, el proyecto de ley que impulsa el oficialismo en la Legislatura bonaerense para crear un registro oficial de trabajadores de plataformas de delivery, como Rappi y Pedidos Ya, establece la creación del Registro Provincial, Único y Obligatorio para trabajadores y trabajadoras de Plataformas en Aplicaciones
Allí deberán inscribirse los trabajadores y también los vehículos -motos, bicicletas o autos- con los que realizan su trabajo. El Ministerio de Trabajo bonaerense les otorgará la habilitación correspondiente, que deberá ser renovada una vez al año. La iniciativa también establece para las empresas de delivery la obligatoriedad de contratar una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
El proyecto, que obtuvo media sanción del Senado bonaerense el año pasado, iba a tratarse el último martes de abril en un plenario de comisiones. Pero la polémica que se generó con la oposición (libertarios y de JxC) y los gremios que nuclean a los repartidores -que marcharon ese martes a las puertas del anexo de la Cámara- hizo que se resolviera postergar el tratamiento y se planifiquen nuevas reuniones con representantes del sector y de las empresas de delivery.
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