Fuertes críticas de los vecinos al proyecto impuesto por el macrismo. "Es un plan de negocios", advierten.
Apenas aprobado el proyecto, el jefe de Gobierno aseguró que se trata de “un compromiso que asumí con un objetivo bien claro, preservar la identidad de los barrios”. En total, obtuvo 31 votos positivos, 11 en contra y los 18 legisladores de Unión por la Patria que optaron por abstenerse. Días antes, desfilaron más de medio millar de personas, entre vecinos, funcionarios y especialistas. La mayoría se alzó con críticas al Código que regía desde 2018 y a las modificaciones planteadas.
“El nuevo código va a ser clave para que fomentemos el equilibrio de la Ciudad y para que sigamos promoviendo el desarrollo del sur, con más y mejores incentivos para quienes decidan invertir en esa zona. También vamos a priorizar los grandes desarrollos en las avenidas para cuidar la fisonomía de las calles más chicas y tranquilas”, insistió Macri.
Los vecinos piensan diferente. “Me suena lamentable usar ‘la identidad barrial’ tan fácilmente, cuando fue utilizado como slogan en todo el proceso del CUr”, explicó a Tiempo Liliana, perteneciente a la organización Conciencia Urbana de la Comuna 11, quien siguió de cerca las audiencias y el tratamiento de la norma. “‘Proteger la identidad barrial’ es el latiguillo que usaron desde el comienzo, y esta modificación del CUr no lo considera, sólo mínimos engaños. Por ejemplo, en Villa del Parque pasan 53 inmuebles a catálogo definitivo (que contarán con diferentes tipos de protección patrimonial), mientras desestiman más de 4.000”, se quejó.
En esa línea, desde la Interbarrial Buenos Aires (IBBA) indicaron que “el lema principal de preservación de la identidad de los barrios fue vaciado de contenido desde el momento en que se propusieron alturas de 24 y 36 mts. para barrios como Chacarita, Villa del Parque, Devoto, San Cristóbal, Villa Ortúzar entre otros, caracterizados históricamente por su carácter residencial y de casas bajas».
En un comunicado, la IBBA resume que el nuevo código “no es un plan urbano, es un plan de negocios”. E insiste con que más de 10 barrios habían presentado proyectos de ley alternativos en el que se mantenía la armonía entre las reglas de edificación y la defensa de la identidad barrial. “No fueron tenidos en cuenta aun cuando se solicitó que se los considerara durante las audiencias públicas y en cada instancia en la que pudieron tomar la palabra”, describieron.
La interbarrial enumeró varias críticas al proyecto aprobado: se intensificó la mixtura de usos, que permite que se instalen polos gastronómicos, textiles y comercios ligados con la vida nocturna que alteran profundamente la vida de las y los habitantes de los barrios de la ciudad.
Además, se incorporó un artículo sobre la saturación de usos sin definiciones ni indicadores claros lo que lo convierte en una herramienta totalmente discrecional. También se destaca que se dejó afuera a las comunas en la toma de decisiones clave, “lo que demuestra la poca voluntad de diálogo con la comunidad”.
Los vecinos coincidieron en señalar que el proceso de elaboración y debate de la ley estuvo plagado de irregularidades y trabas para desalentar la participación ciudadana. Según el Observatorio del Derecho a la Ciudad, de los 552 participantes de las audiencias, sólo 47 se expresaron favorablemente sobre la modificación. Por si fuera poco, de esas 47 personas, al menos 8 trabajan para el gobierno de la Ciudad.
La IBBA advierte sobre la necesidad de declarar la emergencia urbanística ambiental. En este sentido se manifestó César Manuel Sarmiento, integrante de la asamblea de vecinos de San Telmo. Por manda constitucional, “la ciudad debería tener su Código Ambiental, pero eso nunca se debatió y tampoco se sancionó. Esa norma contemplaría los entornos de habitabilidad, medio ambiente, patrimonio histórico, identidades barriales, espacios verdes y marcos sociales”, puntualizó, al tiempo que razonó: “Este agujero normativo es el que ha permitido arrasar el patrimonio histórico arquitectónico, las identidades barriales y los espacios verdes comunes”.
De hecho, en agosto del año pasado, el Juzgado N°3 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, a cargo de Guillermo Scheibler, estableció que la Ciudad no cumple con su Constitución e intimó a la Legislatura a sancionar el Código Ambiental. Ese fallo fue consecuencia de una demanda elaborada en 2018 por el Observatorio del Derecho a la Ciudad y la IBBA.
“El bodoque de la esquina de Bolívar y Caseros autodenominado por los desarrolladores como “Astor San Telmo”, detenida su construcción por no cumplir con la altura permitida en las APH, ahora podrá gestionar una nueva habilitación con un Código Urbanístico que le permitirá construir más alto incluso de lo planificado”, sentencia Sarmiento, y agrega: “La torre de 23 pisos en la esquina de Av. Garay y Chacabuco será el modelo de desarrollo para las avenidas Caseros, Garay, San Juan, Independencia y Paseo Colón. El Casco Histórico quedará cuadriculado con senderos de torres de 68 metros de altura”.
“Para mitigar el impacto o salvar las culpas, el nuevo código dice que se mantendrán los niveles de altura tradicionales en las calles para mantener la identidad de los barrios. La afirmación es mentira”, concluye el vecino de San Telmo, quien ejemplifica que hay varias casonas en venta sobre Bolivar, Defensa o Perú, entre otras calles, que se ofrecen como lotes y que de dos plantas pasarán a tener cinco.
Liliana precisa que “se elimina la transición entre las manzanas frentistas a la avenida Beiró y el interior de barrio, sobre José Pedro Varela, donde el impacto es muy negativo y existe mucha actividad inmobiliaria”. Además, en varias zonas se aumenta la altura límite de 9 a 12 metros, se sostiene la densidad alta en torno a la Estación Villa del Parque, desestimando así el pedido de los vecinos que pretendían la integración paisajística y reforestación, y preservación patrimonial.
La vecina cuenta que se sostendrá el exceso de altura sobre Cuenca y Nogoyá; no se considera la protección de las trazas ferroviarias; ni se contempla la matriz patrimonial elaborada por los vecinos; ni se aborda el conflicto con el Distrito del Vino, una situación que enfrenta los intereses de las actividades comerciales y nocturnas de los dueños de los locales, alentados por el gobierno de la Ciudad, en desmedro de la calidad de vida de los vecinos.
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