Una preocupación recurrente y de larga data entre familias y cooperadoras comenzó a tomar forma de reclamo cada vez más visible y organizado: se presentó un proyecto de ley, hay una campaña de recolección de firmas en curso y se llevará el tema a la justicia la semana que viene como acción de amparo colectiva para que mejore la alimentación en los comedores escolares de la Ciudad de Buenos Aires. Para que dejen de ser materia de concesión de unas pocas y cuestionadas empresas, para que los ultraprocesados no sean los productos predominantes del menú y para que haya más participación de la comunidad en algo tan fundamental como la decisión de qué comen chicas y chicos todos los días en sus ámbitos de formación.
El proyecto de «Ley integral del derecho a la alimentación adecuada en las instituciones educativas» fue presentado este lunes por la legisladora Ofelia Fernández, del Frente de Todos. Apunta a modificar el sistema de los comedores escolares de los establecimientos públicos, donde los menús actuales «intoxican y son de pésima calidad». Al difundir su proyecto en redes sociales, la legisladora contrastó que “el desayuno de cada pibe, por unas galletitas de agua y una chocolatada berreta, es de $37” mientras que el monto asciende a $710 “en cada funcionario de la Secretaría de Transformación Cultural, con tostadas de pan integral, mermelada, queso crema, jugo exprimido, cafés y varios tipos de tés”.
“A lo largo de los últimos años hubo muchas alertas por parte de las comunidades en relación al servicio brindado en los establecimientos escolares por parte de empresas adjudicatarias de las licitaciones. Lejos de dar cumplimiento a una alimentación adecuada, los alimentos que se les brindan a los/as estudiantes presentan muy baja calidad y diversidad nutricional. Poco queda, al día de hoy, de aquellos comedores escolares que garantizaban a les estudiantes un plato de comida abundante y nutritivo, a los fines de permitirles llevar a cabo la jornada escolar”, señala Fernández en los fundamentos del proyecto, impulsado también por el diputado Matías Barroetaveña.
El proyecto se basa en conceptos como la soberanía alimentaria y propone la creación de una comisión interdisciplinaria que asesore y fomente actividades en materia de educación alimentaria, así como la inclusión de emprendimientos de la economía social entre los proveedores. “Resulta oportuno destacar que sería importante tener en cuenta como pautas generales para su confección: que los alimentos empaquetados industriales tengan etiquetado frontal claro para saber su composición; que se disminuya al máximo el consumo de alimentos ultraprocesados, que se tienda a consumir alimentos agroecológicos y que se fije un límite de uso de azúcar refinada”, algo contrario al menú actual, donde desayunos y meriendas están compuestos por galletitas dulces, magdalenas, vainillas y otros productos similares a base de harina blanca y azúcares.
“Esto comenzó en la pandemia, cuando empezamos a ver los problemas que había generado el tema de los bolsones. Y por el negocio que había detrás, con un sobrecosto del 100%. Le pagaban 1500 pesos a las empresas pero a las familias les llegaban 700 pesos de alimentos. La mala calidad y poca cantidad de productos generó varias acciones judiciales”, recordó Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que impulsa una campaña de recolección de firmas para modificar el sistema de comedores y acompaña la iniciativa legislativa. “Cuando volvió la presencialidad resurgieron problemas de larga data: baja calidad de alimentos, ausencia de control, hay denuncias de cooperadoras. Y se repite el tema de las becas: la educación es pública y gratuita, pero cuando vas a la cuestión alimentaria dentro del sistema te piden certificado de pobreza. Ahí se rompe esa universalidad”, cuestionó. Por eso, el reclamo apunta también a la universalidad del derecho a la alimentación escolar, sin trámites ni becas de por medio.
“La licitación (para las concesiones que quedarán a cargo de los comedores a partir de este año) está lanzada, se presentaron ofertas el 11 de marzo y todavía no tenemos noticia de su adjudicación. Es el momento de que no se consolide esto, de rediscutir los pliegos y el servicio. En este marco se lanzó esta campaña con varias aristas. Una es acompañar el proyecto de ley de Ofelia, porque tuvimos participación. Y presentar una acción judicial la semana que viene para que se frene esta concesión y se elimine el sistema de becas”, anticipó en diálogo con Tiempo.
“Hay que repensar el sistema. Basta de empresas que buscan la rentabilidad sin garantizar la calidad. Esto ha fracasado, queremos un sistema transicional a un sistema donde se vuelva a cocinar en las escuelas. Que haya obligación de dar alimentos nutritivos a la niñez. Hay cuestionamientos de nutricionistas a los pliegos actuales. Pedimos que se incorpore a los pliegos la Ley de Etiquetado Frontal que se aprobó en Nación, y que haya un sistema más desconcentrado. Hay leyes de economía social que se votaron el año pasado y no hay mejor situación para fomentar la economía social y la soberanía alimentaria que en las escuelas”, concluyó Baldiviezo.
La lupa sobre el menú
Cada vez más familias intentan llevar una alimentación que no esté centrada en los productos ultraprocesados, con más predominio de frutas, alimentos de estación y comidas ‘reales’. Ese proceso choca con gran parte de lo que se ofrece en los comedores escolares públicos. “La mayoría de los menú lamentablemente están basados en lo que llamamos productos ultraprocesados, con muchas azúcares refinadas, de alto valor calórico pero escaso valor nutricional”, explicó la pediatra Sabrina Critzmann, autora de “Comer y criar” e ‘influencer’ en materia de alimentación saludable.
“Hoy sabemos que estos productos afectan a la salud. No es una cuestión de capricho, hay evidencia contundente de diversos organismos, entre ellos la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que nos dan un fundamento científico de por qué no sugerir estos productos toda la vida, pero sobre todo en la infancia y la primera infancia, cuando se están programando muchas vías metabólicas y termina siendo la semilla de enfermedades a corto y largo plazo”, alertó la pediatra. Y agregó: “La medicina, la nutrición, van cambiando. Antes había cosas que no sabíamos y ahora sí. Claramente no pueden seguir siendo los mismos menús que se daban hace años. Tampoco podemos seguir dando al misma listita en el consultorio del pediatra: tenemos que adaptarnos a nuevas informaciones”.
El riesgo de una alimentación basada en ultraprocesados, detalla es que “predisponen a enfermedades crónicas no transmisibles: la hipertensión, la diabetes, ciertos tipos de cáncer. La OPS desde hace varios años está explicando que somos de los primeros países consumidores de jugos, galletitas y gaseosas. Y que esto tiene un impacto muy negativo en la salud de las infancias, y esto que pasó en la infancia tiene repercusión en las personas adultas”.
Otro punto, menos tenido en cuenta, se relaciona con la salud bucal. “Me gusta enfocarme en esto de lo que no se habla mucho: la salud de los dientes. Vemos miles de infancias de dos, tres, cuatro años con montón de caries, con dolor para masticar, que no pueden digerir bien porque no pueden masticar bien por tener los dientes lastimados. La presencia de azúcar en estas cantidades en la alimentación –sumado a la falta de control y el mal cepillado- tiene un impacto directo. Y la salud bucal tiene implicancias en todo el organismo. Que la boca esté inflamada es un foco de infección para todo el cuerpo. Algo tan sencillo o poco pensado como la salud oral es fundamental y lo que están comiendo en los jardines va a impactar en toda la salud de las infancias”.
Para Critzmann, es “fundamental darse cuenta de la cantidad de golosinas que están comiendo las infancias. Porque muchos de los yogures que comemos son golosinas, están llenos de azúcar, las galletitas son golosinas, los jugos son golosinas, las leches saborizadas lo son. Los chicos están permanentemente consumiendo golosinas aunque no lo sepamos”. Según estos parámetros, de hecho, meriendas y desayunos que provee el Estado en las escuelas están protagonizados por golosinas.
Mientras los reclamos apuntan a una transición que modifique el paradigma actual, existe una opción algo oculta entre las pautas oficiales que da el Gobierno de la Ciudad para la alimentación de alumnas y alumnos. El Programa de Alimentación Escolar de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta contempla el ítem de “viandas enviadas desde el hogar”, para lo cual se debe firmar un “acta de responsabilidad” que comprometa a las familias a cumplir con ciertas indicaciones de una guía de elaboración de viandas. “Es tremendo, porque está muy bien lo que dice ahí pero muchas cosas no se cumplen en lo que dan en los colegios. Hablan de poner frutas, de que sean alimentos sencillos, pero en el colegio les dan otra cosa”, cuestionó Critzmann.
Más allá de tener en cuenta esa opción poco visibilizada, Baldiviezo remarcó que “el derecho a llevar viandas tiene que estar, pero es una vía de escape frente a un mal sistema. El Estado debería garantizar que la buena alimentación sea para todo el alumnado”.
