Por graves delitos relativos al narcotráfico destituyeron al fiscal Claudio Scapolán

Por: Jesús Cabral

El Jurado destituyó al ahora ex funcionario y también le dictó la inhabilitación permanente para ejercer cargos judiciales.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió el reciente lunes por gran mayoría destituir de su cargo al que era fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, de 52 años. El juicio político se inició a partir de una causa penal en la que el ex magistrado fue investigado junto a treinta policías y abogados que se dedicaban a realizar extorsiones, robos a narcotraficantes y comercialización de estupefacientes.

La Comisión Provincial por la  Memoria (CPM), fue querellante institucional en la causa penal y participó como veedora de las audiencias del jury que se realizó. “Celebramos la decisión del Jurado, porque la democracia no puede tolerar la connivencia de sectores del Poder Judicial con la trama del delito y el crimen organizado”, expresó Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de este organismo.

“El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, está titulado por la presidenta de la Cámara I en lo Civil y Comercial de La Plata, Ana María Bourimborde”, nombró el secretario ejecutivo. Valorizó que este lunes “destituyó al ex fiscal Scapolán; además le dictó la inhabilitación permanente para ejercer cargos judiciales”.

Votación del Jurado

La votación fue 9 contra 1. Estuvieron a favor los conjueces legisladores Juan Pablo Allan, María Eugenia Brizzi y Daniel Lipovetzky de Juntos por el Cambio, Walter Caruso de Espacio Abierto Juntos; y los conjueces abogados Carlos Valdez, Héctor Mendoza Peña, Carlos Garavaglia, José Manuel del Cerro y Juan Spinelli. El único voto en contra fue el de la senadora del Frente Renovador, Sofía Vannelli.

“El secretario de enjuiciamiento Ulises Giménez realizó la lectura del veredicto y ordenó que Scapolán deje de cobrar su sueldo como funcionario público de inmediato”, contó el abogado. Siguió señalando que desde que se dictó su suspensión y hasta el momento, “el ahora ex fiscal seguía percibiendo el 60% de su sueldo”.

“Por todas las pruebas presentadas, el Jurado dio por aprobada la acusación que pesa sobre Scapolán por negligencia y graves irregularidades cometidas mientras estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del partido bonaerense de San Isidro”, aseguró García. Adelantó que en los próximos días “luego de la notificación a las partes, se harán públicos los fundamentos en los que está basada la sentencia”.

Acusaciones contra Scapolán

Las acusaciones contra el fiscal surgen por su participación en una asociación ilícita que estaba integrada por abogados, miembros de la Policía Bonaerense, informantes y secretarios de la fiscalía que dirigía el ex magistrado”, señaló el secretario ejecutivo. También apuntó que entre 2013 y 2015 esta banda delictiva “se dedicó al armado de causas, extorsión y a la comercialización de estupefacientes, entre otros delitos muy graves”.

“El representante de la Procuración de la provincia y el fiscal general de la ciudad de Pergamino Mario Gómez, dijeron que los delitos por los que fue investigado penalmente Scapolán son por intervenir de manera ilegal”, aseveró García a este diario. También aseguró que el ex fiscal “lo hizo para garantizar y perpetuar la impunidad de esta organización criminal formada por distintos profesionales”.

“El fiscal Gómez indagó en por qué Scapolán aparecía habitualmente en procedimientos de gran envergadura, de los cuales en realidad debía apartarse y dar paso al fuero federal, eso llamó mucho la atención del magistrado”, reconstruyó el abogado. Siguió contando que cuando estas mismas causas “pasaron a la justicia federal ya había pasado el tiempo suficiente para que los principales responsables de transportar y comercializar los estupefacientes que secuestraban en los operativos puedan eludir la investigación judicial”.

Delitos cometidos

Scapolán vulneró el principio de competencia territorial al decidir y ordenar allanamientos de emergencia, espontáneos”, indicó el secretario ejecutivo. Aseguró que lo hizo sin presencia “de algún magistrado y en distritos ajenos a su ámbito geográfico de actuación legal”.

“Por todo esto, durante las audiencias del juicio político, para la parte acusatoria había quedado demostrado que en los casos de narcotráfico Santellan, Bustamente y Anacona-Leones Blancos; Scapolán tuvo un rol preponderante al momento de ordenar allanamientos falsos”, denunció el abogado. También participó en “extorsión económica que los policías le hacían a las personas que sufrían los operativos, plantaban drogas en viviendas específicas y muchas personas resultaron detenidas durante años por esas maniobras delictivas de los funcionarios siento totalmente inocentes”.

“Si bien la Cámara Federal del partido bonaerense de San Martín le dictó la falta de mérito por los delitos -cometidos por el ex fiscal- vinculados al narcotráfico, Scapolán sigue siendo investigado por su participación en esa organización criminal que funcionó durante años”, enfatizó García. La misma estaba destinada a realizar “extorsión, robos y comercialización de estupefacientes, en la que está actualmente procesado por falsedad ideológica de instrumento público”, señaló.

Destitución

“Nosotros destacamos el veredicto del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires que reconoció la gravedad institucional de esta acusación”, celebró el secretario ejecutivo. También resaltó “el gran cúmulo de pruebas para avanzar con la destitución del ex funcionario, que fue un gran trabajo del fiscal federal Fernando Domínguez”.

“Consideramos que este fallo debe ser tomado como un punto de inicio para seguir adelante con la investigación penal y poder revertir la arbitraria decisión de la Cámara Federal sanmartinense que exculpó al ex fiscal imputado en los delitos más graves que se investigan en esta causa”, reclamó García. Finalizó pidiendo que este veredicto sirva para fortalecer el compromiso de las instituciones estatales, “investigar, castigar todos los actos de corrupción y la connivencia que mantienen distintos sectores del Poder Judicial con las tramas del delito, el crimen organizado en nuestro país y reforzar el sistema democrático”.

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