Polémica por un plan para construir más cárceles y que las gestionen privados

La decisión está tomada: el Gobierno Nacional prepara el desembarco de la gestión privada en las cárceles argentinas como uno de los ejes de un ambicioso plan para transformar el Servicio Penitenciario Federal (SPF). La misión es evitar la superpoblación y, además, mantener ocupados a los reclusos. Y el modelo es la «cárcel abierta» de Punta de Rieles, en las afueras de Montevideo, un proyecto financiado en Uruguay por el programa de Participación Público Privado (PPP), donde los presos emprenden sus propios negocios, se dan trabajo entre ellos y pueden ofrecer sus productos y servicios elaborados intramuros fuera del alambrado perimetral. 

«Miramos Punta de Rieles, pero también nos gusta la cárcel de Santa Catarina, en Brasil, y el modelo de los países escandinavos», avisan desde la Subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, el organismo dependiente del Ministerio de Justicia que asumió la titánica tarea de mejorar las actuales condiciones de encierro. 

El plan contempla que a fines de 2019 haya más de 20 mil lugares de detención (actualmente la capacidad de alojamiento ronda los 11 mil internos). «Creemos que la superpoblación es la madre de todos los males que hay en el sistema. Además tenemos el problema de los edificios viejos, de las cárceles ubicadas en centros urbanos –Devoto es el caso emblemático– y una concepción decimonónica de lo que debe ser una cárcel, la famosa concepción del panóptico. Nosotros nos proponemos trascender ese paradigma con un plan a largo plazo.» 

En noviembre pasado, el Congreso Nacional aprobó una ley argentina de PPP, que habilita las asociaciones entre empresas privadas y el Estado para la realización de obras de infraestructura, vivienda, servicios, inversión productiva e investigación aplicada. De las 20 obras que actualmente están en carpeta para la construcción y renovación de unidades penitenciarias,  las dos más ambiciosas siguen el modelo de PPP. 

En Ezeiza, la intención es inaugurar en 2019 un nuevo gran módulo dentro del Complejo Penitenciario Federal I, con capacidad para unos 3600 detenidos, que incluirá la gestión privada en el mantenimiento y la administración. Es decir, el Estado tercerizará servicios básicos como higiene, alimentos y residuos, entre otros, pero se reservará la política de tratamiento de los presos y la seguridad. «Queremos que la nueva cárcel de Ezeiza sea nuestra Punta de Rieles», se entusiasma un vocero del Ministerio de Justicia. 

El segundo proyecto es la construcción desde cero de una cárcel que iba a estar en Junín, pero que, por la negativa de ese municipio, se establecerá en otra plaza en la provincia de Buenos Aires, que todavía están buscando, distante a no más de 200 kilómetros de Capital. 

«También es una iniciativa privada pero la modalidad es llave en mano, es decir, una empresa se hace cargo de la construcción y recién un año después de la inauguración el Estado le empieza a pagar. Cuando deposita la última cuota, se hace de la propiedad, y la gestión penitenciaria es la misma que en una cárcel pública», explican desde la cartera que comanda Germán Garavano. 

El vocero de Justicia también revela que ya existe un pliego de licitación modelo como el de Punta de Rieles y que recibieron dos ofertas. Una de una empresa nacional y otra con capitales españoles y mexicanos. «También están dando vueltas ofertas de empresas brasileñas e israelíes. La ventaja es que las construcciones son mucho más rápidas que las de la obra pública», afirma. 

Sistema endogámico 

«La construcción de nuevas cárceles es indispensable, pero lo que no va a poder lograr es regular el cupo. En la provincia de Buenos Aires duplicaron las plazas y sigue habiendo problemas de hacinamiento. El dilema no es aumentar la capacidad si no ver quiénes son los que van a quedar presos y quiénes van a salir. Existen otros instrumentos legales para reducir la superpoblación», remarca el camarista del fuero Penal y Contravencional de la ciudad de Buenos Aires y exjuez de Ejecución Penal nacional, Sergio Delgado. «Hay cientos de procesados presos hace más de diez años –continúa– sin sentencia firme y, en algunos casos, sin sentencia siquiera. En el interior del país la justicia federal encierra a la gente por meses sin siquiera dictarles prisión preventiva». 

En lo que respecta a la propuesta de concesionar determinados servicios, Delgado sostiene que «podría funcionar muy bien», pero advierte que «el problema suele ser la falta de control de estas concesiones y la corrupción penitenciaria, como por ejemplo, que se incurra en sobreprecios o se liquiden servicios no prestados.» En ese sentido, el camarista destaca que hoy están siendo indagados el actual y los dos últimos directores nacionales del SPF, en referencia a Emilio Blanco, Alejandro Marambio y Víctor Hortel. 

«Encontramos un Estado ajeno que delegó todo en el Servicio Penitenciario. El sistema se volvió endogámico, no había control político y eso generó un submundo carcelario al que el poder político no accedía», diagnostica una fuente de la Subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios. «No hay un Estado ontológicamente deficiente. Al contrario, es el que tiene qué decidir qué tipo de cárcel quiere, pero el privado puede acompañar e involucrarse. Para nosotros, es mejor que el privado se ocupe del mantenimiento, así podemos enfocarnos en el interno.» 

Para respaldar sus dichos, el funcionario destaca que actualmente se está construyendo, con el sistema de obra pública tradicional, el Complejo Federal de Condenados Agote, ubicado a 20 kilómetros de Mercedes. Se espera que la primera parte de la obra se inaugure entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, lo que significaría unas 500 plazas más. La segunda parte se cumpliría a finales de 2019 (con un total de 700 plazas). 

Pero además del PPP, al Gobierno lo entusiasma el proyecto de la construcción de la cárcel federal de Yuto, en Jujuy, que estará en manos de la ONU, a través de su oficina de proyectos, que involucrará agencias de programas de inclusión social e infraestructura sustentable, y donde el Estado nacional solo se ocupará de los pagos puntuales. 

«Por lo menos en los próximos años –concluye el vocero del Ministerio de Justicia–, además del PPP, en la construcción de cárceles van a intervenir todos los modelos. Evaluaremos el funcionamiento de cada uno hasta que por descarte nos quedemos con el que brindó mejores resultados.» «

Un sistema que suma críticas

Estados Unidos es pionero en el lucrativo negocio de las cárceles privadas, que comenzó cuando el gobierno empezó a subcontratar el manejo del sistema penitenciario a empresas, en los ’80. Se construyeron en pequeños pueblos con la promesa de garantizar empleos, aumentar la recaudación y abaratar los costos que provocaba la creciente población carcelaria. En 2011, las cárceles privadas llegaron por primera vez a América Latina. Primero fue Brasil y luego Chile. En ambos países, el sistema tiene detractores y defensores. En Brasil, por ejemplo, las rebeliones ocurridas a principios de este año en los presidios de Manaos y Boa Vista, que terminaron con más de 80 muertos, provocaron fuertes cuestionamientos a las condiciones de vida y el modelo de gestión en las cárceles brasileñas. Lo mismo ocurrió en México, donde la privatización del encierro no resolvió el hacinamiento, las violaciones a los derechos humanos, ni la corrupción. Sin embargo, es un buen negocio para las empresas.

Los números del encierro

168 presos por cada 100 mil habitantes es la tasa de encarcelamiento en la Argentina, aunque bastante alejada de los países con mayor población carcelaria. En EE UU hay 693 presos cada 100 mil personas.

141 personas no contaban, a principios de febrero, con cupo disponible en el sobreocupado penal de Ezeiza. El de Marcos Paz aloja a 184 detenidos por encima de su capacidad declarada.

11124 detenidos pueden alojar hoy los penales federales. Se quiere llegar a una capacidad de 20 mil plazas. Contando todos los ámbitos penitenciarios, la Argentina pasó de 25.163 presos en 1996 a 72.693 en 2015.

35 mil detenidos hay en cárceles de la Provincia de Buenos Aires, cuando la capacidad es de apenas 27 mil plazas. Las cárceles de San Nicolás, Florencio Varela. Campana y Melchor Romero son las más hacinadas.