El fiscal Franco Picardi, titular de la Fiscalía Federal N° 5, emitió un dictamen que pide sobreseer a una trans de 36 años del delito de venta de drogas a baja escala por considerar que se trata de «una sobreviviente en estado de necesidad disculpante y falta de acceso a derechos básicos». También solicita que se investigue la responsabilidad de eslabones más altos por considerar que la persecución penal debe concentrarse en las estructuras criminales de mayor envergadura, en lugar de criminalizar a las más vulnerables.
La protagonista del fallo es una mujer trans, MPC, captada por las cámaras de la policía de la Ciudad de Buenos Aires en un “pasamanos” en una calle de Constitución, en marzo de 2018. Llama la atención que el abordaje policial -citado en el dictamen- por momentos la trata en masculino, violando la Ley de Identidad de Género. A lo largo de 118 páginas, el dictamen resalta la necesidad de dotar a la Justicia de una perspectiva de género, y repasa teorías con citas a Judith Butler, Dora Barrancos, Simone de Beauvoir, Michel Foucault, entre otros. Ahora el juzgado de Canicoba Corral deberá expedirse.
Para la elaboración del dictamen la Fiscalía contó con la asistencia de la Dirección de Políticas de Género de la Procuración. El escrito cuenta cómo MPC llegó al estado de necesidad y cita un informe ambiental sobre su historia.
Oriunda de Perú, cuando era chica su padre migró a Argentina. Dejó la escuela a los 11 años y sufrió explotación laboral en su niñez para aportar dinero al hogar. A los 18 se inició en la prostitución. Más tarde vino a la Argentina para vivir con libertad su identidad de género. En su declaración, contó que la cocaína encontrada en su cartera era para consumo personal y también porque los clientes se la requieren. El dictamen repasa la historia de patologización y criminalización del colectivo trans. También destaca que la acusada padeció varias enfermedades y tiene 36 años: uno más que la edad promedio de vida de una trans en América Latina. Por eso insiste con que se trata de una sobreviviente.
Causas vinculadas
Picardi es el autor de otro dictamen en esa línea: en abril pidió el sobreseimiento de cinco trans acusadas de infringir la ley de estupefacientes, por considerar que por su identidad de género viven en extrema vulnerabilidad y violencia estructural. Pero también son víctimas de «selectividad criminalizante». El fiscal pidió que se investigue si existe una organización criminal que utiliza a trans para comercializar drogas.
El juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7, a cargo de Sebastián Casanello, las sobreseyó. Ahora la fiscalía también pide que se investigue el vínculo que existen entre ambas causas, vinculadas por coincidencias entre domicilios.
“Existen muchos informes que señalan que el colectivo travesti-trans es el más castigado. Pero en la calle, el rol de una trans es prostitución. No hay otra oportunidad. El prostituyente exige drogas. Y quien tiene que proveerla, porque es una condición social impuesta, es la travesti”, dice Marcela Tobaldi activista de La Rosa Naranja. “La fuerza de seguridad ataca a la identidad travesti por la identidad pero también por la coima, por la caja del círculo prostibulario”, agrega.
Tobaldi celebra el dictamen de Picardi. “Es ejemplar para dejar de perseguirnos”. Pero según ella, va a contramano de lo que pasa en las calles. “En estos días hubo varias chicas detenidas con cinco bolsitas. Ni la justicia ni las fuerzas de seguridad quieren perseguir a los reales narcotraficantes”.
Activismo judicial
Alba Rueda de Mujeres Trans Argentina rescata éste y otros dictámenes en la Ciudad de Buenos Aires que registran violencia estructural hacia personas trans. “Hay una estructura opresiva que tiene que ver con modos de vivir y morir. Que haya dictámenes de fiscales en este sentido implicó esfuerzos de activistas en el ámbito judicial. La Comisión de Justicia por Diana Sacayan logró incidir para que en el juicio y en otros operadores de Justicia se pueda incluir el travesticidio social dentro de la trama de criminalización. Celebramos que haya operadores de Justicia más sensibles a agendas travestis y trans”.
“No es menor que este reconocimiento de violación de derechos básicos venga de un sector tan conservador como la Justicia, a la cual la mayor parte de la población trans no tiene acceso, porque en general solo accede criminalizada. Por ese camino se avanza al cumplimiento integral de derechos humanos y se intenta cortar con esta cadena donde los que pagan son los eslabones más débiles en la famosa guerra contra el narcotráfico”, dijo a Presentes Matías Soich, doctor en lingüística, activista y docente.
El escrito de Picardi desarrolla el marco internacional de derechos y las obligaciones del Estado, así como la estigmatización, vulneración y discriminación que culminan en el estado de necesidad
disculpante. «
Excluidas sociales
“Desde que asumió este gobierno se incrementaron un 100% las detenciones arbitrarias a travestis y trans en provincia de Buenos Aires. Y aumentaron maltratos, vejaciones y muertes de compañeras”, informó Claudia Vasques Haro, presidenta de Otrans Argentina, que elabora un informe más amplio y federal sobre entrevistas a 100 trans y travestis, con apoyo del Fondo Internacional Trans a presentar en octubre. “Las compañeras son excluidas sociales y este gobierno aplicó políticas de mano dura y detenciones a sectores populares donde estamos trans y travestis, sobre todo migrantes. Ya denunciamos la connivencia entre la policía, el Poder Judicial y el servicio penitenciario”.
Con esta nota inauguramos una nueva alianza con Presentes, una agencia de noticias regional LGTBI que cubre la actualidad desde una perspectiva de derechos humanos para combatir la discriminación.
