En paralelo, miembros de la Policía de San Nicolás convocan a movilizarse tras un fallo que condenó a un ex suboficial por dos homicidios. La Comisión Provincial por la Memoria presentó un escrito ante el Ministerio de Seguridad Bonaerense y la Auditoría de Asuntos Internos para que tomen conocimiento del comportamiento de esta fuerza armada del Estado.
Ante esta situación, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) -en su carácter de mecanismo Local contra la tortura- presentó una nota ante las autoridades bonaerense para que tomen conocimiento de la gravedad del asunto.
“Llaman a marchar con vestimenta azul, el color que caracteriza a las fuerzas de seguridad. Esto es una muestra de que son una corporación”, aseveró a Tiempo Roberto Cipriano García, abogado y secretario de la CPM. Relató que “nosotros presentamos un escrito ante al Ministerio de Seguridad Bonaerense y la Auditoría de Asuntos Internos para que intervengan en esta grave intromisión en la resolución del Poder Judicial por parte de una fuerza armada del Estado”, lo que produce un descalabro institucional.
“Pasó apenas una semana de la condena, encima el policía imputado continúa en libertad porque el fiscal no pidió su detención. Ahora sus compañeros de la misma fuerza convocan a una movilización para repudiar el fallo de los jueces”, se quejó García. Siguió subrayando que “lo están haciendo para ponerle presión a la Justicia”.
Cabe destacar que la CPM patrocina a los padres de los jóvenes asesinados desde el primer momento y es particular damnificada institucional en la causa. “La movilización de los uniformados revictimiza a las familias de Ulises y Ezequiel que murieron como consecuencia de la brutalidad policial”, denunció el abogado. Además, esta acción de la fuerza de seguridad también produce “una afectación flagrante directa a lo normado en la Ley de Víctimas”, remarcó.
En la nota solicitaron la inmediata intervención del Ministerio de Seguridad Bonaerense y la Auditoría de Asuntos Internos, advirtiendo que «la participación de los policías en una manifestación contra una sentencia pronunciada por magistrados y legalmente constituida, es una falta muy grave a los deberes de funcionario público”, ahondó el letrado. También señaló que la situación empeora aún más al tratarse de “un hecho que constituyó una grave violación a los Derechos Humanos, arrebatando la vida a dos muchachos jóvenes y llenos de vida que habían salido a comprar bebidas en una moto”.
“Solicitamos al Tribunal Oral Criminal N° 2 de San Nicolás que tenga en cuenta la convocatoria a movilizar de los policías para resolver la situación del imputado, pedimos su efectiva detención”, exigió García. Finalizó subrayando que lo haga “acorde a la condena de diecisiete años de prisión que le dieron por el delito de doble homicidio con dolo eventual.”
Pablo Nicolás Moresco, ex miembro de la Policía Bonaerense, fue condenado el jueves pasado por el TOC N° 2 de San Nicolás a la pena de diecisiete años de prisión. Los tres jueces lo encontraron penalmente responsable de los homicidios de Ezequiel Corbalán 30 años y Ulises Rial de 25, ocurrido en junio de 2020.
La noche que sucedieron los hechos, Moresco iba en un patrullero con la sirena y balizas policiales apagadas. El ex policía cruzó su móvil hacia el carril de circulación contraria, a contramano, para forzar la detención de la moto en la que viajaban los dos jóvenes. Esa fue la maniobra que produjo un fuerte impacto de la moto sobre el patrullero que provocó la muerte de Corbalán y Rial, según los jueces reconocieron en el fallo.
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