Piden 8 años de prisión para la mujer que atacó con un hacha a su marido

La semana pasada terminó una etapa clave del juicio que se le sigue a Cristina Santillán, la mujer que hace tres años le dio dos hachazos en la cabeza a su marido, Ricardo Orlando Hernández. El jurado popular la condenó por lesiones gravísimas calificadas por el vínculo y no por homicidio, como pretendía la fiscalía que hoy pidió que fuera sentenciada a ocho años de prisión. La defensa, en cambio, solicitó que la pena sea menor a los tres años. El viernes que viene la jueza Alejandra Raverta deberá resolver cuántos años de cárcel deberá pagar la mujer. 

El caso que conmociona a Azul desde el 16 de septiembre de 2014, cuando la acusada fue detenida por agredir a su marido, se convirtió en bandera de lucha del movimiento feminista que sostiene que la reacción de Santillán fue producto de 38 años de sometimiento por parte de su pareja. 

El hombre fue dado de alta a los seis meses del ataque. Luego, a través de IOMA fue internado en un geriátrico donde finalmente murió dos meses más tarde.

Durante las tres extenuantes jornadas que duró el juicio en los Tribunales de Azul, los fiscales Javier Barda y Laura Margaretic intentaron demostrar que la mujer, de 59 años, actuó de manera premeditada. Entre los testimonios que reforzaron esta hipótesis, está el de un amigo de Hernández, el abogado Daniel Pérez Guedes, quien aseguró que un día antes de la agresión el hombre le dijo que quería iniciar los trámites de divorcio. De acuerdo a esta versión, la mujer no lo soportó y lo atacó.

La estrategia de la defensa, encabezada por el defensor General de Azul Diego Fernández y sus colegas Mariana Mocciaro y Diego Araujo, sostuvo que la agresión de Cristina fue consecuencia de una vida de sometimiento. «Hace unos tres meses, en los albores del juicio, cuando tomamos el cargo, nos encontramos que tanto la fiscalía como la defensa no habían tratado el caso con perspectiva de género», explicó a Tiempo Fernández.

«Solicitamos la reapertura de pruebas –continuó el defensor General de Azul-, pudimos incorporar varias pericias y dar cuenta del contexto en el que ocurrió todo». Uno de esos informes presentados fue un estudio realizado por el reconocido psiquiatra Enrique Stola que estableció que Santillán padece «Estrés Postraumático Crónico producto de Violencia de Género Extrema».

«Las mujeres se defienden de sus agresores cuando pueden, no en el momento en el que el Poder Judicial lo decide. El padecimiento de un estrés postraumático genera confusión, la atención está puesta en forma no consciente en el sobrevivir, se modifica los tiempos de reacción ante la violencia, se modifica el proceso de toma de decisiones y, ante una agresión machista sostenida en el tiempo la mujer pocas veces puede reaccionar en el acto», puntualizó Stola en su escrito.

Testimonios clave

Durante el juicio testificaron dos hijos de Cristina. El viernes pasado lo hizo Julián Hernández quien relató los tormentos a los que su padre sometía a la familia y que él mismo había naturalizado. El tramo más emotivo de su testimonio fue cuando se dirigió a su madre y le dijo: “Ese hombre no era mi papá, él estaba enfermo. Te pido perdón por no haber podido hacer algo. Pero acá estoy para seguir adelante juntos”, expresó entre sollozos.

“Julián explicó las distintas formas de violencia a la que eran sometidos todos en esa casa. Contó hechos puntuales que recordaba y que huyó de Azul a los 18 para estudiar en la Plata. Dijo que estando fuera recién se pudo abstraer y advertir lo que pasaba”, reconstruyó Luz Ramallo, integrante de la Asamblea de Mujeres en Lucha de Azul, uno de los colectivos feministas que sigue el caso desde el principio y se manifestó por la libertad de Santillán en las puertas de los tribunales de la ciudad.

El día anterior, el jueves, había sido el turno de María de los Ángeles Hernández, otra de las hijas del matrimonio que prefirió declarar a puertas cerradas. Su testimonio fue en el mismo sentido que el de su hermano.

“El Código Penal mantiene el espíritu de hace dos siglos atrás”

Para el defensor General de Azul “la solicitud de la Fiscalía en cierta manera cayó como una burla, porque el jurado popular le quitó al hecho la intencionalidad homicida. Sin embargo, pidieron una pena de ocho años que se contempla para un homicidio simple”.

“Pedimos la pena mínima, incluso que sea por debajo de esa escala. Acá estamos frente a un problema de dosimetría penal regido por un Código que mantiene el mismo espíritu de hace dos siglos atrás: cuando las normas eran creadas por los hombres para los hombres. Pretendemos forzar una interpretación que incluya estas relaciones de poder y dominación a la luz de la violencia contra las mujeres”, concluyó.