La Fundación Rosa de Luxemburgo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentaron un pormenorizado informe en el que se advierte el desmantelamiento de las políticas agroalimentarias en los primeros meses del gobierno de Javier Milei. El trabajo «Rascar la olla» fue llevado adelante en el marco del proyecto «Todo Alimento es Político» y demostró cómo mientras la ciudadanía consume cada vez menos, las empresas alimentarias y del complejo exportador ven crecer sus ganancias de manera estratosférica.
El documento fue elaborado por especialistas que integran el Programa de Estudios Regionales y Territoriales (IGEO-UBA), entre noviembre 2023 y julio 2024, y analizó la situación a partir de tres ejes: la producción; el acceso; y el apoyo por parte del gobierno. Todo esto a partir del relevamiento de 111 políticas.
A modo de resumen, calcularon la evolución que tuvo el precio en la elaboración de un guiso y un mate cocido. Los resultados fueron elocuentes: entre noviembre de 2023 y julio de 2024, un plato de guiso se incrementó en un 151%; dicho de otro modo, con un salario mínimo o una jubilación se compran 118 platos menos que antes. El año pasado, con una Tarjeta Alimentar alcanzaba para 74 platos, mientras que en julio de este año solo 54. En el mismo período, una taza de mate cocido tuvo un aumento del 143%.
El consumo en baja, las empresas alimentarias en alza
El informe destaca que el consumo de alimentos se redujo, en promedio, un 16% en supermercados y un 11% en autoservicios mayoristas, siendo que las caídas más significativas fueron en bebidas (26%), lácteos (12%), carnes (9%), frutas y verduras (7%), y productos de almacén (6%).
Como correlato, las empresas alimentarias incrementaron sus ganancias en un 1300% y el complejo exportador de granos un 4900%, entre noviembre del año pasado y julio de este año. Este trabajo, entonces, “analiza las decisiones del gobierno que hicieron que sea cada vez más difícil comer bien”. Del mismo modo, identifica “tres tendencias generales: el refuerzo en la concentración del sistema agroalimentario argentino, la eliminación de toda política de apoyo a la Agricultura Familiar Campesina Indigena (ACFI), y el abandono del Estado en la asistencia alimentaria”.
Vale decir que la ACFI hacía más de dos décadas que proporcionaba apoyo técnico y financiero al sector. Como ejemplo de las políticas desplegadas por el gobierno, está la eliminación del programa Pro Huerta, con más de 30 años de desarrollo. A esto, se suma que fueron congeladas distintas iniciativas para promover los mercados de cercanía, y directamente se eliminaron programas de educación alimentaria y nutricional.
Entre otras, el trabajo subraya la creación de algunas políticas en perjuicio de la producción: Autorización de tres eventos transgénicos de soja y maíz; Implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI); Prohibición de investigaciones en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sobre temas como “cambio climático”, “sustentabilidad”, “agroecología”, “género”, “biodiversidad”, “huella de carbono” y el programa “Prohuerta”.
Por otro lado, directamente se eliminaron: el gravamen para vacas y lácteos; la Ley de Radicación de Establecimientos de Yerba Mate; el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO); la Dirección Nacional de Agroecología; la Coordinación de Agricultura Familiar del SENASA; Inscripción para biopreparados; Ley de Contratos de Elaboración de Vinos; Ley de Política Vitivinícola Nacional; Ley de Reconversión Vitivinícola; la Ley de la Corporación Nacional de Olivicultura; y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Ley de Emergencia Territorial.
Durante el período estudiado, los precios al consumidor aumentaron un 111%. “Sin embargo, la participación del productor en el precio final pasó de un 12% en marzo de 2023, a entre un 5% y un 8% en junio de 2024”, establece el informe.
En cuanto “al apoyo al consumo popular de alimentos, se eliminaron políticas comunitarias, mientras que se reforzaron presupuestariamente las políticas asistenciales de transferencia directa para grupos específicos” como AUH, AUE y el Plan de los 1000 días.
“El aumento de los niveles de pobreza e indigencia durante el primer semestre de 2024 muestran que este refuerzo de ingresos, sin embargo, fue insuficiente para neutralizar el efecto de la recesión económica”, argumenta el trabajo de la Fundación Rosa de Luxemburgo y el CELS.
“Estos cambios ya están provocando el cierre y debilitamiento de comedores y huertas comunitarias, que han reducido la cantidad de comidas, días y calidad nutricional ofrecida. Además, han dejado de recibir semillas y apoyo técnico, amenazando así las iniciativas de reconstrucción del tejido social que se articulan en estos espacios”, concluye.
