Pedagogía del vaciamiento

La “revolución educativa” que pregonó Esteban Bullrich en campaña y sigue augurando el presidente Macri, arrancó en diciembre de 2015 con el cambio de nombre del Ministerio a “Educación y Deportes”, la baja de la participación en el PBI del 6 al 3% por “error”, y el despido de 150 empleados. No parecían las soluciones para un sistema público “en crisis”, como lo definieron al asumir. En todo 2016, fueron desmantelados el Plan Nacional de Lectura, los programas de Memoria, Educación Sexual Integral, Comunidad y Convivencia Escolar y Políticas Universitarias.

La mayoría, a cargo de Ezequiel Christie Newbery, subsecretario de Gestión y Políticas Socioeducativas, sin experiencia pedagógica. Llegó desde Suiza, donde era gerente de Desarrollo de Productos de Phillip Morris.

Gerentes

El 2 de febrero de este año, bajo la injerencia del Ministerio de Modernización, funcionarios de Educación dejaron trascender que varias Direcciones Nacionales ya no existirán: todas las que apuntaban a la política pedagógica, nucleadas en la Secretaría de Gestión Educativa que lidera Max Gulmanelli, ex coordinador de la Fundación Felices los Niños, cuando la dirigía el Padre Grassi. Desaparecerán las direcciones de Gestión, de Nivel (inicial, primaria, secundaria, jóvenes y adultos), de Coordinaciones de modalidades (rural, artística, especial, en contextos de encierro) y parte de Políticas Socioeducativas (que agrupaba Orquestas y Coros, Centros de Actividades Infantiles/Juveniles, ajedrez educativo, becas para alumnos originarios y judicializados).

Cada provincia deberá decidir si quiere, y puede, implementar alguno de estos programas vaciados; lo cual choca con la Ley de Educación Nacional que establece como indelegables estas atribuciones del Estado. La idea de Bullrich es crear una Dirección Nacional de Educación Inclusiva. “Hay un corrimiento del Estado en garantizar educación de calidad. Ya sea por motivos ideológicos (subejecutando, dejando de invertir, cerrando programas); como también por una mercantilización de la educación, con grandes multinacionales que hacen de la educación un negocio, desde la venta de evaluaciones hasta contenidos –considera Sonia Alesso, secretaria general de CTERA–. En este contexto se enmarca el desmantelamiento del Ministerio. La educación se encamina, como en los ’90, a una provincialización con cada vez menos fondos. Las que puedan, sostendrán los programas, y en las otras, desaparecerán”.

Hugo Godoy, secretario general de ATE Nacional, enfatiza que el de Educación “es uno de los ministerios que más despidos produjo, y Bullrich es el ministro más reacio a establecer diálogo y búsqueda de soluciones a problemas concretos”.

Christie Newbery no es el único funcionario de esa cartera que proviene del ámbito empresarial. El asesor legal de la Secretaria de Innovación y Calidad Educativa es Manfred Hang Kuchen, un abogado que trabajó en Pegasus Capital, el fondo de inversión que maneja Farmacity y Freddo y que presidió Mario Quintana, actual coordinador económico del gabinete nacional.

Como ministro, Bullrich sabe que las palabras no son gratuitas. En septiembre, en la Patagonia, declaró que “esta es la nueva Campaña del Desierto, pero no con la espada sino con la educación”. A las pocas semanas, eliminaba la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe. Otra área desmantelada fue la Dirección Nacional de Información y Estadística Educativa. Los servidores, con todos los datos educativos del país, se trasladaron fuera del Ministerio.

Derechos

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la nómina de jóvenes alcanzados por el programa Progresar se redujo sustancialmente en los primeros seis meses de Cambiemos: de 904.950 beneficiarios en diciembre de 2015 a 723.085 a junio de 2016. Representó una quita de $132 millones, con una inflación interanual superior al 40 por ciento. Otro caso de vaciamiento es Conectar Igualdad. En 2016 –dice el estudio–, se entregaron 94.411 netbooks, lejos de cubrir a los 600 mil ingresantes del nivel secundario. Una de las proveedoras es Banghó, que anunció el posible despido de 500 trabajadores ante el reciente quite de aranceles a los productos informáticos importados. Pero el gobierno nacional no descarta la entrega de computadoras, y piensa reflotarla este año. Detrás surge la motivación por los contenidos. El plan ideado por la gestión kirchnerista en 2010 contemplaba una política educativa de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y un software libre, Huayra, en términos de “autonomía y soberanía tecnológica”. El Ministerio despidió a todo el equipo, mientras en el Foro Económico de Davos de 2016, Macri se reunía con el CEO de Microsoft, Satya Nadella, que le ofreció “Shape The Future”: paquetes de software educativo para 10 millones de alumnos, y programas de capacitación online para un millón de docentes.

Construir

La falta de inversión en infraestructura ha sido un tópico recurrente en la gestión del PRO en la Ciudad. En diez años, la inversión en educación en la Capital Federal pasó del 30 al 21% del total del presupuesto. Tras la implementación de la inscripción online y la ausencia de nuevos establecimientos públicos, 23.432 familias quedaron sin vacante en el sistema público porteño en los últimos tres años. La situación parece repetirse con el arribo de Bullrich al ministerio nacional. El año pasado, de acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Hacienda, el programa de “Infraestructura y Equipamiento escolar” invirtió $ 1.079 millones de los 2.496 presupuestados. Y “Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles” tuvo 0% de ejecución de $ 425 millones. En los primeros dos meses de 2017, claves para acelerar obras escolares, “Infraestructura y Equipamiento” invirtió sólo un 10 por ciento.

“El PRO mostró en la Ciudad parte de lo que ahora intenta implementar a nivel nacional. En lugar de invertir en construcción de escuelas, delega esta responsabilidad en ONGs a través de los Centros de Primera Infancia”, denuncia Eduardo López, secretario general de Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).

Populares y elitistas

El aumento de los alumnos en el sector privado es un fenómeno educativo, político y cultural que aumenta desde 1940, lo hizo en toda la década kirchnerista y se profundiza con la nueva gestión. Entre 2007 y 2015 la matrícula en el ciclo común de todo el país subió más del 10%, pero el sector privado lo hizo por arriba del 20. Tomando al ámbito urbano, son 7.020.667 alumnos en el sector estatal frente a 3.214.859 en el privado, que desde 2011 sumó 300 mil estudiantes.

Medios, políticos y grupos sociales sostienen que el traspaso del sector público al privado se debe a la “calidad” y a “la cantidad de paros” que se evitan. Un informe elaborado por un ex ministro de Educación de Macri, Mariano Narodowski, sostenía ya en 2013 que esa hipótesis es errónea: analizó la cantidad de jornadas con medidas de fuerza entre 2006 y 2012, las cruzó con el aumento o disminución de la matrícula privada, y no halló relación entre las dos variables. Y no hay diferencias en calidad educativa. Tanto Unesco como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –que elabora las pruebas PISA– señalan que, ante similares perfiles socioeconómicos de los alumnos, los resultados son similares en los dos ámbitos. El problema no es la escuela sino la desigualdad social.

“Que haya mejor calidad en las privadas es absolutamente discutible. La discusión no es escuela estatal versus privada, sino escuela popular versus elitista. Hay privadas y públicas que son elitistas”, remarca Mario Almirón, secretario general del sindicato de docentes de colegios privados, Sadop, que también se sumó al paro. Son 250 mil en todo el país, que cobran lo mismo que los 750 mil estatales, y que en muchos casos sufrirán sanciones. Almirón resalta la ausencia del Estado en sus tareas cotidianas: “Los controles son deficientes en todo sentido: el pedagógico, el laboral y el contable. A veces las escuelas, con su autonomía, exceden los límites, cuando son parte del sistema educativo”.

En 2015, durante el gobierno del FpV, las transferencias al sector privado “para financiar gastos corrientes” superaron los mil millones de pesos. En el presupuesto que el kirchnerismo ideó para 2016 y ejecutó Cambiemos, ese número subió a $ 1578 millones.

Para este año, el macrismo amplió el subsidio a privados a $ 2700 millones, y le agregó 88 millones para “financiar gastos de capital”, por ejemplo a escuelas católicas de Salta donde, a pesar de la ley, no enseñan educación sexual. Igual las universidades privadas: reciben del Estado 1447 millones, casi el doble que en 2016. A diferencia del transporte o la energía, esos subsidios no se discuten.

Leandro Bottinelli, sociólogo e investigador de la Universidad Pedagógica (UNIPE) cuenta que cerca del 60% de las escuelas privadas son confesionales, y de ellas tienen subvención el 82%, mientras que se subsidia al 58% de las privadas laicas. “Desde mediados del siglo XX hubo un cambio en la estructura social y en el Estado, que pasó a concebir su rol como subsidiario en educación. Hay familias que optan por este sistema por una percepción de un tipo de orden que no advierte en la escuela pública un mayor funcionamiento y previsibilidad en el calendario. Y también hay una asociación con el estatus social, algo aspiracional”.

Meritocracia

El aula del siglo XXI sufre modificaciones aceleradas y profundas. Especialistas que proponen que haya más de un docente por aula, atentos a un contexto de mayor pobreza, desocupación y familias ensambladas, con temas como la violencia de género, los derechos humanos y el bullying, que no pueden silenciarse. Y la tecnología es otra brecha a saldar. De acuerdo a una encuesta del Ministerio, publicada en 2016, menos de la mitad de los docentes cree sentirse capacitado para el uso de las TICs en la enseñanza.

Desde un primer momento el gobierno puso la mira en el concepto de calidad educativa. Pero adoptó una postura empresarial, similar al modo en que se evalúa a los niños en las PISA, de manera estandarizada, sin tener en cuenta contextos ni carreras pedagógicas: propone “medir” a los maestros y a las escuelas. Las “mejores” podrán tener más presupuesto. En paralelo, subyace la idea de que la paritaria vaya atada a la “calidad” de los resultados obtenidos. En noviembre, ante la Unión Industrial Argentina, Bullrich se presentó: “No les hablo como titular de la cartera educativa sino como gerente de recursos humanos”.

Afirma López que la calidad educativa para el macrismo se reduce a lo que es medible en pruebas estandarizadas: “Es una concepción neoliberal de la educación: no se centra en los sujetos de derechos, libres, sino en las demandas de las empresas para tener mano de obra barata o consumidores acríticos”.

El gobierno impulsa la creación del Instituto de Evaluación de la Calidad Educativa. Lo curioso es que el programa “Mejoramiento de la Calidad Educativa” ejecutó en 2016 apenas el 4% de sus $ 1858 millones presupuestados. En 2017, el programa sufrió un recorte del 85%: le asignaron apenas $ 273 millones. Y en diciembre quitaron cursos de capacitación virtuales que daba el Estado en el programa “Nuestra Escuela”, sobre todo los que abordaban Derechos Humanos, con temas como pensamiento pedagógico latinoamericano (de Freire a Sarmiento) y Terrorismo de Estado.

La persecución

Fue la misma estrategia utilizada en la protesta de científicos. Se inicia en las redes, con ataques de los llamados “trolls” oficialistas, y luego lo toman los medios hegemónicos para fabricar la noticia. En este caso, el blanco fue Roberto Baradel, titular del Suteba, con quien eligieron personalizar el conflicto como un “rival” y cuya formación llegaron a cuestionar. Aunque no se plantearon la falta de carrera docente de Bullrich, licenciado en Sistemas con un máster en Administración de Empresas.

El eje fue el fin de la paritaria nacional –que se hacía de forma ininterrumpida desde 2008– y la propuesta de la Provincia de un aumento en negro equivalente a cuatro kilos de pan. En el medio surgió la campaña mediática de los “voluntarios”. “Me da vergüenza. Mi título me habilita para ser docente, no iría a ocupar el cargo de un médico; sí lo apoyaría en sus reclamos”. No lo dijo ningún sindicalista criticado por el gobierno, sino Mónica Machuca, la maestra de Rosario de la Frontera (Salta), citada como ejemplo por Macri en su apertura de sesiones.

“Lo de los voluntarios fue una propaganda del oficialismo, ilegal. Una gran cortina de humo para tapar el verdadero motivo que es desinvertir en educación, incumplir la ley y desfinanciar al sistema”, asegura Alesso.

Aprendí a ser…

El 21 de octubre de 2016 se desarrolló en Corrientes la jornada “Neuroeducación, un puente para enseñar y aprender”. Así se convertía en la primera provincia que ponía en práctica el convenio firmado entre el Ministerio de Educación nacional y el Instituto de Neurología Cognitiva (Ineco), fundado y liderado por Facundo Manes, el neurocientífico asesor de María Eugenia Vidal y posible candidato en las elecciones de este año por Cambiemos. Su injerencia en las políticas educativas es cada vez más profunda.

A mitad de noviembre del año pasado, el Ministerio anunció un proyecto promovido por Ineco: modificar el modo en que se enseña a leer y escribir. Proponen la “conciencia fonológica” como metodología. Enfocada en la oralidad, busca asociar sonidos y letras, de manera conductista. Desde hace décadas impera el paradigma psicogenético, con una línea de alfabetización constructivista en la que los niños aprenden luego de enfrentarse con distintas experiencias culturales de escritura, como estímulos. La secretaria de Innovación y Calidad Educativa, Mercedes Miguel, le confirmó al diario La Nación: “Estamos trabajando con Ineco en qué tienen las neurociencias para decir sobre cómo aprende el cerebro”.

“Volver a cargar las tintas sobre el cerebro es peligroso”, advierte Mirta Gloria Fernández, profesora y licenciada en Letras, magíster en Análisis del Discurso (UBA). La experta en Lectura y Escritura de Unesco acota: “La conciencia fonológica es una etapa de la lectura, no puede transformarse en una teoría. Es empobrecedor. Para enseñar a leer y escribir necesitamos una mirada cultural que haga acopio de las experiencias con los otros y con los diversos materiales al alcance del niño. En Chiapas, los campesinos aprendieron a leer y a escribir para defender sus derechos. Los grupos humanos leen y escriben por necesidad, no por imposición”.

Esta nota forma parte de la cuarta edición de la Revista T. La podés conseguir en kioscos.