Parques Nacionales SA, dirigido por CEOs y con recortes presupuestarios

Por: Gustavo Sarmiento

La plana mayor se nutre de gerentes de marketing y desarrolladores inmobiliarios. Pidieron un relevamiento de inmuebles. Menos plata para conservación de la biodiversidad y para el plan de manejo del fuego.

Comienza una nueva temporada turística, pero los Parques Nacionales (visitados por millones de personas cada año) aún esperan su «segundo semestre». Ahora los manejan CEOs que provienen del mundo privado –especialmente el inmobiliario–, y que ejecutaron la mitad del presupuesto asignado para 2016. Y el año que viene habrá menos fondos destinados a biodiversidad.

Desde el 25 de enero, la Administración de Parques Nacionales (APN) tiene de presidente a Eugenio Bréard. Sus antecedentes no se relacionan a lo ambiental: trabajó en la Corporación Antiguo Puerto Madero SA, dedicada a proyectos urbanísticos, y durante 25 años en Philip Morris Internacional. (Su ex colega Ezequiel Christie Newbery, al frente de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación, también llegó desde Desarrollo de Productos de la tabacalera).

Cada ministerio que interviene en Parques designa un vocal. La cartera de Turismo nombró al licenciado en Administración de Empresas de la UCA Roberto Brea, que viene de ser directivo en Grupo Inmobiliario Ayres, y presidente de Laboratorios Andrómaco. Ambiente nombró a Pablo Galli, ex presidente de la Asociación Argentina de Marketing. Defensa designó al arquitecto Gerardo Bianchi, que estuvo a cargo de la Dirección de Obras en Parques Nacionales entre 1980 y 1992 y, según ATE, debió irse por maniobras fraudulentas. Sólo el vicepresidente de APN, Emiliano Ezcurra, cuenta con formación ambiental. Proviene de Greenpeace y en 2008 creó la Fundación Banco de Bosques. Por último, el vocal designado por el Ministerio de Interior es Mariano Florencio Grondona. El hijo del periodista es miembro fundador de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Argentina y también socio fundador del Estudio Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz.

Un par de meses atrás, los administrativos en la sede central de la APN recibieron con sorpresa una normativa del directorio, que los instaba a relevar los inmuebles con los que cuenta Parques en zonas urbanas (Iguazú, Bariloche, San Martín de los Andes). Sin más detalles. “Estamos en alerta por el perfil de quienes manejan Parques, muchos vienen de corporaciones inmobiliarias. Piden esto, impulsan una megadirección de obras que concentrará todo. Es un combo que nos preocupa”, expresa Fabio Romanella, de la Junta Interna de ATE Parques.

“La actual gestión destrabó algunos temas gremiales pero desconoce absolutamente la política ambiental y particularmente la de conservación de la biodiversidad. Seguimos en problemas”, resume Ana Mattarollo, que trabaja en el área de Conservación. Su parecer se traduce en números: la APN gastó sólo 729 de los 1276 millones presupuestados para este año. “Conservación de la Biodiversidad” tiene una ejecución del 3,8%; “Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos”, un 8,5%; “Infraestructura en Áreas Naturales Protegidas”, 0,82% (apenas 260 mil pesos). Para 2017 se prevé duplicarán el monto en infraestructura, pero “Conservación de la Biodiversidad” bajará de 24 a 18,9 millones. Las autoridades de APN también esperan menos visitantes: prevén bajar de 3.853.887 a 3.540.829 personas. Los parques que más sufrirán el ajuste son de la Patagonia. Los Glaciares (Santa Cruz) pasará de 37,7 millones a sólo 14,7 millones de pesos.

Guardaparques en alerta

En Los Alerces, la vida de Benjamín gira alrededor de su casa de guardaparque, llamada “seccional”. Cada Parque es tierra federal, como una provincia con sus propias normas. “Los cargos deben renovarse cada cuatro años, pero desde 2006 no se concursan”, remarca Benjamín, y aclara que la vida en esas casas de madera rodeadas de naturaleza no es tan idílica como piensan los turistas. Sin internet ni señal de celular, su única vía de comunicación es la radio. Se sienten aislados o, a decir suyo, «olvidados». Piden un «plus por lugar». Hoy, si trabajan en la sede central o en una seccional aislada cobran lo mismo, menos de 20 mil pesos. Y si sucede algo en el Parque son los máximos responsables. Ocurrió en enero en el Lanín, con la caída de un árbol que mató a dos niños. Dos guardaparques fueron imputados.

Luciana se aloja en la seccional a orillas del Lago Lácar. El Parque Lanín abarca 417 mil hectáreas. Ella sola tiene a cargo 11 mil, por eso su mayor inquietud es la falta de vehículos. Su camioneta lleva un mes en arreglo: “Algunas actividades las hago a caballo, otras caminando, se hace lo que se puede”. Ocupa sus días en fiscalizar las concesiones, concientizar turistas o controlar en el registro de visitantes que nadie se pierda. Los trabajadores del Nahuel Huapi exigen que se declare la emergencia administrativa, operativa e institucional: “El deterioro viene de hace décadas. El estado del 60% de los vehículos terrestres y del 40% de las embarcaciones es irrecuperable.”

Apenas un 25% de los 1855 trabajadores de la APN son profesionales. El área de Capacitación y Formación tiene sólo el 10% de ejecución y la única escuela oficial de formación de guardaparques (en Embalse, Córdoba) no recibió este año nuevos estudiantes. Al igual que en Educación y Salud, la injerencia del Ministerio de Modernización en Recursos Humanos de la APN es total. El Jefe de Gabinete de Parques, Santiago Montanaro, proviene de Modernización de Ciudad. Y en la Resolución 240 de septiembre, el Ejecutivo Nacional advierte que para futuras designaciones de personal, Parques deberá requerir “intervención previa» a Modernización para que «emita opinión en la materia”.

Cómo apagar el incendio

De cara a posibles incendios en el verano, el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, recomendó “rezar”. Pero el Sistema Federal de Manejo del Fuego lleva más de 100 millones de pesos sin utilizar este año. Y en 2017 sufrirá otro recorte. Pasará de los actuales 266 millones de pesos a 238,6. Los brigadistas son el sector peor pago y más precarizado de la APN. Cobran 5000 pesos menos que los guardaparques y este año no tuvieron capacitación. Sí la recibieron efectivos de Gendarmería y Fuerzas Armadas: “Se han ido metiendo en lo que son incendios forestales. El Ejército tiene otra forma de abordar las cosas”, subraya Ignacio Formea, brigadista en el Lanín hace diez años. Son 270 brigadistas en todo el país para 4,5 millones de hectáreas. Pero en el Lanín, con el volcán de 3763 metros como protagonista, se vuelven rescatistas. El jueves tuvieron una evacuación. Mientras, las señales de la naturaleza no ayudan. Para esta temporada prevén abundantes sequías. “El 80% de los incendios forestales son generados por causas humanas”, advierte Formea. Aún recuerda cuando hace tres años se quemaron 7000 hectáreas de araucarias. Ahora los brigadistas son los encargados de transportar las plantas cuesta arriba, para regenerar el ambiente destruido. En una sola hectárea quemada ya colocaron 800 plantines nativos. Este año –se lamenta– ya aparecieron los primeros incendios: “Estamos preocupados por la falta de personal. El fuego se empieza y se termina con la pala, puede haber muchos aviones que faciliten el trabajo, pero es con gente en tierra que se apaga.” «

Mariano Grondona (hijo), vocal

La web de Parques Nacionales señala que el vocal Mariano Florencio Grondona (hijo) es abogado, pero no detalla que trabajó para el estudio Klein & Mairal. Su máxima figura, Guillermo Walter Klein, fue secretario de Programación y Coordinación Económica del ministro de Economía de la última dictadura cívico–militar, José Alfredo Martínez de Hoz. Ambos encararon la estatización de la Compañía Italo-Argentina de Electricidad por casi 400 millones de dólares, a poco de vencer el acuerdo por el que la firma pasaba a manos públicas sin abonar un solo peso. Días antes del golpe, el fiscal Edgar Sá había evaluado que la Italo no valía más de U$S 35 millones. El anterior trabajo de Grondona en la función pública fue como síndico y miembro del directorio del Banco Central de la República en 1991, cercano a María Julia Alsogaray y Raúl Moneta, a quien se lo emparentó con la “estafa de la financiera”: Finvercon, vinculada a Grondona en términos de asesoría legal, vendió al Banco de Previsión Social unos U$S 52,6 millones morosos del Instituto de Obra Social del Ejército (IOSE), lo que motivó una denuncia penal. Grondona estuvo involucrado en otra maniobra polémica: entre 1994 y 2001, el Estado vendió por 3,5 millones de dólares terrenos que valían 12 veces más, a 50 propietarios de Barrio Parque, entre los que estaba él. El principal favorecido fue Gianfranco Macri, hermano del presidente Mauricio.

Ley de Humedales hecha a medida

En febrero, el presidente Mauricio Macri aseguró que elevaría al Congreso una Ley de Humedales: “Tenemos que cuidar esto que es tan valioso para nuestro país, desde la Laguna de los Pozuelos, en Jujuy, pasando por los Esteros del Iberá”. Sin embargo, organizaciones ambientales denuncian que Cambiemos presentó fuera de término, a través del senador Alfredo de Angeli, una iniciativa que promueve actividades productivas en áreas protegidas: “Avala impactos significativos sobre humedales y permite que esos daños sean ‘compensados’ de manera artificial”, dice Greenpeace. Para la ONG, pretende “beneficiar a los proyectos inmobiliarios y agropecuarios que avanzan sobre los humedales”.

La primera área marina, desprotegida

Un área directamente no fue ejecutada en este 2016: “Conservación y Promoción del Área Marina Protegida Namuncurá–Banco Burdwood”, que responde a Jefatura de Gabinete. Es una meseta submarina ubicada al sur del Mar Patagónico, de 34 mil km2 de alta biodiversidad y vulnerabilidad a los cambios ambientales. Se trata de la primera área marina protegida oceánica dentro de la zona económica exclusiva de la Argentina. Su aprobación por ley en 2013 permitió elevar la protección del Mar Argentino a más de un 4 por ciento. Es la estrella de la iniciativa de investigación y desarrollo marítimo «Pampa Azul», anunciada en abril de 2014 por Cristina Fernández de Kirchner. Pero de los $ 103,63 millones que tuvo asignados Namuncurá para 2016, la Nación no ejecutó un solo peso.

Ana Di Pangracio, directora adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, pide por la reglamentación de la ley que en 2014 creó el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas: “Es importante que se designe como autoridad de aplicación a la Administración de Parques Nacionales y sume la gestión no sólo de áreas terrestres, que tiene hace años, sino también las marinas.”

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