En febrero de 1975, con siete meses de gobierno tras la muerte del General, María Estela Martínez de Perón ordenó el uso del Ejército en tareas represivas, un hecho que tendría implicancias decisivas y trágicas para nuestro país. El decreto secreto 261 lo habilitó. Arrancaba lo que luego se conoció como “Operativo Independencia”.
La normativa establecía: “el comando general del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”. Debían «destruir el foco guerrillero» instalado algunos meses atrás en la provincia del norte argentino por el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), una organización político–militar marxista, El Operativo comenzó al mando del general Adel Vilas, aunque en diciembre de 1975 asumió su control el general Antonio Bussi. Se estima que de esta acción de exterminio participaron unos 5000 efectivos de seguridad, entre el personal del Ejército al que se le sumaron integrantes de la Policía provincial, la Policía Federal y la Gendarmería.
En el marco del Operativo se desarrolló una gran cantidad de prácticas criminales como secuestros, ejecuciones, torturas en centros clandestinos de detención y desaparición de los cuerpos de las víctimas. Eran las bases de lo que luego vendría a nivel nacional. Los militares pusieron su atención sobre los militantes que se encontraban en las zonas urbanas y las operaciones en las zonas rurales.
La operación militar se desplegó también en los colegios, en la Universidad Nacional de Tucumán, en diversas iglesias y hasta en los sindicatos que se presentaban como los más combativos. El Ejército se propuso ganar para la causa propia a la población rural, sobre todo de las regiones donde operaba la compañía del PRT–ERP. Junto con representantes del Ministerio de Bienestar Social, al mando de José López Rega, crearon centros asistenciales, desarrollaron campañas sanitarias, realizaron repartos de alimentos y materiales escolares, con ayudas económicas a ciertos sectores.
Las fuerzas comprometidas en el Operativo ocuparon la capital de la provincia y las zonas rurales cercanas, evitando adentrarse en el monte. Alrededor de él bloquearon la llegada de armas, medicamentos y demás elementos desde la ciudad hasta donde se encontraban los guerrilleros, dejándolos aislados. Mientras, comenzaban las detenciones. Cayeron obreros, docentes, militantes, estudiantes.
Para fines de 1975 solamente quedaban activos tres pelotones al tiempo que los guerrilleros perdían combatientes en los descensos a la ciudad y las emboscadas en el monte. Esto se profundizaría luego del golpe de marzo de 1976 hasta la destrucción de la compañía revolucionaria al año siguiente. La masacre ya era a gran escala a través del Terrorismo de Estado. En septiembre de 1977, el gobierno militar escenificó en Tucumán la “victoria en la guerra contra la subversión”.
La orden de “aniquilarla” fue extendida a todo el territorio nacional a partir de octubre de 1975 con el decreto 2772 que afirmaba: “las Fuerzas Armadas bajo el Comando Superior del presidente de la Nación procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”. Idéntico al primer decreto, pero en este caso ya no hablaba de Tucumán. Ahora era general. Ese mes el Consejo de Defensa emitió la Directiva N° 1/75: «Lucha contra la subversión”. Ordenaba a las fuerzas militares y de seguridad “aniquilar los elementos constitutivos de las organizaciones subversivas a través de una presión constante sobre ellas”. Estas normativas incorporaban el concepto de “aniquilamiento”, proveniente del vocabulario militar y referente en ese contexto al exterminio físico del enemigo.
En un marco interno de grave crisis económica, conflictividad política, actuación de las organizaciones armadas, represión y violencia política paraestatal se produjo el derrocamiento de Martínez de Perón, el 24 de marzo de 1976. Era ineludible el peso de las FF AA en ese desenlace. La intervención sistemática del actor castrense en la política explica una parte de la historia. Sin embargo, historiadores/as como Marina Franco advierten sobre la necesidad de incorporar al actor político-civil al análisis. La crisis final del orden democrático a mediados de los ’70 fue también el corolario de un proceso de destrucción del Estado de derecho promovido a través de medidas de excepción por un gobierno constitucional.
Tucumán: el tubo de ensayo del genocidio
«Tucumán fue el tubo de ensayo del genocidio, que tuvo por objetivo el terror y el disciplinamiento de la población a partir de secuestros y torturas, llevados adelante a plena luz del día, en centros clandestinos de detención que funcionaron en todo tipo de instituciones y edificios públicos y privados», remarcó Julia Vitar, abogada de familiares y víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en esa provincia.
El 9 de febrero desembarcaron 1500 soldados en la Comisaría de Famaillá, para “combatir a la guerrilla instalada en el monte”. Las fuerzas se instalaron principalmente a lo largo de la Ruta 38 y la población civil quedó dentro del territorio militarizado. “La Escuelita” de Famaillá, que en ese entonces era una escuela cuya construcción no había sido terminada, fue la sede del primer centro clandestino de detención del país. Allí estuvieron secuestradas 3000 personas, dando inicio a la represión clandestina que se haría sistemáticamente en el país a partir del golpe del 24 de marzo de 1976.
Quien encabezó el Operativo fue el general Domingo Bussi. Luego designado interventor de Tucumán los primeros años de la Dictadura. En los ’80 se lo condenó por múltiples delitos de lesa humanidad. Pero resultó favorecido por la Ley de Punto Final. A tal punto que se presentó a gobernador de Tucumán en 1995. Y ganó. En 1999 obtuvo una banca en Diputados, pero el Congreso lo rechazó. Nueve años más tarde sería condenado con sentencia firme a cadena perpetua, nuevamente, por los delitos de lesa cometidos en los años ’70. Murió con prisión domiciliaria tres años más tarde.
