Organizaciones socioambientales advierten que la normativa para evitar estos hechos abunda, pero no se cumple.
El trágico alud tuvo repercusión nacional y las imágenes de las habitaciones del hotel invadidas por barro se viralizaron. Pero el hecho no causó sorpresa a nivel local, donde ya hubo otros aludes (sin víctimas fatales) y donde las organizaciones socioambientales advierten que, si continúa el avance de emprendimientos inmobiliarios en detrimento de bosques, “va a volver a pasar”.
Así lo dijo Marcos Ferrero, referente de la ONG Árbol de Pie, abocada a la defensa de los bosques en la zona desde hace 15 años. “No es el primer alud en Bariloche. Es el primero con muertos. Por eso explotó mediáticamente. Y va a volver a pasar mientras las normativas no se apliquen”, sostuvo.
El especialista remarcó que “sobran las normativas” que permitirían evitar la tala indiscriminada, el desmonte, el avance inmobiliario sobre zonas boscosas que requieren protección. Y enumeró: “Desde la Ley general de Ambiente, Ley de Bosques Nacional, a nivel municipal tenemos el mapa de bosques protectores terminado en 2015 y nunca aplicado. No es casualidad esto. No es que los ejecutivos se olvidaron. Hicimos denuncias, notas al Concejo Federal de Medio Ambiente. Hay lobbys muy poderosos inmobiliarios”.
En diálogo con Tiempo, Ferrero detalló que en 2004 la Municipalidad firmó un acuerdo con el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) para confeccionar una guía de peligros geológicos en la zona, establecida con la ordenanza 1640/06 para el ordenamiento territorial de la ciudad. Por caso, el estudio apuntó que el cerro Otto “tiene una alta peligrosidad de remoción en masa, lo que pasó en Villa Huinid”. Y añadió: “Sin embargo, se sigue urbanizando. No solo con pequeñas casas, sino incluso con proyectos de barrios privados”.
Otro estudio, en 2008, recomendó que esos sectores fueran declarados ‘bosques protectores’, cuya función es “proteger de la erosión los territorios para evitar aludes”, como indica la ley nacional de riqueza forestal. Al año siguiente se promulgaba la Ley Nacional de Bosques, después de más de un año de sancionada. “Lo que obligó a promulgarla fue lo que pasó en el río Tartagal –recordó Ferrero desde Bariloche- Por el desmonte previo en Salta, un gran alud se llevó una buena parte de la ciudad aguas abajo. Por el costo político se promulgó la ley y a partir de ahí las provincias lo fueron tomando”. Río Negro lo hizo en 2010.
“Se hizo rápidamente el primer mapa de la provincia. El de Bariloche es vergonzoso. Gran parte está en blanco, sin ningún tipo de protección”, definió el referente de Árbol de Pie. Por presión de las organizaciones, en 2015 estuvo listo un nuevo mapa, peleado y consensuado. Sin embargo “el Ejecutivo provincial lo congela. No lo mandan a Legislatura. Desde febrero de 2015 no tenemos mapa de bosques. El único oficial es de 2010, y la zona del alud estaba en blanco”, señaló Ferraro. Allí, “los 432 cipreses que se talaron en el lugar para hacer el hotel no se reforestaron pese al acuerdo previo. La Municipalidad no controló y la empresa no solo no reforestó sino que hizo otra obra en el mismo lugar: fue la que se cayó”.
La situación no sólo se da en Bariloche. Semanas atrás y luego de más de una década de reclamos, la Justicia comenzó a darles la razón a quienes militan en defensa del agua en la zona de la Comarca Andina del Paralelo 42 y en contra del llamado “Nordelta Patagónico”, un mega proyecto inmobiliario vinculado al magnate Joe Lewis. Dos fallos en menos de un mes consideraron inválidas las aprobaciones municipales y provinciales para su avance. “Es comparable y está asociado” a la situación barilochensse, consideró Ferrero.
Un alejamiento llamativo
El lunes a última hora, el intendente Gennuso informó sobre el alejamiento del jefe de Gabinete Marcos Barberis de su gobierno. Como consignó el diario Río Negro, se trata del funcionario que -dos días después del alud que mató a tres turistas de Uruguay- confirmó que los inspectores municipales habían ordenado paralizar la obra en Huinid.
Concretamente, Barberis fue el único funcionario municipal que declaró ante la prensa que el 25 de octubre de 2021 el área de Obras Particulares había ordenado “paralizar la obra” donde se produjo el alud fatal. El freno se debía a que si bien el proyecto original aprobado en 2013 habilitaba una construcción de 950 metros cuadrados para la edificación de un SUM, se había detectado en la inspección una ampliación en la cantidad de metros construidos que no había sido informada.
Luego, Gennuso consideró que esas declaraciones habían sido “inoportunas”, porque el tema estaba judicializado. Así lo dijo ante FM Bariloche, y agregó que “quizás en medio de la situación, donde el personal técnico del Municipio de Planta quería que se diga algo ya que las actuaciones que habían hecho para ellos son pertinentes, hubo una comunicación que nunca se debería haber hecho”. Quien la hizo quedó al margen de la gestión.
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